Los verdes exigen a Gobierno y Corte Constitucional el cumplimiento de leyes ambientales

Por medio de un comunicado, el partido Alianza Verde le hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional para que se haga efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental del país, especialmente de los proyectos impulsados por esa colectividad política.

La solicitud fue hecha en un momento clave en materia ambiental para Colombia, a solo meses de que se lleve a cabo la COP16, en Cali, y con un aumento del 40 % de la deforestación, en comparación con las cifras del año 2023, según el Ministerio de Ambiente.

El primer punto expuesto por los verdes fue la necesidad de que se cumpla la Ley 2173 de 2021, o Ley del Árbol, la cual busca promover la restauración de los bosques del país, a través de la siembra de árboles y el fomento de la responsabilidad ambiental de las empresas y entes territoriales. Los privados, según la regla, deben sembrar dos árboles por cada empleado formalmente vinculado; en el mes de febrero, organizaciones ambientales denunciaron que el Ministerio de Ambiente no ha hecho lo propio para su cumplimiento.

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Lo mismo respecto a la Ley de Pasivos Ambientales, aprobada en 2023, y que establece los instrumentos de control, manejo, evaluación y seguimiento a daños ambientales no compensados.

Al respecto, la colectividad expresó: “pedimos al Ministerio de Ambiente, para que, desde el Gobierno Nacional, se reglamente y ponga en marcha las leyes, que pese a haber sido sancionadas hace más de 2 años, no se avanza en su implementación.”

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Además, le pidió a la Corte Constitucional que avance en la revisión de la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual el Congreso ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones frente a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Cabe destacar que durante dos años el proyecto estuvo estancado en el Congreso y finalmente se aprobó y sancionó luego de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. Solo en 2021, durante la discusión legislativa del acuerdo, en 2021 se registraron 33 asesinatos de líderes ambientales.

“Le solicitamos respetuosamente a la Corte celeridad para la garantía de la vida de los ambientalistas y el acceso libre a la información, para que de manera priotaria el Estado proteja a las personas o comunidades que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, se les dé el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades”, expresó la colectividad política.

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Finalmente, los verdes expresaron su interés en que el Estado avance en la gestión de los asuntos clave de la agenda ambiental, a los que se suma la contaminación de los ríos por la minería ilegal y el asesinato de líderes y lideresas, que en 2024 ya suman los 75 casos, según el informe más reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Aunque el Gobierno aún no ha respondido al llamado de atención, la relación entre ambas partes pasa por un momento de tensión, dada la participación de Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, consejera para las Regiones, en la entrega de coimas para el trámite de las.reformas sociales en el legislativo, asunto sobre el cual avanzan las indagaciones.

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Por medio de un comunicado, el partido Alianza Verde le hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional y a la Corte Constitucional para que se haga efectivo el cumplimiento de la legislación ambiental del país, especialmente de los proyectos impulsados por esa colectividad política.

La solicitud fue hecha en un momento clave en materia ambiental para Colombia, a solo meses de que se lleve a cabo la COP16, en Cali, y con un aumento del 40 % de la deforestación, en comparación con las cifras del año 2023, según el Ministerio de Ambiente.

El primer punto expuesto por los verdes fue la necesidad de que se cumpla la Ley 2173 de 2021, o Ley del Árbol, la cual busca promover la restauración de los bosques del país, a través de la siembra de árboles y el fomento de la responsabilidad ambiental de las empresas y entes territoriales. Los privados, según la regla, deben sembrar dos árboles por cada empleado formalmente vinculado; en el mes de febrero, organizaciones ambientales denunciaron que el Ministerio de Ambiente no ha hecho lo propio para su cumplimiento.

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Lo mismo respecto a la Ley de Pasivos Ambientales, aprobada en 2023, y que establece los instrumentos de control, manejo, evaluación y seguimiento a daños ambientales no compensados.

Al respecto, la colectividad expresó: “pedimos al Ministerio de Ambiente, para que, desde el Gobierno Nacional, se reglamente y ponga en marcha las leyes, que pese a haber sido sancionadas hace más de 2 años, no se avanza en su implementación.”

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Además, le pidió a la Corte Constitucional que avance en la revisión de la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual el Congreso ratificó la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información y participación pública en la toma de decisiones frente a asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Cabe destacar que durante dos años el proyecto estuvo estancado en el Congreso y finalmente se aprobó y sancionó luego de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. Solo en 2021, durante la discusión legislativa del acuerdo, en 2021 se registraron 33 asesinatos de líderes ambientales.

“Le solicitamos respetuosamente a la Corte celeridad para la garantía de la vida de los ambientalistas y el acceso libre a la información, para que de manera priotaria el Estado proteja a las personas o comunidades que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, se les dé el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades”, expresó la colectividad política.

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Aunque el Gobierno aún no ha respondido al llamado de atención, la relación entre ambas partes pasa por un momento de tensión, dada la participación de Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, consejera para las Regiones, en la entrega de coimas para el trámite de las.reformas sociales en el legislativo, asunto sobre el cual avanzan las indagaciones.

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