Pasar de la inclusión al reconocimiento total de los derechos LGBT+

La lucha de la población LGBT+ha sido significativa. Los reclamos, marchas, performances y constantes llamados de atención desde todas las orillas han surtido efecto en su incidencia pública, dicen algunos de sus integrantes. Por medio del activismo, en los últimos 40 años han ganado un terreno valioso en materia de derechos, algo que ha consolidado su participación y visibilidad en espacios ciudadanos y políticos, a pesar de que en pleno siglo XXI la discriminación estructural todavía les juegue en contra. “Las conquistas de hoy no las hemos conseguido por voluntad del Estado ni por generosidad de la normativa de este país. Son el resultado de la presión que ha ejercido el movimiento social LGBT+ que ha contado, en algunas ocasiones, con el apoyo de los movimientos de derechos humanos y de mujeres”, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización enfocada en formar liderazgos y fomentar la participación política de personas diversas.

(Lea: Con nuevo protocolo, el voto trans busca blindarse del estigma institucional)

Sus palabras reflejan el agreste contexto histórico que ha rodeado la añeja discusión sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas no heteronormadas. Es decir, de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias y otras que han tenido que luchar más por su derecho a existir y ser reconocidos sin prejuicios. La historia da cuenta de olas transformadoras que, poco a poco, han despertado a Colombia de su letargo conservador: en 1980, el país despenalizó la homosexualidad; en la década de los 90, la lucha contra el VIH, a pesar del alto grado de estigmatización que vivieron los pacientes con sida, fue una batalla que puso en la agenda nacional la salud pública de las personas diversas. En 1991, la nueva Constitución consagró en sus artículos 13 y 16 los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, y apareció la acción de tutela como una herramienta que las organizaciones LGBT utilizaron para exigir los derechos ganados. En 2007, la Corte Constitucional reconoció los derechos patrimoniales de las parejas gay, en 2015 el alto tribunal aprobó la adopción homoparental y en 2016 hizo lo mismo con matrimonio de parejas del mismo sexo.

Todas esas victorias, ganadas a pulso, abonaron un país más abierto a los liderazgos políticos LGBT+ Para Caribe Afirmativo, la participación política de esta población se enmarca en la cuarta generación del movimiento. “Creemos que en la mitad de la década de 2000 el movimiento LGBT+ en Colombia empezó a entrar en su cuarta generación, que se ve representada en la participación política de manera directa. Previamente hubo activismo LGBT+ en política, pero desde 2005 y 2006 se da gran reconocimiento a candidaturas de personas diversas a cargos de elección popular. Hace 14 años, Chapinero (Bogotá) tuvo su primer edil abiertamente gay en elecciones regionales. Hace 10 años hubo seis personas de la población electas, hace ocho años aparecieron 16 elegidos y hace dos ascendió a más de 20”, añade Castañeda, dando cuenta del ejercicio progresivo para que personas cualificadas LGBT+ lleguen a espacios de poder y toma de decisiones.

(Lea también: ¿Qué va a contar el capítulo de género de la verdad del conflicto?)

Ese es el caso de Carolina Giraldo, concejal de Pereira en el período pasado. Antes de entrar de lleno a la política fue activista por la comunidad diversa y luchó por el matrimonio igualitario. “Me hice concejal y viví la discriminación estructural no solo por ser bisexual, sino también por ser mujer. Se sienten barreras y techos de cristal. Esto ha mejorado gracias a que cada vez hay más mujeres y más diversidad”, recuerda. Giraldo comenta que su trabajo incluyó en el Concejo la defensa del medioambiente, la movilidad sostenible en Pereira, la lucha anticorrupción y la política pública de mujeres y de población diversa. “No nos enfocamos únicamente en el tema LGBT+, pero sí forma parte de la agenda del siglo XXI. La política pública de mujeres la sacamos adelante. Lo de diversidad sexual quedó en el tintero en ese período, pero hoy están terminando su formulación”.

