Paro nacional: polémica por congresistas en la mira de la Procuraduría

Desde el Congreso reclamaron que Cabello (arriba) debería estar investigando los abusos de la Fuerza Pública, “en lugar de estar persiguiendo a la oposición”.

Foto: Archivo/Cortesía

Justo el día que el Congreso comenzó la discusión de un proyecto de ley presentado por la propia procuradora Margarita Cabello –que busca que su entidad, entre otras, pueda juzgar e investigar a funcionarios elegidos popularmente, pero que ha sido criticado por darle facultades de jueza a la funcionaria–, se conocieron una serie de procesos disciplinarios contra varios congresistas en el marco del paro nacional. El mero anuncio de que serán o podrían ser investigados, precisamente el día que arrancó la discusión de este proyecto, levantó roncha en varios parlamentarios.

Lea también: Procuraduría radica proyecto para reformar el Código General Disciplinario

Uno de los primeros en alzar la voz fue el senador de oposición Alexánder López, del Polo Democrático, a quien Cabello le abrió una investigación por presuntamente intervenir en un procedimiento policial el 1 de mayo. Todo ello, en el marco del paro nacional que arrancó el pasado 28 de abril. El congresista llamó la atención por el proceso y criticó que, a raíz de su apertura, tuviera que declararse impedido para participar en la discusión de este martes.

“Fui notificado del inicio de una investigación disciplinaria firmada por la procuradora, hecho que me parece muy grave. En una jugadita perversa (tuve que presentar un) impedimento atendiendo esa investigación y las mayorías de la Comisión Primera aprobaron el impedimento, sacándome, como presidente del Polo y una de las figuras de la oposición, sin la más mínima contemplación”, alegó López.

El parlamentario aseguró que el pasado 1 de mayo, en relación con la investigación, estaba facilitando la liberación de un grupo de jóvenes retenidos, denunció, de forma ilegal. “Les había robados los celulares en la estación de Policía y estaban detenidos desde las 6:00 de la mañana. Eran las 3:00 de la tarde y seguían capturados en una camioneta de la Policía”. Aunque dijo no oponerse a que lo investiguen, López sostuvo que la procuradora Margarita Cabello “no me podía sacar hoy de un debate en un proyecto que ella presenta y que va en contraía de la Carta Iberoamericana de Derechos Humanos”.

En paralelo a ese proceso, se comprobó también que la Procuraduría tiene en estudio preliminar una queja presentada en contra de los representantes de oposición María José Pizarro (Decentes), Inti Asprilla (Alianza Verde) y Ángela María Robledo. Según dice la queja, en desarrollo del debate de moción de censura de la semana pasada contra el ministro de Defensa, Diego Molano, los congresistas supuestamente “faltaron al respeto, gritaron, echaron y humillaron a varios policías” en el propio recinto de la Cámara.

Ante estos casos, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) le recriminó a Cabello y aseguró que “atenta contra la democracia” el hecho de que a congresistas se les haya abierto investigaciones horas antes de debatir el proyecto de ley: “No es normal que ayer usted, con su firma, le haya abierto una investigación al senador Alexánder López, de oposición del Polo y precandidato presidencial. Tampoco es normal que a los compañeros de la Cámara se les haya abierto una preliminar. Da miedo en nuestro sistema político que lleguemos a discutir un proyecto de este alcance con compañeros atemorizados”.

López, a su turno, declaró que la procuradora debería estar investigando los abusos de la Fuerza Pública, “en lugar de estar persiguiendo a la oposición”. Recordó que, recientemente, recibió amenazas contra él y su familia, reclamando que “policías, aliados con mafias narcotraficantes en Cali, amenazaron a mis hijos y a mi familia”.

A propósito del proyecto discutido este martes, Lozano pidió su archivo alertando que “no es posible volver a la Procuraduría en juez. El juez no contará con independencia judicial y el fallo debe interpretarse de forma literal”. Por su parte, el senador Roy Barreras insistió en que la iniciativa convierte a la misma Procuraduría en juez y, “si bien es cierto que la Constitución permite entregarles funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas de manera excepcional, el destituir o suspender a un funcionario no es una facultad excepcional, sino general”.

El origen del proyecto fue un fallo proferido el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó a Colombia por la destitución e inhabilidad que en 2013 impuso la Procuraduría –en cabeza de Alejandro Ordóñez–, al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El organismo determinó que la Procuraduría, como órgano administrativo que es, no puede restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y reiteró que, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal.

Ante ello, la Procuraduría General anunció que tramitaría una iniciativa legislativa ante el Congreso de la República que haga los ajustes normativos puntuales que dispuso no solo la Corte IDH en su sentencia, sino también la Sala Plena del Consejo de Estado en la decisión que mantuvo la sanción de destitución por actos de corrupción al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.