Paro nacional, la prueba de fuego para Santos

En momentos en que las encuestas muestran la más alta desaprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz de La Habana atraviesa aguas turbulentas que hacen imposible concretar un acuerdo definitivo para el 23 de marzo, Colombia vivirá este jueves una jornada nacional de paro convocada por las principales centrales obreras y diversas organizaciones sociales. Las motivaciones de la protesta son de toda índole y están plasmadas en una carta pública que le fue enviada al primer mandatario la semana pasada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), Dignidad Camionera, Dignidad Agropecuaria, la Cumbre Agraria, el movimiento ciudadano E-24, los pensionados, entre otros.

En la misiva hablan de la imposición de un salario mínimo que ya perdió su valor ante el alto costo de la canasta familiar, de la venta de la generadora de energía Isagén, del escándalo de la Refinería de Cartagena (Reficar), de los anuncios sobre una inminente reforma tributaria, de las liquidaciones de Caprecom y Saludcoop, del incumplimiento de los acuerdos con los pensionados y los trabajadores en torno a reducir los aportes en salud y restablecer el pago de los recargos nocturnos y de dominicales y festivos, del incumplimiento de los pactos suscritos para el agro y del alto índice de desempleo. También de la muerte de niños por desnutrición en La Guajira y del resurgir del paramilitarismo en el país.

El meollo del asunto —dice Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical— tiene que ver con el cumplimiento de la palabra: “El Gobierno se comprometió en muchas cosas con sectores sindicales que apoyaron su reelección. Por ejemplo, a revisar la Ley 789 para restablecer los derechos perdidos en materia de recargos nocturnos y dominicales. Con los sindicatos estatales se han hecho dos acuerdos marcos, en 2013 y 2015, y si se hace una revisión de ellos, todo se quedó en el papel. Y a los campesinos del famoso paro agrario tampoco se les ha cumplido. El Gobierno firma, pero no cumple”.

El pliego de peticiones es de 15 puntos y según Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, se espera que este jueves se movilicen más de tres millones de personas en todas las marchas programadas a lo largo y ancho del país. “Hay acuerdos que han sido cumplidos a medias, otros que ni siquiera se han atendido y otros de carácter político que no han pasado por el Parlamento. La reforma tributaria que se anuncia debe ser consensuada con los trabajadores, pues tal y como está proyectada es desconsiderada y sigue agravando la inequidad. Los ciudadanos tenemos que pagar impuestos, pero no por eso el ministro de Hacienda tiene que imponer su modelo de reforma, eso no lo vamos a aceptar”, agregó.

La jornada pinta difícil para el Gobierno, pues la marcha estará nutrida por más de 1.700 sindicatos que se concentrarán en las 32 ciudades capitales, por comunidades indígenas y campesinas que marcharán por carreteras nacionales, y esto sin sumarle que el clima político está que arde con un uribismo enconado en su labor de oposición y también preparando su propia marcha para el próximo 2 de abril.

El temor también corre por cuenta de posibles alteraciones del orden público, mientras que en el mismo movimiento sindical hay advertencias sobre infiltraciones por parte de sectores de la Fuerza Pública y de organizaciones paramilitares. De hecho, desde las 6:00 de la mañana se dispondrá de un puesto de mando unificado en el Ministerio del Interior, en comunicación permanente con los 32 gobernadores del país y los comandos de Policía, y en constante monitoreo de la situación.

Frente al incumplimiento de los acuerdos que denuncian las organizaciones sindicales, el ministro Juan Fernando Cristo señaló que muchos de los reclamos incluidos en el pliego de peticiones están siendo tramitados en distintas mesas de diálogo social que tiene actualmente el Gobierno. “Algunos de esos puntos los venimos dialogando desde hace meses con organizaciones como la Cumbre Agraria por parte de los ministerios del Interior y de Agricultura; otras con Fecode, por parte de la ministra de Educación; o con la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por parte de Trabajo y Hacienda”, explicó.

