Defensa de Leyva dice que hay “falta de imparcialidad” en proceso disciplinario

Yefferson Dueñas, abogado de Álvaro Leyva, aseguró este miércoles que no considera que estén dados los elementos para mantener la suspensión de tres meses que ordenó la Procuraduría contra su defendido. Las declaraciones llegaron como reacción a la decisión del Ministerio Público de mantener la medida para “evitar que se repita la conducta por la cual fue suspendido inicialmente”.

Horas más tarde, Dueñas anunció que presentará una solicitud de nulidad al proceso disciplinario y se fue contra la Procuraduría señalando tres presuntas irregularidades: “la ambigüedad en los cargos, la falta de imparcialidad y la indebida lección del procedimiento verbal”.

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Así mismo, dijo que la sanción de suspensión no tiene “precedentes” y que no se explica por qué la razón es suspender un proceso licitatorio que tenía sospechas de tener pliegos que favorecían a un solo oferente. “En la historia del país nunca se ha investigado a una persona que previene el direccionamiento”, agregó.

La Procuraduría, por su parte, insiste en que el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Además, según el procurador delegado, Ernesto Espinosa, no hay lugar a recursos contra la decisión.

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Entre tanto, el Gobierno ya trazó una estrategia que le permita frenar la entrega a Thomas Greg & Sons del contrato por cerca de $600.000 millones de la polémica licitación, lo cual –a su vez– llevó a la firma a diseñar su propia respuesta, por lo que no se descarta que lleguen nuevas demandas contra el Estado.

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se reunió por tres horas con la nueva secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, Paula Robledo, con quien analizó los caminos jurídicos para ponerles freno a las tres resoluciones que hace semana y media firmó el ahora exsecretario de Cancillería, José Antonio Salazar, y que desconociendo las directrices del Petro y su equipo, sirvieron para adjudicar el millonario contrato.

“Estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno Nacional. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, ratificó Murillo durante un debate de control político en el Congreso.

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Yefferson Dueñas, abogado de Álvaro Leyva, aseguró este miércoles que no considera que estén dados los elementos para mantener la suspensión de tres meses que ordenó la Procuraduría contra su defendido. Las declaraciones llegaron como reacción a la decisión del Ministerio Público de mantener la medida para “evitar que se repita la conducta por la cual fue suspendido inicialmente”.

Horas más tarde, Dueñas anunció que presentará una solicitud de nulidad al proceso disciplinario y se fue contra la Procuraduría señalando tres presuntas irregularidades: “la ambigüedad en los cargos, la falta de imparcialidad y la indebida lección del procedimiento verbal”.

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Así mismo, dijo que la sanción de suspensión no tiene “precedentes” y que no se explica por qué la razón es suspender un proceso licitatorio que tenía sospechas de tener pliegos que favorecían a un solo oferente. “En la historia del país nunca se ha investigado a una persona que previene el direccionamiento”, agregó.

La Procuraduría, por su parte, insiste en que el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Además, según el procurador delegado, Ernesto Espinosa, no hay lugar a recursos contra la decisión.

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Entre tanto, el Gobierno ya trazó una estrategia que le permita frenar la entrega a Thomas Greg & Sons del contrato por cerca de $600.000 millones de la polémica licitación, lo cual –a su vez– llevó a la firma a diseñar su propia respuesta, por lo que no se descarta que lleguen nuevas demandas contra el Estado.

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se reunió por tres horas con la nueva secretaria Jurídica de la Casa de Nariño, Paula Robledo, con quien analizó los caminos jurídicos para ponerles freno a las tres resoluciones que hace semana y media firmó el ahora exsecretario de Cancillería, José Antonio Salazar, y que desconociendo las directrices del Petro y su equipo, sirvieron para adjudicar el millonario contrato.

“Estamos estudiando integralmente para ver cuál es el mejor camino que debe seguir el Gobierno Nacional. No vamos a firmar un contrato que se haya originado en situaciones irregulares”, ratificó Murillo durante un debate de control político en el Congreso.

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