Colombia ha avanzado. No obstante, explica Castañeda, el país debe continuar hacia la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, una exigencia que no debe darse en clave de inclusión de las personas diversas, sino de total reconocimiento de su existencia. “Hemos avanzado en términos normativos y teóricos. Eso ha hecho un mejor país para las personas LGBTI. Sin embargo, es un peligro pensar que el tratamiento a la población debe ser en términos de inclusión, pues genera una situación de asimetría entre una institución que tiene el poder y el otro que es incluido. El gran reto es dar el salto hacia el reconocimiento, un concepto que nos pone en una relación directa y frontal, y que manda un mensaje: yo te reconozco porque tú me reconoces, yo soy en la medida que tú existes y viceversa”, concluye el director de Caribe Afirmativo.

La de Giraldo es una experiencia, pero no la única. Luego de quedar electos en las últimas elecciones regionales, una concejal en Buga dio el primer paso para crear una política pública LGBT+ en su municipio. En San Rafael (Antioquia) se incluyó el componente diverso en el Plan de Desarrollo, y en Miranda (Cauca) empezó la investigación para hacer su propia política pública para esta población. Todo gracias a los liderazgos que llegaron al poder y pusieron el tema en la agenda de sus territorios. La incidencia no solo se ha dado en las corporaciones locales y regionales, sino también en comités de política social, consejos de paz, mesas de juventud y construcción del propio Acuerdo de Paz.

Colombia ha avanzado. No obstante, explica Castañeda, el país debe continuar hacia la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, una exigencia que no debe darse en clave de inclusión de las personas diversas, sino de total reconocimiento de su existencia. “Hemos avanzado en términos normativos y teóricos. Eso ha hecho un mejor país para las personas LGBT. Sin embargo, es un peligro pensar que el tratamiento a la población debe ser en términos de inclusión, pues genera una situación de asimetría entre una institución que tiene el poder y el Otro que es incluido. El gran reto es dar el salto hacia el reconocimiento, un concepto que nos pone en una relación directa y frontal y que manda un mensaje: yo te reconozco porque tú me reconoces, yo soy en la medida que tu existes y viceversa”, concluye el director de Caribe Afirmativo.

La lucha de la población LGBT+ha sido significativa. Los reclamos, marchas, performances y constantes llamados de atención desde todas las orillas han surtido efecto en su incidencia pública, dicen algunos de sus integrantes. Por medio del activismo, en los últimos 40 años han ganado un terreno valioso en materia de derechos, algo que ha consolidado su participación y visibilidad en espacios ciudadanos y políticos, a pesar de que en pleno siglo XXI la discriminación estructural todavía les juegue en contra. “Las conquistas de hoy no las hemos conseguido por voluntad del Estado ni por generosidad de la normativa de este país. Son el resultado de la presión que ha ejercido el movimiento social LGBT+ que ha contado, en algunas ocasiones, con el apoyo de los movimientos de derechos humanos y de mujeres”, dice Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, una organización enfocada en formar liderazgos y fomentar la participación política de personas diversas.

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Sus palabras reflejan el agreste contexto histórico que ha rodeado la añeja discusión sobre la orientación sexual e identidad de género de las personas no heteronormadas. Es decir, de lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, queer, no binarias y otras que han tenido que luchar más por su derecho a existir y ser reconocidos sin prejuicios. La historia da cuenta de olas transformadoras que, poco a poco, han despertado a Colombia de su letargo conservador: en 1980, el país despenalizó la homosexualidad; en la década de los 90, la lucha contra el VIH, a pesar del alto grado de estigmatización que vivieron los pacientes con sida, fue una batalla que puso en la agenda nacional la salud pública de las personas diversas. En 1991, la nueva Constitución consagró en sus artículos 13 y 16 los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, y apareció la acción de tutela como una herramienta que las organizaciones LGBT utilizaron para exigir los derechos ganados. En 2007, la Corte Constitucional reconoció los derechos patrimoniales de las parejas gay, en 2015 el alto tribunal aprobó la adopción homoparental y en 2016 hizo lo mismo con matrimonio de parejas del mismo sexo.

