Paro camionero le pasó factura política a Petro y le frenó su acuerdo nacional

Un paro de trasportadores que se desplegó en 19 departamentos está impidiendo el avance del plan legislativo que preparaba el Gobierno de Gustavo Petro para esta semana. Con la mirada dirigida hacia los 107 municipios que viven las afectaciones del descontento de los camioneros, de acuerdo con la Policía Nacional, lo que constituye el primer gran bloqueo ciudadano que enfrenta el mandatario generó malestar en la Casa de Nariño y atrasó la radicación de la reforma a la salud y la puesta en marcha del acuerdo nacional. De hecho, los detalles de este último se iban a revelar este miércoles, pero todo se aplazó hasta nuevo aviso.

Un paro de trasportadores que se desplegó en 19 departamentos está impidiendo el avance del plan legislativo que preparaba el Gobierno de Gustavo Petro para esta semana. Con la mirada dirigida hacia los 107 municipios que viven las afectaciones del descontento de los camioneros, de acuerdo con la Policía Nacional, lo que constituye el primer gran bloqueo ciudadano que enfrenta el mandatario generó malestar en la Casa de Nariño y atrasó la radicación de la reforma a la salud y la puesta en marcha del acuerdo nacional. De hecho, los detalles de este último se iban a revelar este miércoles, pero todo se aplazó hasta nuevo aviso.

“Ya sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial, en inglés se llama lock-out. Siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en el gobierno pasado”, detalló el presidente en una alocución en la noche del miércoles.

En esa misma línea estuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ya había dicho que “pareciera ser que hay sectores radicales dentro de los manifestantes que estarían más interesados en mantener un conflicto que en encontrar soluciones”.

La noche anterior, el mininterior y el presidente duraron varias horas concretando las que serían las bases de un acuerdo nacional que no pudo anunciarse en su totalidad por la crisis que se desató con el paro camionero. Incluso, es tal el costo político que ha tenido, que se le desarmaron no solamente este, sino otros planes en la agenda legislativa delineada para esta semana: entre ellos, la discusión de la reforma laboral en la plenaria de Cámara y del proyecto del presupuesto 2025.

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En medio de ese freno, lo que iba a ser un gran decálogo terminó convirtiéndose en un esboce escueto de tres puntos, delineados por el funcionario en un foro del Mininterior con la Revista Cambio, que no se apartan mucho de lo que ya había dicho en el pasado: reducir la violencia y la confrontación verbal; instar a todos los partidos para que se comprometan a un pacto político; y cumplir con lo detallado en el Acuerdo de Paz. Aunque reconoció que no todos en la administración están tan conformes con ese plan.

“Hay sectores del partido del gobierno, que les ha costado trabajo entender que no ganaron en primera vuelta, no ganaron de una manera contundente, no ganaron las mayorías en el Congreso, y entonces se tienen que pactar también las reformas. Yo creo que hay que mantener la lucha de las reformas, pero entendiendo que se tiene que consultar con muchos sectores”, señaló el ministro.

Mientras tanto, los congresistas del oficialismo esperan un encuentro para poder saber la minucia de lo pactado. Como le contó la senadora María José Pizarro a El Espectador, están esperando “la propuesta metodológica del Ministerio del Interior” sobre esta cuestión y añadió que buscan conocer “quiénes estarán sentados sobre la mesa para concretar, para darle una ruta cierta al acuerdo nacional en los próximos dos años”.

Pero hablar de una propuesta así en medio de un paro resulta rocoso para el Gobierno. Desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Ricardo Bonilla, cuestionado además por presuntamente hacer parte de la red de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha tenido que defender un alza de $1.904 en el galón del acpm para tratar de saldar la deuda que había surgido en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) después de que el valor estuviera congelado por 56 meses.

Más allá de eso, ha tenido que librar una lucha por el control de la narrativa frente a la crisis de transportadores, en la que el mismo presidente ha acusado a sus participantes de estar siendo controlados por los grandes empresarios del transporte. Sus comentarios le han valido no pocas críticas, pues la oposición fue rápida en recordarle que quien hace unos años defendía tomarse las calles para protestar por el aumento de los combustibles, ahora está buscando otra ruta para justificar su rechazo al paro.

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Señalaron que, en 2018, Petro había aplaudido las manifestaciones multitudinarias en París, Francia, tras el incremento en el precio de la gasolina, cuando apuntó que “¿acaso dicen que interfieren el tráfico o que son vándalos?”. Para el 2021, había criticado la decisión de judicializar una protesta social del entonces fiscal Francisco Barbosa: “estamos ante un delito y abuso de poder de un funcionario público”. Pero este martes, mantuvo el silencio frente a la decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo sobre la apertura de una indagación por 36 bloqueos que se adelantan en vías públicas y corredores viales.

