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Reincorporados de las antiguas Farc entregaron un documento con información sobre la ubicación de artefactos explosivos, como minas antipersonales, que fueron instalados por la extinta guerrilla durante el conflicto armado colombiano. Así lo anunció Pastor Alape, delegado de los excombatientes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), quien dijo que radicaron ante la autoridad nacional de la Acción Contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia) el “primer documento de suministro de información de áreas contaminadas por minas”.
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“Este es un proceso que venimos trabajando desde 2020 junto con la autoridad contra las minas y con UNMAS (Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas), que es la institución de la ONU contras las minas”, detalló.
Alape, miembro del partido Comunes que surgió de la desmovilización de la guerrilla, señaló que en el documento es una base de datos en la que se sistematizó información sobre la ubicación de los explosivos instalados durante el conflicto por integrantes del bloque “Magdalena Medio” y por el Comando Conjunto Central de las extintas Farc.
“Cerramos así este año con este compromiso. Le estamos cumpliendo a la paz y al país con acciones efectivas. Estamos dando un mensaje al Gobierno de que el año siguiente mantendremos esta disposición”, apostilló.
En ese sentido, en 2022 se recopilará y entregará información de los artefactos explosivos instalados por otros bloques de la extinta guerrilla.
En Colombia hubo 378 víctimas de artefactos explosivos de enero a septiembre de este año, lo que significa que si la tendencia continúa, 2021 puede ser el año con mayor número de afectados desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en 2016, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
La mayoría de víctimas, el 54 %, fueron civiles (207 en total), y 30 fueron menores de edad; por otro lado, del total, 33 fallecieron, mientras que “las demás sobrevivieron con profundas consecuencias físicas y psicológicas que perdurarán a lo largo de su vida”, aseguró en octubre el CICR.