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El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se pronunció sobre la adjudicación de la licitación de pasaportes y aseguró que el exsecretario general de la entidad José Antonio Salazar no tenía la competencia para entregar el contrato de casi $600.000 millones a Thomas Greg & Sons y revocar las decisiones del canciller suspendido Álvaro Leyva.
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“El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Álvaro Leyva Durán, él declaró desierto el anterior proceso licitatorio. El mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y, por tanto, contrarias a las instrucciones del Canciller (e)”, indicó.
Murillo sostuvo que la salida del secretario de la Cancillería se había hablado desde antes de que estallara la polémica de pasaportes y que nunca tuvo el respaldo presupuestal necesario para adjudicar un contrato de casi $600.000 millones: “El 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro”.
Esto quiere decir que, según Murillo, aunque el exsecretario sabía de su retiro firmó las tres resoluciones en las que revocó la declaratoria desierta de Leyva, tumbó la urgencia manifiesta en la que estaba operando la firma Thomas Greg para elaborar los pasaportes y adjudicó el contrato.
Sin embargo, fue ese mismo 22 de febrero cuando el canciller (e), vía resolución, suspendió la nueva licitación de $416.000 millones para revisar detalladamente las quejas presentadas al pliego de condiciones y le reasignó el caso al secretario.
Sobre la reasignación, Murillo dijo: “Esto se hizo con el fin de fortalecer la institucionalidad en la gestión de todos los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y demás de la Cancillería”.
Declaración del Canciller (e), @LuisGMurillo
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 27, 2024
El despacho del Ministro de Relaciones Exteriores conserva todas las facultades y deberes que la Constitución y la ley le atribuyen.
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