Canciller analiza decisión tomada en comité de conciliación por licitación de pasaportes

El canciller Álvaro Leyva analiza la decisión que tomó el comité de conciliación.

Foto: Archivo Particular

El canciller Álvaro Leyva se encuentra analizando con lupa la decisión que se tomó en el comité de conciliación que el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó este jueves y del cual debía salir una posesión en torno a la demanda por $117.000 millones que anunció la firma Thomas Greg & Sons tras la frustrada licitación de pasaportes.

Si bien el resultado de ese comité no se ha hecho público, algunas fuentes extraoficiales aseguraron que habría inclinación por aceptar la conciliación con esa firma y así evitar el avance del recurso judicial que anunció cuando, por orden del presidente Gustavo Petro, se declaró desierta la licitación porque solo había un oferente, algo que en todo caso la ley permite.

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Además, el saliente abogado de la Cancillería en este lío, Germán Calderón España, reveló que “en dicho comité se adoptó una decisión que se llevará a la audiencia de conciliación citada por la Procuraduría General de la Nación el 15 de diciembre de 2023, a las 9:30 a.m.”.

Y agregó: “Por la confidencialidad que me asiste como apoderado, no puedo dar a conocer la decisión adoptada”.

Calderón Espala es el abogado que presentó su renuncia a esa representación jurídica, y de paso pidió la terminación de otro contrato de asesoría que tenía con la Cancillería, argumentando, entre otras cosas, que el pleito con Thomas “representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro”.

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En todo caso, según estableció El Espectador, el canciller Leyva está analizando personalmente la decisión tomada por el comité para determinar si está o no en la misma vía en que él y Petro consideran que se debe andar, que no es otra que no admitir la conciliación. Esto último, en plata blanca, significa enfrentar la multimillonaria demanda.

De hecho, el propio Petro ratificó este jueves, más temprano, que en medio de toda esta frustrada licitación de pasaportes hay visos de “corrupción” que salpicaría a funcionarios públicos, por lo que todo debe ser penalmente indagado.

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