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Una de las promesas de campaña de Gustavo Petro fue la eliminación del servicio militar obligatorio. Por eso no fue sorpresa que en la ley de “paz total”, que es la prorroga de la ley 418 de 1997, se incluyera un punto en el que se proponía sustituir paulatinamente el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz. El tema causó alguna que otra polémica en la discusión en el debate conjunto del proyecto en Comisiones Primera, pero al final pasó sin problema.
Sin embargo, este lunes el proyecto fue discutido en el Senado y allí se hundió el punto de la sustitución progresiva del servicio militar obligatorio. Tras el fracaso de este punto, hubo señalamientos a algunos de la bancada del Pacto Histórico que no estaban presentes y por los que no habría logrado las mayorías necesarias para aprobar este punto esencial para las promesas de campaña. Los señalados salieron a excusarse y aseguraron en la mayoría de los casos que tenían razones aceptadas por la ley para no asistir.
Más allá de la controversia por la inasistencia de algunos, el mencionado artículo, que será debatido en las próximas horas en Cámara, encierra un debate importante frente a cuál debe ser el futuro del servicio militar obligatorio en un país que busca apostarle a una “paz total”. En su momento, con el acuerdo de paz con las Farc se puso sobre la mesa el tema, pero la reactivación de la violencia en distintos territorios del país hizo que el debate pasara a segundo plano.
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No obstante, la llegada de un gobierno progresista y de un Congreso que en buena parte sigue esta línea ha hecho que el tema resurja. Las posiciones frente al servicio militar obligatorio son variadas y se vieron desde ayer en el debate de Senado. Por ejemplo, las posiciones en contra iban desde que no era la forma de tramitar el cambio de enfoque en el servicio militar, hasta que no es el momento para este tipo de debates.
La senadora Paloma Valencia fue una de las que se ajustó a ambos argumentos. Esta aseguró en el debate de este martes que no se podía tramitar este artículo puesto que “el origen del servicio militar es constitucional, no se puede incluir en una ley”. En este sentido señaló que el propio ministro de Defensa ha dicho que no se puede reemplazar esta figura.
“No sé cómo van a manejar la incorporación de los jóvenes. Una cosa es la incorporación de hombres y mujeres y otro es el servicio social. De dónde van a sacarse los recursos. Debe formularse el artículo de mejor manera”, fueron otras de las objeciones expresadas por Valencia en la jornada del lunes.
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Precisamente el bloque del Centro Democrático fue uno de los principales opositores al artículo. La senadora Paola Holguín reiteró que un tema constitucional no podía cambiarse a través de una ley. A esto añadió que ya en el Congreso se estaba tramitando un acto legislativo que sí cumpliría con los criterios constitucionales. Además, dijo que la ley ya contempla desde hace mucho tiempo alternativas para el servicio militar obligatorio.
En otro apartado, Paola Holguín señaló que era inconveniente hablar en estos momentos de cambios de enfoque en el servicio social debido a que “no contamos con el suficiente pie de fuerza para atender la materia de seguridad que se necesita. No tenemos el suficiente pie de fuerza de soldados profesional”
“Si se quiere ir destruyendo el servicio militar, con la excusa de la paz, es mejor que lo digan de frente”, acotó la senadora María Fernanda Cabal, que agregó: “Van a terminar golpeando a la fuerza pública porque se necesitan esas personas para prestar un servicio que constitucional”.
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Una posición muy similar expresó el senador Miguel Uribe en diálogo con este diario en la jornada de este martes. El cabeza de lista del Centro Democrático compartió la tesis de que el “el servicio militar es de rango constitucional y vía ley no se puede modificar”. Además, tildó la propuesta de “irresponsable y absurda”.
Para este, no sería el momento adecuado para debilitar las fuerzas. Uribe Turbay consideró que la eliminación del servicio militar obligatorio debería hacerse de forma paulatina y no debe desincentivara los que actualmente son reclutados: “El servicio militar obligatorio debe tener todas las garantías para que los jóvenes tengan las oportunidades necesarias”.
