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El comité de conciliación que la Cancillería convocó para determinar qué camino jurídico tomar frente la frustrada licitación de pasaportes tendría un enfoque distinto al que buscaba el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y el mismo presidente Gustavo Petro, quien dio la orden de frenar el proceso por haber solo un oferente: Thomas Greg & Sons.
En la sesión de esa instancia, como lo contó este diario este jueves, la inclinación de la mayoría de sus integrantes es buscar una solución negociada con la firma para evitar una demanda de $117.000 millones, y que jurídicamente así se lo notificaron a Leyva.
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Ese comité sesionó por alrededor de cinco horas y solo contó con un voto negativo, el del canciller Leyva, quien se pronunció desde Haití. Y los votos a favor de conciliar fueron de Eduardo Franco Solarte, director Administrativo y Financiero de la entidad; Paola Ramírez, líder de la Oficina Jurídica; y Silvia Carrizosa, jefa de Talento Humano.
De acuerdo con una certificación de ese comité, que jurídicamente sería vinculante para Leyva y obligaría a su Cancillería a admitir la conciliación, lo decidido es que se “concilia la pretensión presentada por el convocante de revocar las resoluciones 7485 y 7540 de 2023″.
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Además, se asegura que ese paso se dio, entre otras razones, por las recomendaciones de la Contraloría, la Agencia de Defensa Jurídica y del saliente apoderado de la Cancillería en este tema, el abogado Germán Calderón España, quien habría sido el cuarto voto a favor dentro del comité.
En todo caso, para este viernes en la mañana, la Procuraduría convocó a una audiencia para notificar la decisión de las partes en torno a la conciliación, por lo que hay expectativa de lo que suceda en esa cita en el Ministerio Público.
(Este es el audio en el que Zamora reconoce cercanía de funcionario suyo con Thomas Greg)
Incluso, este diario estableció que desde la misma noche del jueves, en Haití, Leyva comenzó a analizar si había alguna alternativa jurídica tras la derrota sufrida en el comité.
Todo este lío en torno a la licitación de pasaportes ha llevado al presidente Petro a pedir que se investigue un posible caso de corrupción, le terminó costando el cargo a la saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica, Martha Zamora, y tiene al borde de una nueva moción de censura al canciller Leyva.
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