Paz total: consideraciones del Gobierno electo y los distintos sectores políticos

Desde que estaban en campaña, Gustavo Petro y Francia Márquez propusieron “recuperar tiempo perdido” en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz logrado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. Garantizar la vida de los firmantes de paz, implementar las reformas rural y política que se acordaron, cambiar el enfoque en tema de drogas y retomar los diálogos de paz con el Eln, fueron algunos de los puntos expuestos por la fórmula presidencial que se posesionará el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Desde que se conoció el veredicto de las urnas en la segunda vuelta del pasado 19 de junio, el Pacto Histórico empezó a diseñar lo que de forma continua han llamado “Paz total”. Desde la coalición de centro-izquierda, que por primera logró la bancada alternativa más grande del Congreso y poner a un presidente de izquierda, vienen trabajando en una propuesta cuyo enfoque es ir más allá de los procesos de paz parciales que se han firmado y generar una paz duradera y no enfocada únicamente en la terminación de conflictos armados. Con esto, el nuevo gobierno busca cerrar el capítulo del conflicto armado en el país pero sobre todo evitar un nuevo ciclo de violencia.

Y es que de acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Conep), la paz fragmentada y con demoras en la implementación, en el caso del Acuerdo de Paz con las Farc, es muy nociva para las víctimas y excombatientes por lo que en entrevista con el diario El País, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) afirmó que la paz total pasa por generar un cambio de chip para no repetir los problemas que han tenido los procesos de paz parciales.

Según dijo Cepeda a El País, uno de los congresistas que más ha impulsado la defensa de derechos humanos, el principal problema es que “hoy podemos emprender un diálogo con tal grupo, se hace un acuerdo de paz, después el acuerdo regularmente se incumple, o se incumple en un alto porcentaje. Surgen luego las disidencias, el Estado no entra a los territorios, entonces volvemos a las disidencias de las disidencias, y tenemos ya organizaciones como el llamado Clan del Golfo que es una sumatoria de disidencias. No podemos seguir por ese camino. A pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC ha significado enormes avances, el modelo que hay que aplicar es diferente y es un modelo totalizante”.

El tema ya se comienza a explorar y de hecho este fin de semana el canciller Álvaro Leyva Durán tuvo una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal y con el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, para comentar la invitación que hizo Petro a la Iglesia para que se vincule a la búsqueda de una paz completa.

La propuesta viene siendo acogida por algunos grupos al margen de la ley como el Eln, que desde la victoria de Petro en las urnas avisó su intención de retomar el proceso de paz que ya había sido iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que lo concluyó el presidente Iván Duque en 2019 tras un ataque con carro bomba a la Escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, reivindicado por esa guerrilla.

Mediante documentos y comunicados expuestos en sus diferentes canales de comunicación, el Eln ha dicho que “aquí seguimos en la ruta por hacer de Colombia un país más justo, más equitativo y democrático” y que están “en la mejor disposición para reanudar las conversaciones para llenar la paz”. “Se trata de acabar definitivamente con el narcotráfico. Para construir esa solución, el país puede contar con nosotros”, escribió recientemente Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, máximo comandante de esa guerrilla.

La idea de una paz total ha despertado el interés de todos los sectores políticos. Algunos congresistas y miembros de la coalición de Gobierno destacan el tema del fin del narcotráfico como uno de los ejes de esa paz completa. Para el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), avanzar en el tema depende de “acabar el narcotráfico vía regulación de todas las drogas”, mientras que para la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) este objetivo es “inviable mientras el narcotráfico siga financiando campañas políticas”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) enumeró algunos aspectos como “negociación con el ELN, sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y alternatividad penal para campesinos cultivadores de coca y mineros ilegales” como claves para la paz total, y Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, resaltó que la búsqueda de una paz completa es necesaria para que “las regiones puedan vivir sin miedo” y mejorar las condiciones de víctimas y campesinos. “La consolidación de la paz como eje transversal es el camino para alcanzar las transformaciones sociales y económicas de Colombia”, manifestó la directora de una de las últimas colectividades en sumarse a la bancada de gobierno

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, coincidió en que una nueva política de drogas debería ser el eje de esa paz total. “El objetivo: el Estado le quita el negocio a los criminales y regula acceso, calidad, seguridad y precio de todas las sustancias. Regular no es liberalizar para que quien quiera compre, venda o consuma”, dijo el director del Nuevo Liberalismo.

Desde la oposición, por el contrario, han llovido toda suerte de críticas a esta idea. El expresidente Andrés Pastrana la calificó como un “eufemismo” y a su juicio es una “coalición con las mafias del narcotráfico y la corrupción”. La que se perfila como una de las portavoces de la oposición en el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), mencionó ante los micrófonos de W Radio que esta propuesta del Gobierno es “el aniquilamiento del adversario” y consideró inviable la paz total si se siguen dando “amnistías e indultos a bárbaros y asesinos”.

