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Este martes se presentará en el Congreso un proyecto para que la llamada ley de orden púbico (418 de 1997), sea modificada y facilite el desarrollo de la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la “Paz total”. El documento, que se espera sea radicado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, fue conocido por El Espectador. Acá los detalles de la propuesta y el documento completo:
Como lo advirtió a inicio de esta semana el mismo Prada, el Gobierno busca, además de la prórroga de esta ley, una modificación casi completa, para avanzar de una forma más efectiva con los diálogos y procesos de paz que se adelante con distintos actores armados. El proyecto de ley reza lo siguiente: “Esta iniciativa de carácter legislativo tiene como objeto definir la política de paz de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 ‘Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones’, crea el Servicio Social para la Paz, y el Fondo para la Paz, entre otras disposiciones”.
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También así, el documento contempla lo dicho por el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, quien asegura que la política de paz sería política de Estado. Una de las adiciones que tendría esta ley, de acuerdo con el documento conocido por este diario, sería un artículo que obliga a que el Estado “asegure la convivencia pacífica, la protección de los derechos y libertades de los individuos y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las mismas oportunidades para su adecuado desenvolvimiento, el de su familia y su grupo social”.
El documento resalta que “la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos, e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”. Con esto así, quedarían comprometidas “las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.
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El proyecto no busca solamente modificar la Ley de Orden Público, sino que también hace cambios a la ley 368 de 1997, que tiene que ver con los fondos para los programas paz. Con el nuevo texto todos los recursos para la paz quedarán integrados en lo que el nuevo Gobierno ha denominado “Fondo para la Paz”. Adicionalmente, se agrega en el articulado que los gastos serán orientados y direccionados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que deberá actuar conforme a las decisiones del Presidente de la República, y del Gabinete de paz.
Quizá la propuesta más interesante en el articulado del proyecto es la creación del “Servicio Social para la paz”, que “tendría una remuneración conforme a lo también previsto para el servicio militar”. Con esta nueva figura, el Gobierno busca que los colombianos participen y desarrollen trabajo en territorio con víctimas del conflicto armado, en la promoción de sus derechos, así como en el cumplimiento de acuerdos de paz.
Una vez radicado el proyecto, el Ministerio del Interior resaltó siete de los puntos contemplados en el proyecto de ley:
1. Convertir en política de estado la Política de Paz, dando carácter vinculante para que no sean interrumpidos.
2. Propone vincularlos a los planes de desarrollo de los territorios, a los planes de sustitución de cultivo y a planes nacionales sectoriales.
3. Incorpora el concepto de Seguridad Humana como camino para la paz total.
4. Hace apertura a la generación de acuerdos parciales y totales con los diferentes actores del conflicto.
5. Propone un trabajo conjunto entre los ministerios del Gobierno para hacer de manera íntegra la implementación de una paz duradera.
6. Se propone el la realización de un Servicio Social para la Paz, alternativo para el Servicio Militar Obligatorio con posibilidad para que la juventud pueda presentar un servicio en las FFMM o en servicios de alfabetización, protección del ambiente, promoción de DDHH o protección de víctimas del conflicto.
7. Anula cuatro fondos existentes con la creación un Fondo para la Paz que articula y coordina la inversión, y posibilita una mejor rendición y veeduría ciudadana.
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El pasado lunes, el ministro Prada hizo énfasis en la necesidad de presentar estas modificaciones y de prorrogar la Ley de Orden Público para dar las condiciones a las negociaciones con grupos armados y alcanzar lo que han denominado como “paz total”. Precisamente, la ley 418 da lineamientos para la realización de los procesos de paz, el diálogo, la negociación y la firma de acuerdos, así como para facilitar el diálogo.
El Gobierno de Gustavo Petro no ha sido el primero en modificar o prorrogar esta ley, pues con cada presidencia se ha adecuado la política de paz dadas las necesidades de cada proceso. La ley fue creada durante la administración de Ernesto Samper en medio de la necesidad de dar instrumentos para desarrollar acercamientos con las guerrillas y desde entonces le han metido mano Álvaro Uribe, para hacer en 2008 el proceso con las Autodefensas Unidad de Colombia (Auc) y Juan Manuel Santos, con las Farc.