Tras el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional del punto sobre reincorporación del Acuerdo de Paz, diferentes actores que participaron del proceso de negociación entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc se han pronunciado al respecto. Entre ellos, los países garantes que acompañaron los cuatro años de diálogo.
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“Los garantes de Cuba y Noruega hemos conocido del fallo del pasado 27 de enero de la Sala Plena de la Corte Constitucional declarando el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de cumplimiento e implementación del componente de garantías de seguridad a favor de los excombatientes. Conforme con el pedido de la Corte Constitucional, instamos a que se cumpla lo acordado para que con medidas realmente efectivas se detenga el alarmante número de asesinatos de exguerrilleros y se garanticen sus derechos”, se lee en el breve comunicado que firmaron Eugenio Martínez Enríquez, director general América Latina y el Cariba Minrex-Cuba, y Jon Otto Brodholt, representante especial del Reino de Noruega.
Otros participantes del proceso de paz, como los excombatientes, también hicieron sus comentarios, exigiendo las garantías de protección para los firmantes. “Es una decisión importante a favor del Acuerdo de Paz y su implementación es una prueba irrefutable del fracaso de la paz con legalidad. Esta declaración de la Corte prueba que el Gobierno omitió la normativa constitucional”, dijo Pastor Alape, delegado del Partido Comunes en el Consejo Nacional de Reincorporación.
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Otros como Victoria Sandino manifestaron que el fallo de la Corte no es más que una refrendación a lo que como excombatientes han sostenido durante el gobierno Duque: “En Colombia hay un incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz”.
También el senador Roy Barreras, que tuvo una participación activa dentro del proceso de paz, interpretó la decisión de la Corte como un mensaje para el Gobierno actual y lo venideros: “el Acuerdo de Paz es parte de la Constitución y no se puede hacer trizas la paz, y mucho menos incumplirlo”.
A través de ocho tutelas, los firmantes de paz pidieron que se declarara el estado de cosas inconstitucional sobre el punto del Acuerdo que exige las garantías de protección para los desmovilizados. Desde la firma de los textos de La Habana, más de 270 excombatientes han sido asesinados.