Todas esas victorias, ganadas a pulso, abonaron un país más abierto a los liderazgos políticos LGBT+ Para Caribe Afirmativo, la participación política de esta población se enmarca en la cuarta generación del movimiento. “Creemos que en la mitad de la década de 2000 el movimiento LGBT+ en Colombia empezó a entrar en su cuarta generación, que se ve representada en la participación política de manera directa. Previamente hubo activismo LGBT+ en política, pero desde 2005 y 2006 se da gran reconocimiento a candidaturas de personas diversas a cargos de elección popular. Hace 14 años, Chapinero (Bogotá) tuvo su primer edil abiertamente gay en elecciones regionales. Hace 10 años hubo seis personas de la población electas, hace ocho años aparecieron 16 elegidos y hace dos ascendió a más de 20”, añade Castañeda, dando cuenta del ejercicio progresivo para que personas cualificadas LGBT+ lleguen a espacios de poder y toma de decisiones.

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Ese es el caso de Carolina Giraldo, concejal de Pereira en el período pasado. Antes de entrar de lleno a la política fue activista por la comunidad diversa y luchó por el matrimonio igualitario. “Me hice concejal y viví la discriminación estructural no solo por ser bisexual, sino también por ser mujer. Se sienten barreras y techos de cristal. Esto ha mejorado gracias a que cada vez hay más mujeres y más diversidad”, recuerda. Giraldo comenta que su trabajo incluyó en el Concejo la defensa del medioambiente, la movilidad sostenible en Pereira, la lucha anticorrupción y la política pública de mujeres y de población diversa. “No nos enfocamos únicamente en el tema LGBT+, pero sí forma parte de la agenda del siglo XXI. La política pública de mujeres la sacamos adelante. Lo de diversidad sexual quedó en el tintero en ese período, pero hoy están terminando su formulación”.

Colombia ha avanzado. No obstante, explica Castañeda, el país debe continuar hacia la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, una exigencia que no debe darse en clave de inclusión de las personas diversas, sino de total reconocimiento de su existencia. “Hemos avanzado en términos normativos y teóricos. Eso ha hecho un mejor país para las personas LGBTI. Sin embargo, es un peligro pensar que el tratamiento a la población debe ser en términos de inclusión, pues genera una situación de asimetría entre una institución que tiene el poder y el otro que es incluido. El gran reto es dar el salto hacia el reconocimiento, un concepto que nos pone en una relación directa y frontal, y que manda un mensaje: yo te reconozco porque tú me reconoces, yo soy en la medida que tú existes y viceversa”, concluye el director de Caribe Afirmativo.

La de Giraldo es una experiencia, pero no la única. Luego de quedar electos en las últimas elecciones regionales, una concejal en Buga dio el primer paso para crear una política pública LGBT+ en su municipio. En San Rafael (Antioquia) se incluyó el componente diverso en el Plan de Desarrollo, y en Miranda (Cauca) empezó la investigación para hacer su propia política pública para esta población. Todo gracias a los liderazgos que llegaron al poder y pusieron el tema en la agenda de sus territorios. La incidencia no solo se ha dado en las corporaciones locales y regionales, sino también en comités de política social, consejos de paz, mesas de juventud y construcción del propio Acuerdo de Paz.

Colombia ha avanzado. No obstante, explica Castañeda, el país debe continuar hacia la reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, una exigencia que no debe darse en clave de inclusión de las personas diversas, sino de total reconocimiento de su existencia. “Hemos avanzado en términos normativos y teóricos. Eso ha hecho un mejor país para las personas LGBT. Sin embargo, es un peligro pensar que el tratamiento a la población debe ser en términos de inclusión, pues genera una situación de asimetría entre una institución que tiene el poder y el Otro que es incluido. El gran reto es dar el salto hacia el reconocimiento, un concepto que nos pone en una relación directa y frontal y que manda un mensaje: yo te reconozco porque tú me reconoces, yo soy en la medida que tu existes y viceversa”, concluye el director de Caribe Afirmativo.