Los partidos políticos y su urgencia por personerías jurídicas para elecciones

En la puja hay nuevos y resucitados. Reconocidos expresidentes y famosos expresidiarios. Algunos alegan que tienen derecho porque fueron víctimas de la violencia y otros sencillamente dicen que quieren hacer valer un derecho adquirido como consecuencia de elevadas votaciones en las pasadas elecciones. En Colombia hay una verdadera feria de solicitudes de personería jurídica para partidos políticos, y el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de dar dicha certificación, trabaja a doble turno para atender los casos.

Desde el del expresidente conservador Andrés Pastrana, quien anda muy interesado por estos días en la resurrección de su Nueva Fuerza Democrática, hasta Colombia Democrática, el partido que le sirvió de plataforma política al condenado expresidente del Senado Mario Uribe Escobar, cuya petición de personería fue radicada esta vez por Gustavo Posada Restrepo. Ninguna de esas dos solicitudes ha llegado a sala. Están pendientes de ponencia y, curiosamente, fueron asignadas por reparto a la misma magistrada: Maritza Martínez.

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Pero no son los únicos peticionarios. El Consejo Nacional Electoral estudia 26 solicitudes sobre el tema. Y dado que en Colombia hay 20 partidos y movimientos legalmente constituidos, lo que podría pasar es que en cuestión de meses se dupliquen.

No resulta gratuito que ello ocurra cuando el comienzo de la campaña electoral está a la vuelta de la esquina. Quienes consigan el codiciado premio de la personería podrán avalar candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en las elecciones del 29 de octubre. La campaña arrancará oficialmente el 29 de junio, y ya en todo el país comienzan a escucharse nombres de interesados en postularse o postular candidaturas. A mayor cantidad de partidos, mayores posibilidades de conseguir el respaldo político para presentarse a las urnas.

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La euforia por las personerías involucra a grupos políticos de todo el país, y de orillas muy diversas. ¿Qué tienen en común hoy el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y su sucesor, Daniel Quintero? Pues que estos enconados rivales buscan que sus colectivos políticos tengan personería. Gutiérrez lo pretende a través de Creemos Colombia, el movimiento con el que llegó a la Alcaldía de la capital antioqueña. También pide que se tenga en cuenta que sacó cerca de cinco millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.

El movimiento de Quintero destapó sus cartas esta semana al anunciar que tiene derecho a personería porque en las elecciones de Congreso de 2022 obtuvo un escaño en el Senado (Javier Flórez) y uno en la Cámara de Representantes (David Alejandro Toro) bajo la sombrilla del Pacto Histórico. En efecto, las candidaturas de Flórez y Toro surgieron de Independientes, el colectivo que llevó a la Alcaldía a Quintero, y como tales fueron incorporadas al Pacto Histórico, el movimiento que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

Este pequeño detalle es bien interesante, pues lo que está ocurriendo es que los colectivos políticos que se unieron para avalar candidaturas presidenciales o de Senado están pidiendo por separado sus personerías para poder tener candidatos propios en las votaciones de octubre. Tenía sentido buscar un paraguas nacional para las elecciones presidenciales, pero ahora la rapiña por los votos tendrá un ritmo deferente en cada municipio.

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Ello explica que los siete grupos políticos de origen regional que conformaron el Pacto Histórico estén tratando de buscar cada uno por su lado la personería. El que picó en punta fue el senador Roy Barreras, con su Fuerza de la Paz, que ya fue presentada en público, anunció candidatos y tuvo su primera deserción. Por el mismo camino está el movimiento Independientes, de Quintero.

Podrán coincidir en torno a algunos temas nacionales (en otros, como en la reforma a la salud, parecen más bien de orillas opuestas), pero en las elecciones regionales los movimientos que apoyaron a Petro se irán por la vieja lógica de “cada loro con su estaca” para llegar fuertes al comienzo de la campaña, posicionar candidatos y buscar alianzas. Lo mismo harán los movimientos que en algún momento se unieron en torno a Rodolfo Hernández.

Y que a nadie se le olvide. Con el reconocimiento de la personería y la posibilidad de postular candidatos también viene el derecho de cada partido a recibir una tajada de esa apetitosa torta que es la financiación estatal para las campañas. Y eso es un montón de dinero. Para la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, cada campaña tiene un tope de gastos de $5.257 millones y lo que buscan los partidos, obvio, es que con los gastos de reposición por cada voto se pueda recuperar buena parte de ese dinero.

Según el artículo 108 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de conceder personería jurídica a los partidos y movimientos, atribución que por orden de la Corte Constitucional (Sentencia de unificación 257 de 2021) debe también tener en cuenta a los partidos que por culpa de la violencia dejaron de presentarse a elecciones o cuyos militantes fueron asesinados, exiliados o sufrieron amenazas sistemáticas. Esa sentencia revivió al Nuevo Liberalismo y a la Unión Patriótica.

Y esa misma sentencia es el argumento de una decena de colectivos políticos que quieren volver a la competencia electoral. Andrés Pastrana (quien fue secuestrado por orden de Pablo Escobar) y los líderes del partido de Mario Uribe, el poderoso expresidente del Congreso condenado por sus nexos con paramilitares, deberán argumentar hasta qué punto fue que la violencia les impidió participar en elecciones.