En las discusiones de reemplazar el servicio militar hay un punto medio, en el que se señala que se debe ir hacia esta meta, pero que no es necesario tramitar ninguno de los proyectos de ley y acto legislativo que se están trabajando en el Congreso sobre el tema. Para el exsenador Luis Fernando Velasco, hoy consejero de las regiones, un texto que tramitó en 2017 sería la respuesta a este debate.
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“No nos desgastemos, ya a existe la norma. El Ministerio de Defensa debe emitir un decreto que reglamente ese tema. Lo que se necesita es la reglamentación”, expresó Velasco, haciendo referencia al artículo 64 de la ley 1861 de 2017.
“De acuerdo a las necesidades de la Fuerza Pública y las condiciones de orden público, el gobierno nacional de manera progresiva incorporará el servicio militar obligatorio un componente social, el cual estará orientado a la protección de los derechos humanos y la construcción de condiciones para erradicar la violencia”, afirmó Velasco, para quien este punto ya reglamenta los cambios en el servicio militar y lo único que haría falta es un decreto del ministro de Defensa que estipule las alternativas.
Contrario al Centro Democrático y Velasco, hay otros sectores que consideran que se debe tramitar, sea a través de la “paz total” o de un acto legislativo, la transición hacia un servicio social que sea alternativa al servicio militar obligatorio. “En un proceso de paz debe ir un proceso de menos militarización del país. Que un joven pueda presentar un servicio distinto a tomar las armas”, declaró Humberto de la Calle a este diario. Precisamente este es uno de los autores de un proyecto de acto legislativo para entrar a acabar el servicio militar.
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Para De la Calle, es mejor la vía que proponen, puesto que es muy posible que la Corte Constitucional establezca que el servicio militar no se puede cambiar a través de ley, porque es una cuestión consagrada en la Constitución. A renglón seguido señaló que el servicio militar es altamente desigual, porque los estratos altos encuentran la forma de evadir este requisito y hacen que solo presten servicio los de los estratos 1,2 y 3.
“Si las clases altas prestaran servicio, habríamos evitado muchos años de conflicto. Se hubieran dado cuenta de lo que significa prestar servicio. Es momento normalizar la situación y que los militares sean voluntarios”, aseveró el exjefe negociador del proceso de paz con las Farc, que luego agregó: “No queremos desmantelar las fuerzas militares, porque hemos dicho que en caso de guerra se mantendría el servicio militar obligatorio”.
Más allá de los comentarios del senador, algunas organizaciones civiles también entraron a defender la propuesta de superar el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de conciencia dieron múltiples razones por las que se debería terminar con la figura.
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Alejandro Parra, uno de los investigadores jurídicos de la organización, señaló que es necesario superar “el modelo anacrónico” del servicio militar puesto que encierra múltiples inequidades e injusticia. “Es importante eliminarlo porque realmente no es obligatorio. Se planteaba que era obligatorio porque, sin distinción de clase u origen, todos debían prestar el servicio. Se supone que deberían hacerlo todos, pero la corrupción lo impide”, señaló el experto.
De acuerdo con Parra, y con cifras que habrían obtenido del propio Ministerio de Defensa, el 98% de los reclutados vienen de los estratos 1,2 y 3, mientras que los estratos altos buscarían vacíos legales y hasta actos irregulares para conseguir la libreta militar y así salvarse de prestar servicio: “Es el histórico negocio de ventas de libretas militares. No hay un interés por controlarlo. Se percibe un nivel de lucro importante de efectivos en ese negocio. El Ejército controla todo el proceso y no hay fiscalización”.
La organización de Parra hace otras denuncias para señalar que es poco conveniente esta figura. Entre ellas expresa que hay una alta tasa de suicidios entre los jóvenes que prestan servicio militar: “El promedio de suicidio por batallón es de 50 o 52 jóvenes anual”. En este sentido también dijo que las cuotas de reclutamiento que fija el Ejército hacen que se cometan irregularidades y que no haya verdadero filtro frente a las personas que se están llevando, lo que incluso generaría problemas de comportamiento y actos delictivos al interior de las instalaciones militares.