En este sentido, reveló que el presidente Santos tomó la decisión de enviar a cada uno de los ministerios el tema que le corresponde en dicho pliego, para que cada quien haga una evaluación del avance de las conversaciones, de lo que se ha cumplido, lo que hace falta, y la instrucción es acelerar la toma de decisiones. Muchas de las demandas son compartidas por el Gobierno: por ejemplo, las garantías plenas en derechos humanos para los líderes sindicales y sociales o la lucha contra la corrupción. Nuestro espíritu es de diálogo permanente y abierto a la concertación”, expresó Cristo.

No obstante, la molestia de los sectores sindicales es generalizada, pues dicen ya no creer más en un gobierno que incluso, en la campaña de reelección presidencial, se comprometió con ellos a “reducir el aporte que dan los pensionados a salud del 12 al 4%”. La movilización también se da en medio de una coyuntura económica no tan favorable para el Ejecutivo. Han sido semanas en las que ha tenido que reconocer que la renta petrolera pasó de $20 billones a casi cero, que el hueco fiscal de 2016 es de $30 billones, y que por eso tuvo que recortar $6 billones del presupuesto nacional, tres de los cuales salieron de proyectos de inversión.

Por eso, los ministros de Santos tendrán que tener un discurso mucho más convencedor que proponer una simple mesa de negociación, dicen los organizadores del paro, pues en muchos sectores se anuncia que la parálisis se extenderá a más días si no hay una respuesta convincente del Gobierno. De todas maneras, los sindicatos han dicho que este jueves será un día crucial para medirle el aceite al primer mandatario y que de una u otra manera sirve de espejo pensando en el posconflicto tras un acuerdo de paz. Como dice Carlos Julio Díaz, de la ESN, “el valor fundamental en un sistema democrático para resolver las diferencias, es decir, los acuerdos, están por e l piso. Creo que son temas que el Gobierno debería retomar por lo que implica lo que viene para La Habana, o sea, si no cumple estos pequeños acuerdos, cómo dice que va a cumplir otros de mayor envergadura y que negocia en Cuba con la guerrilla de las Farc”.

En momentos en que las encuestas muestran la más alta desaprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos y el proceso de paz de La Habana atraviesa aguas turbulentas que hacen imposible concretar un acuerdo definitivo para el 23 de marzo, Colombia vivirá este jueves una jornada nacional de paro convocada por las principales centrales obreras y diversas organizaciones sociales. Las motivaciones de la protesta son de toda índole y están plasmadas en una carta pública que le fue enviada al primer mandatario la semana pasada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), Dignidad Camionera, Dignidad Agropecuaria, la Cumbre Agraria, el movimiento ciudadano E-24, los pensionados, entre otros.

En la misiva hablan de la imposición de un salario mínimo que ya perdió su valor ante el alto costo de la canasta familiar, de la venta de la generadora de energía Isagén, del escándalo de la Refinería de Cartagena (Reficar), de los anuncios sobre una inminente reforma tributaria, de las liquidaciones de Caprecom y Saludcoop, del incumplimiento de los acuerdos con los pensionados y los trabajadores en torno a reducir los aportes en salud y restablecer el pago de los recargos nocturnos y de dominicales y festivos, del incumplimiento de los pactos suscritos para el agro y del alto índice de desempleo. También de la muerte de niños por desnutrición en La Guajira y del resurgir del paramilitarismo en el país.

El meollo del asunto —dice Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical— tiene que ver con el cumplimiento de la palabra: “El Gobierno se comprometió en muchas cosas con sectores sindicales que apoyaron su reelección. Por ejemplo, a revisar la Ley 789 para restablecer los derechos perdidos en materia de recargos nocturnos y dominicales. Con los sindicatos estatales se han hecho dos acuerdos marcos, en 2013 y 2015, y si se hace una revisión de ellos, todo se quedó en el papel. Y a los campesinos del famoso paro agrario tampoco se les ha cumplido. El Gobierno firma, pero no cumple”.