En la puja hay nuevos y resucitados. Reconocidos expresidentes y famosos expresidiarios. Algunos alegan que tienen derecho porque fueron víctimas de la violencia y otros sencillamente dicen que quieren hacer valer un derecho adquirido como consecuencia de elevadas votaciones en las pasadas elecciones. En Colombia hay una verdadera feria de solicitudes de personería jurídica para partidos políticos, y el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de dar dicha certificación, trabaja a doble turno para atender los casos.

Desde el del expresidente conservador Andrés Pastrana, quien anda muy interesado por estos días en la resurrección de su Nueva Fuerza Democrática, hasta Colombia Democrática, el partido que le sirvió de plataforma política al condenado expresidente del Senado Mario Uribe Escobar, cuya petición de personería fue radicada esta vez por Gustavo Posada Restrepo. Ninguna de esas dos solicitudes ha llegado a sala. Están pendientes de ponencia y, curiosamente, fueron asignadas por reparto a la misma magistrada: Maritza Martínez.

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Pero no son los únicos peticionarios. El Consejo Nacional Electoral estudia 26 solicitudes sobre el tema. Y dado que en Colombia hay 20 partidos y movimientos legalmente constituidos, lo que podría pasar es que en cuestión de meses se dupliquen.

No resulta gratuito que ello ocurra cuando el comienzo de la campaña electoral está a la vuelta de la esquina. Quienes consigan el codiciado premio de la personería podrán avalar candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales en las elecciones del 29 de octubre. La campaña arrancará oficialmente el 29 de junio, y ya en todo el país comienzan a escucharse nombres de interesados en postularse o postular candidaturas. A mayor cantidad de partidos, mayores posibilidades de conseguir el respaldo político para presentarse a las urnas.

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La euforia por las personerías involucra a grupos políticos de todo el país, y de orillas muy diversas. ¿Qué tienen en común hoy el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez y su sucesor, Daniel Quintero? Pues que estos enconados rivales buscan que sus colectivos políticos tengan personería. Gutiérrez lo pretende a través de Creemos Colombia, el movimiento con el que llegó a la Alcaldía de la capital antioqueña. También pide que se tenga en cuenta que sacó cerca de cinco millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.

El movimiento de Quintero destapó sus cartas esta semana al anunciar que tiene derecho a personería porque en las elecciones de Congreso de 2022 obtuvo un escaño en el Senado (Javier Flórez) y uno en la Cámara de Representantes (David Alejandro Toro) bajo la sombrilla del Pacto Histórico. En efecto, las candidaturas de Flórez y Toro surgieron de Independientes, el colectivo que llevó a la Alcaldía a Quintero, y como tales fueron incorporadas al Pacto Histórico, el movimiento que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

Este pequeño detalle es bien interesante, pues lo que está ocurriendo es que los colectivos políticos que se unieron para avalar candidaturas presidenciales o de Senado están pidiendo por separado sus personerías para poder tener candidatos propios en las votaciones de octubre. Tenía sentido buscar un paraguas nacional para las elecciones presidenciales, pero ahora la rapiña por los votos tendrá un ritmo deferente en cada municipio.

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Ello explica que los siete grupos políticos de origen regional que conformaron el Pacto Histórico estén tratando de buscar cada uno por su lado la personería. El que picó en punta fue el senador Roy Barreras, con su Fuerza de la Paz, que ya fue presentada en público, anunció candidatos y tuvo su primera deserción. Por el mismo camino está el movimiento Independientes, de Quintero.

Podrán coincidir en torno a algunos temas nacionales (en otros, como en la reforma a la salud, parecen más bien de orillas opuestas), pero en las elecciones regionales los movimientos que apoyaron a Petro se irán por la vieja lógica de “cada loro con su estaca” para llegar fuertes al comienzo de la campaña, posicionar candidatos y buscar alianzas. Lo mismo harán los movimientos que en algún momento se unieron en torno a Rodolfo Hernández.

Y que a nadie se le olvide. Con el reconocimiento de la personería y la posibilidad de postular candidatos también viene el derecho de cada partido a recibir una tajada de esa apetitosa torta que es la financiación estatal para las campañas. Y eso es un montón de dinero. Para la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, cada campaña tiene un tope de gastos de $5.257 millones y lo que buscan los partidos, obvio, es que con los gastos de reposición por cada voto se pueda recuperar buena parte de ese dinero.

Según el artículo 108 de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de conceder personería jurídica a los partidos y movimientos, atribución que por orden de la Corte Constitucional (Sentencia de unificación 257 de 2021) debe también tener en cuenta a los partidos que por culpa de la violencia dejaron de presentarse a elecciones o cuyos militantes fueron asesinados, exiliados o sufrieron amenazas sistemáticas. Esa sentencia revivió al Nuevo Liberalismo y a la Unión Patriótica.

Y esa misma sentencia es el argumento de una decena de colectivos políticos que quieren volver a la competencia electoral. Andrés Pastrana (quien fue secuestrado por orden de Pablo Escobar) y los líderes del partido de Mario Uribe, el poderoso expresidente del Congreso condenado por sus nexos con paramilitares, deberán argumentar hasta qué punto fue que la violencia les impidió participar en elecciones.