Desde que estaban en campaña, Gustavo Petro y Francia Márquez propusieron “recuperar tiempo perdido” en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz logrado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc. Garantizar la vida de los firmantes de paz, implementar las reformas rural y política que se acordaron, cambiar el enfoque en tema de drogas y retomar los diálogos de paz con el Eln, fueron algunos de los puntos expuestos por la fórmula presidencial que se posesionará el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño.

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Desde que se conoció el veredicto de las urnas en la segunda vuelta del pasado 19 de junio, el Pacto Histórico empezó a diseñar lo que de forma continua han llamado “Paz total”. Desde la coalición de centro-izquierda, que por primera logró la bancada alternativa más grande del Congreso y poner a un presidente de izquierda, vienen trabajando en una propuesta cuyo enfoque es ir más allá de los procesos de paz parciales que se han firmado y generar una paz duradera y no enfocada únicamente en la terminación de conflictos armados. Con esto, el nuevo gobierno busca cerrar el capítulo del conflicto armado en el país pero sobre todo evitar un nuevo ciclo de violencia.

Y es que de acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular (Conep), la paz fragmentada y con demoras en la implementación, en el caso del Acuerdo de Paz con las Farc, es muy nociva para las víctimas y excombatientes por lo que en entrevista con el diario El País, el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) afirmó que la paz total pasa por generar un cambio de chip para no repetir los problemas que han tenido los procesos de paz parciales.

Según dijo Cepeda a El País, uno de los congresistas que más ha impulsado la defensa de derechos humanos, el principal problema es que “hoy podemos emprender un diálogo con tal grupo, se hace un acuerdo de paz, después el acuerdo regularmente se incumple, o se incumple en un alto porcentaje. Surgen luego las disidencias, el Estado no entra a los territorios, entonces volvemos a las disidencias de las disidencias, y tenemos ya organizaciones como el llamado Clan del Golfo que es una sumatoria de disidencias. No podemos seguir por ese camino. A pesar de que el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC ha significado enormes avances, el modelo que hay que aplicar es diferente y es un modelo totalizante”.

El tema ya se comienza a explorar y de hecho este fin de semana el canciller Álvaro Leyva Durán tuvo una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal y con el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado, para comentar la invitación que hizo Petro a la Iglesia para que se vincule a la búsqueda de una paz completa.

La propuesta viene siendo acogida por algunos grupos al margen de la ley como el Eln, que desde la victoria de Petro en las urnas avisó su intención de retomar el proceso de paz que ya había sido iniciado por el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que lo concluyó el presidente Iván Duque en 2019 tras un ataque con carro bomba a la Escuela de cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, reivindicado por esa guerrilla.

Mediante documentos y comunicados expuestos en sus diferentes canales de comunicación, el Eln ha dicho que “aquí seguimos en la ruta por hacer de Colombia un país más justo, más equitativo y democrático” y que están “en la mejor disposición para reanudar las conversaciones para llenar la paz”. “Se trata de acabar definitivamente con el narcotráfico. Para construir esa solución, el país puede contar con nosotros”, escribió recientemente Eliécer Herlinto Chamorro, alias ‘Antonio García’, máximo comandante de esa guerrilla.

La idea de una paz total ha despertado el interés de todos los sectores políticos. Algunos congresistas y miembros de la coalición de Gobierno destacan el tema del fin del narcotráfico como uno de los ejes de esa paz completa. Para el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), avanzar en el tema depende de “acabar el narcotráfico vía regulación de todas las drogas”, mientras que para la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) este objetivo es “inviable mientras el narcotráfico siga financiando campañas políticas”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) enumeró algunos aspectos como “negociación con el ELN, sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y alternatividad penal para campesinos cultivadores de coca y mineros ilegales” como claves para la paz total, y Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, resaltó que la búsqueda de una paz completa es necesaria para que “las regiones puedan vivir sin miedo” y mejorar las condiciones de víctimas y campesinos. “La consolidación de la paz como eje transversal es el camino para alcanzar las transformaciones sociales y económicas de Colombia”, manifestó la directora de una de las últimas colectividades en sumarse a la bancada de gobierno

Juan Manuel Galán, excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, coincidió en que una nueva política de drogas debería ser el eje de esa paz total. “El objetivo: el Estado le quita el negocio a los criminales y regula acceso, calidad, seguridad y precio de todas las sustancias. Regular no es liberalizar para que quien quiera compre, venda o consuma”, dijo el director del Nuevo Liberalismo.

Desde la oposición, por el contrario, han llovido toda suerte de críticas a esta idea. El expresidente Andrés Pastrana la calificó como un “eufemismo” y a su juicio es una “coalición con las mafias del narcotráfico y la corrupción”. La que se perfila como una de las portavoces de la oposición en el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), mencionó ante los micrófonos de W Radio que esta propuesta del Gobierno es “el aniquilamiento del adversario” y consideró inviable la paz total si se siguen dando “amnistías e indultos a bárbaros y asesinos”.