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La apuesta del presidente Gustavo Petro por conseguir la “Paz total” con distintos actores armados de Colombia tiene el pie en el acelerador. Este martes, se espera que el Ministro del Interior, Alfonso Prada, presente en el Congreso la modificación y prórroga de la ley de orden público (418 de 1997) que da instrumentos al presidente para la “búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia”. Pero, ¿qué tendrá de nuevo la ley?
De cuerdo con el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, la modificación que haría el Gobierno incluye “la idea de la política de paz como una política de Estado”. Según explica el legislador, “no será solamente el alto comisionado para la paz, sino también el conjunto de los ministros y las ministras que tendrán a su cargo desarrollar distintos aspectos de la política en este campo (paz)”.
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Adicionalmente, dice Cepeda, “cada Ministerio deberá, desde su competencia, desarrollar aspectos complementarios de la política de paz total”. Dentro de lo que manifiesta el congresista, un aspecto llamativo de lo que sería esta reforma, es la supuesta abolición del servicio militar obligatorio “y se genera una alternativa para los jóvenes de Colombia y es prestar un servicio social para la paz”.
El servicio social mencionado contempla que los jóvenes ayuden a “implementar el Acuerdo de 2016 firmado con las Farc, buscar que se alfabetice a poblaciones rurales en las técnicas digitales e igualmente da posibilidad de que los jóvenes trabajen en esas zonas rurales con las víctimas”.
Estos detalles responderían a los anuncios hechos el pasado lunes por el ministro del Interior, quien dijo que además de la prórroga, los cambios constituirían casi que una nueva ley de paz, en la que, según dijo, estarían respaldados por varias bancadas en el Congreso. Esta reforma, que es de alto interés para el gobierno Petro, debería, según el presidente del Senado, Roy Barreras, ser priorizada para su aprobación.
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