Para argumentar su punto, Parra también recurrió al tema de la poca efectividad que implicaría el reclutamiento obligatorio frente a temas de seguridad. “Más del 70% de los que prestan servicio no realizan labores de patrullaje y no están en el territorio. Están más bien en labores de instrucción: polígono, entrenamiento y no están garantizando la seguridad”, expresó Parra, que luego comentó que la gran mayoría de jóvenes no pueden ser llevados a combates ante la poca preparación y que, los que son llevados, muchas veces mueren en la confrontación armada por “la baja preparación que tienen”.
Alejandro Matta, reconocido por su lucha en tema de libertades individuales como el consumo de drogas o la eutanasia, también habló con El Espectador sobre la eliminación del servicio militar obligatorio. En primer lugar, Matta cuestionó la coordinación entre gobierno y su coalición: “Parece muy fragmentada, si eso no se coordina, los proyectos van a terminar con estas dificultades de aprobación. Hay que hacer ese llamado a la coalición”.
Por otro lado, dijo que no debería darse el debate de si los cambios al servicio militar son por reforma constitucional o ley ordinaria. “Los condicionales constitucionales no dice que el servicio es obligatorio, solo cuando hay guerra. El punto es que se puede hacer por vía legal”, aseveró el experto.
Por otro lado, entró argumentar sobre la necesidad de eliminar el servicio militar obligatorio bajo el principio de que no puede haber una consagración constitucional o legal que atente directamente con el desarrollo del plan de vida de forma autónoma. “No debería existir ningún tipo de función de orden obligatorio desde el Estado porque desconoce la potestad sobre el cuerpo”, expresó Matta.
Los reparos sobre los actuales proyectos
Tanto Parra como Matta están de acuerdo con la eliminación del servicio militar obligatorio, pero ambos han presentado objeciones a los distintos proyectos que se han presentado en el Congreso.
En cuanto al miembro de la acción colectiva de Objetores y Objetoras, este rescató que es un gran avance las propuestas, pero aún así tienen “unas preocupaciones” como que se siguen incentivando las sanciones para los que no tengan libreta militar. En este sentido también señaló que se está proponiendo la creación de un documento análogo a la libreta militar, en la que se certifique el servicio social, por lo que se podría estar dando continuidad a los vicios que actualmente hay en cuanto a la documentación.
En un sentido parecido comentó que se cometen los mismos vicios del servicio militar, pues el tiempo es muy corto para que un servicio social se haga con la experticia que exige el tema. “18 meses no es tiempo suficiente para trabajar con comunidades. Se van a terminar llevando jóvenes forzados”, comentó Parra, que también cuestionó los puntos en los que se declara el servicio social como obligatorio para las mujeres: “En términos de inequidad de género, las mujeres asumen tareas de cuidado desde jóvenes. Y ahora, a las mujeres les dirán que tienen que prestar el servicio social”.
En cuanto a Matta, este comentó que hay una falencia en todos los proyectos y parte de que el sistema de servicio social obligatorio también entra a violentar el principio de autonomía: “todo debe ser voluntario”. Este cuestionó que se hable de un servicio a la patria como una forma de ir más allá de la autonomía de la persona: “la noción de patria evoca cierta idea donde lo general prima sobre los derechos individuales, y la constitución deja claro que la garantía del Estado es la de los derechos individuales”.
Por otro, llamó a atención en que todos los proyectos son incompletos en cuanto a que eliminan el servicio militar obligatorio, pero no buscan hacer un cambio en el régimen de reclutamiento para que la reforma no entre a disminuir el pie de fuerza. A consideración de Matta, el proyecto debería venir acompañado de una revisión del régimen de ascensos, incorporación y sueldos en la Fuerza Pública. “No podemos avanzar en la eliminación del servicio obligatorio sin el régimen de incorporación voluntaria. Hay que entender que hay conservar la existencia de la Fuerza Pública”, concluyó el experto.