“El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel”, afirmó el presidente este lunes, cuando comenzaron oficialmente los bloqueos en las vías.

A eso se suman los llamados que han hecho mandatarios locales para usar la fuerza para disuadir las concentraciones de los camioneros. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instó al Gobierno a decidirse entre “[aterrizar] el diálogo en una solución concreta para levantar los bloqueos en todo el país o [dar] la instrucción nacional de intervenir con la fuerza pública para recuperar la movilidad”. Incluso, el gobernador antioqueño, Andrés Julián Rendón, estuvo en un Puesto de Mando Unificado en el que dio la instrucción de tomar las medidas necesarias para que no haya desabastecimiento en Antioquia.

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La situación se complica cuando se tiene en cuenta que los manifestantes no cederán a menos de que se tumbe el decreto que permitió este aumento inicial. Además, a los participantes iniciales también se sumaron conductores de buses, conductores de aplicaciones de transporte y motociclistas este miércoles.

La Casa de Nariño, no obstante, mantiene su línea: no están dispuestos a ceder frente al aumento decretado, aunque reconsideraron próximos aumentos. Es decir, se mantiene el alza de $1.904, pero no se hará un incremento similar a corto plazo. Además, estos solo se harán después de concretar el camino a tomar en mesas de diálogo.

“Esperamos avanzar hoy en las conversaciones. Hay un despliegue, obviamente, de nuestra Policía Nacional, de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en los puntos de bloqueo más graves en toda Colombia. Aquí en Bogotá ayer se levantaron unos bloqueos sin intervención de la Policía. La Defensoría del Pueblo está haciendo una tarea muy importante de mediación en muchos sectores de bloqueo”, señaló el ministro este miércoles. Y agregó que “el Gobierno privilegia la acción del diálogo, privilegia la concertación, privilegia el respeto obviamente a los derechos humanos, pero les pide a los camioneros que respeten los derechos de los demás”.

Aunque con un enfoque de acción dirigido hacia las calles y las vías, el Ejecutivo tampoco podrá descuidar el Congreso. Este miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), tuvo su primera reunión con el presidente. El jueves se espera que llegue el presidente del Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), el que en su presidencia de la colectividad logró que pasara de ser bancada de Gobierno a la independencia y quien ha sido claro en su oposición a algunas de las iniciativas del Gobierno.

Siendo así la situación en el frente legislativo, de puertas para adentro los dos bandos en la Casa de Nariño todavía tienen ciertos roces y el acuerdo nacional no sería bien recibido por todos los que integran el Gobierno. La llegada de Cristo también terminó por ahondar esas diferencias, pues el ala más radical del Ejecutivo cuestiona que no haya sido una figura clave en el proyecto del progresismo.

Aun así, algunas bancadas han aplaudido la llegada de Cristo, asegurando que tiene un diálogo más abierto con los partidos. Pero en la oposición, el Centro Democrático no está dispuesto a ceder, razón por la que ha rechazado un nuevo encuentro con el Ejecutivo, llamándolo “estéril”. Después de un acuerdo hundido para la reforma a la educación en la Comisión Primera del Senado, varios congresistas quedaron advertidos sobre lo que podría pasar con consensos logrados, sobre todo con la posterior salida de la ministra de Educación, Aurora Vergara.

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“Dejó el ambiente enrarecido en el Congreso para hablar de acuerdos”, aseguró la senadora Paloma Valencia en el foro.

Mientras trata de solucionar la cuestión del paro, ya tuvo una derrota en el Legislativo, que rechazó las objeciones que hizo al proyecto que buscaba volver a implementar el Día sin IVA y que atrasó el segundo debate de la reforma laboral en la plenaria de Cámara que estaba programado para este miércoles. A eso se suma que para uno de los puntos clave de ese acuerdo nacional, el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, no pudo, según lo reconoció el mismo Cristo, concretar todos los consensos necesarios.

“El acuerdo es la posibilidad de que entre todos nos reconozcamos en la diferencia. Yo creo que aquí no estamos construyendo profundos consensos porque también tenemos que entender cuáles son nuestras diferencias”, le dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a El Espectador.

Todo este panorama se da en momentos en los que el mandatario sortea una crisis con una desaprobación de 66 %, de acuerdo con última encuesta Invamer, y empieza a marcar el pulso que se dará para las elecciones de 2026. Por el momento, su posición parece ser inamovible y se mantiene en que no echarán para atrás el aumento del precio del diésel. Sin embargo, en las próximas semanas tendrá que enfrentar el costo político de una decisión que causaron que más de la mitad de los departamentos del país vivieran las consecuencias de vías bloqueadas.

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