El pliego de peticiones es de 15 puntos y según Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, se espera que este jueves se movilicen más de tres millones de personas en todas las marchas programadas a lo largo y ancho del país. “Hay acuerdos que han sido cumplidos a medias, otros que ni siquiera se han atendido y otros de carácter político que no han pasado por el Parlamento. La reforma tributaria que se anuncia debe ser consensuada con los trabajadores, pues tal y como está proyectada es desconsiderada y sigue agravando la inequidad. Los ciudadanos tenemos que pagar impuestos, pero no por eso el ministro de Hacienda tiene que imponer su modelo de reforma, eso no lo vamos a aceptar”, agregó.

La jornada pinta difícil para el Gobierno, pues la marcha estará nutrida por más de 1.700 sindicatos que se concentrarán en las 32 ciudades capitales, por comunidades indígenas y campesinas que marcharán por carreteras nacionales, y esto sin sumarle que el clima político está que arde con un uribismo enconado en su labor de oposición y también preparando su propia marcha para el próximo 2 de abril.

El temor también corre por cuenta de posibles alteraciones del orden público, mientras que en el mismo movimiento sindical hay advertencias sobre infiltraciones por parte de sectores de la Fuerza Pública y de organizaciones paramilitares. De hecho, desde las 6:00 de la mañana se dispondrá de un puesto de mando unificado en el Ministerio del Interior, en comunicación permanente con los 32 gobernadores del país y los comandos de Policía, y en constante monitoreo de la situación.

Frente al incumplimiento de los acuerdos que denuncian las organizaciones sindicales, el ministro Juan Fernando Cristo señaló que muchos de los reclamos incluidos en el pliego de peticiones están siendo tramitados en distintas mesas de diálogo social que tiene actualmente el Gobierno. “Algunos de esos puntos los venimos dialogando desde hace meses con organizaciones como la Cumbre Agraria por parte de los ministerios del Interior y de Agricultura; otras con Fecode, por parte de la ministra de Educación; o con la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, por parte de Trabajo y Hacienda”, explicó.

En este sentido, reveló que el presidente Santos tomó la decisión de enviar a cada uno de los ministerios el tema que le corresponde en dicho pliego, para que cada quien haga una evaluación del avance de las conversaciones, de lo que se ha cumplido, lo que hace falta, y la instrucción es acelerar la toma de decisiones. Muchas de las demandas son compartidas por el Gobierno: por ejemplo, las garantías plenas en derechos humanos para los líderes sindicales y sociales o la lucha contra la corrupción. Nuestro espíritu es de diálogo permanente y abierto a la concertación”, expresó Cristo.

No obstante, la molestia de los sectores sindicales es generalizada, pues dicen ya no creer más en un gobierno que incluso, en la campaña de reelección presidencial, se comprometió con ellos a “reducir el aporte que dan los pensionados a salud del 12 al 4%”. La movilización también se da en medio de una coyuntura económica no tan favorable para el Ejecutivo. Han sido semanas en las que ha tenido que reconocer que la renta petrolera pasó de $20 billones a casi cero, que el hueco fiscal de 2016 es de $30 billones, y que por eso tuvo que recortar $6 billones del presupuesto nacional, tres de los cuales salieron de proyectos de inversión.

Por eso, los ministros de Santos tendrán que tener un discurso mucho más convencedor que proponer una simple mesa de negociación, dicen los organizadores del paro, pues en muchos sectores se anuncia que la parálisis se extenderá a más días si no hay una respuesta convincente del Gobierno. De todas maneras, los sindicatos han dicho que este jueves será un día crucial para medirle el aceite al primer mandatario y que de una u otra manera sirve de espejo pensando en el posconflicto tras un acuerdo de paz. Como dice Carlos Julio Díaz, de la ESN, “el valor fundamental en un sistema democrático para resolver las diferencias, es decir, los acuerdos, están por e l piso. Creo que son temas que el Gobierno debería retomar por lo que implica lo que viene para La Habana, o sea, si no cumple estos pequeños acuerdos, cómo dice que va a cumplir otros de mayor envergadura y que negocia en Cuba con la guerrilla de las Farc”.