Este martes 18 de julio comenzará formalmente el proceso de conversación entre el gobierno Petro y las bandas criminales de Buenaventura, Los Shottas y Los Espartanos, que buscan pista en la política de paz total. La instalación del espacio se llevará a cabo en la Casa de Encuentros Heriberto Correa Yepes (Bagnoregio) desde el mediodía.
En octubre de 2022, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, bautizó a Buenaventura como el laboratorio de la “paz total” entre las bandas urbanas que esperan someterse a la justicia y, desde entonces, las bandas declararon una tregua para frenar los homicidios en el Puerto. Sin embargo, desde abril esa tregua se habría roto, entre otras cosas, porque no hay piso jurídico para sentar un sometimiento a la justicia.
El 14 de abril, monseñor Rubén Darío Jaramillo aseguró en un evento que ninguna de las bandas ha manifestado querer romper el pacto de cese al fuego y tampoco lo han comunicado oficialmente al Gobierno. “Si se rompiera, los muertos diarios podrían ser más de 10. Esto puede ser una guerra”. Sin embargo, en la práctica, la tregua ya no existe.
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En ese escenario, monseñor planteó tres razones por las que cree que se ha generado la crisis en el proceso. “Lo principal es que se ha dilatado mucho la construcción de la Ley de Sometimiento. Cuando comenzamos con la tregua, pensamos que ese iba a ser un asunto a corto plazo y eso ha desestimulado a los cabecillas de las bandas que están en las cárceles, porque no ven la ley avanzar”. De hecho, mencionó que una de las dificultades que han tenido para los acercamientos con los cabecillas máximos es que están distribuidos en al menos cuatro cárceles del país y habían pedido que fueran trasladados a la misma prisión para centrar los diálogos.
Las intenciones de paz en Buenaventura han sido frágiles. Para hacerle frente al recrudecimiento del conflicto en el Distrito, el pasado 26 de abril la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció que Shottas y Espartanos “renovaron el Pacto por la Vida acordado en 2022″, la iniciativa con la que lograron frenar los homicidios por más de tres meses. Sin embargo, la guerra en el Puerto dio un giro en junio de este año con la aparición de la que sería una cuarta banda criminal en la Comuna 12 que se hace llamar Los Jalisco.
Las alertas se encendieron la primera semana de julio con la difusión de videos de hombres vestidos de negro encapuchados y con armas de alto calibre, que se identificaban como integrantes de la banda Los Roberts y que amenazaban de muerte a Los Jalisco. Esa disputa territorial no es en vano. Dennis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el Pacífico, explicó que se debe al lugar estratégico que tiene esa comuna, que es la más grande del Distrito, colinda con la carretera que comunica el casco urbano con el Bajo Calima, y que tiene varias salidas al mar que facilitan el narcotráfico.
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Este es el segundo acto de formalización de un espacio de diálogo entre el Gobierno y bandas criminales. El primero fue el pasado 2 de junio en cárcel de Itagüí, con las bandas criminales del Valle de Aburrá (subregión conformada por 10 municipios, incluido Medellín). En ese espacio se buscaba el sometimiento de esas estructuras armadas, y según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz involucraría a unas 14.000 personas que pertenecen a entre 350 a 400 bandas y combos.
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