Gobierno alertó que equipos contaminados con Pegasus habrían sido destruidos
El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero, y la Dirección de Inteligencia le reconocieron al Congreso que aún no hay prueba de que ese software espía siga activo. El Ejecutivo mantiene diálogos con Israel por este escándalo.
El Gobierno de Gustavo Petro le reconoció al Congreso, en una sesión reservada que se realizó en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, que tiene la certeza de que el software espía de origen israelí Pegasus sí habría operado en Colombia, aunque admitió que, hasta el momento, no han encontrado una prueba de que aún exista. Incluso, advirtió que los equipos en los cuales estuvo operando habrían sido destruidos.
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El Gobierno de Gustavo Petro le reconoció al Congreso, en una sesión reservada que se realizó en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, que tiene la certeza de que el software espía de origen israelí Pegasus sí habría operado en Colombia, aunque admitió que, hasta el momento, no han encontrado una prueba de que aún exista. Incluso, advirtió que los equipos en los cuales estuvo operando habrían sido destruidos.
El Espectador conoció algunos de los detalles de lo que se dialogó este miércoles en el encuentro que dio a puerta cerrada, porque, por ley, todas las operaciones de esa comisión gozan de reserva. Según confirmaron algunos de los que estuvieron en esta citación, ya se conocerían los nombres de quienes recibieron a los ciudadanos israelíes.
Las puertas de la Comisión se cerraron cerca del mediodía y volvieron a abrirse pasadas las tres de la tarde, cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se sentó junto al senador Antonio José Correa (Partido de la U), quien presidió la sesión, y Jahel Quiroga (Pacto Histórico), para dar las declaraciones finales. Los otros congresistas citados en la reunión prefirieron mantener el silencio sobre lo discutido: Karmen Ramírez (Pacto Histórico), Andrés Calle (Partido Liberal), Fernando Niño (Partido Conservador), Iván Name (Alianza Verde) y Paola Holguín (Centro Democrático).
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Este diario supo que en el encuentro se anunció que las autoridades ya tendrían los nombres de quienes recibieron a los ingenieros israelíes de NSO que tocaron piso colombiano para efectuar el intercambio del software—y declararon a Migración que eran integrantes de la Policía israelí—, que incluirían tanto a civiles como integrantes de la Policía. Solo faltaría una confirmación que tampoco es menor: la de las autoridades israelíes que, a pesar del rompimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, mantienen una comunicación directa con el Gobierno de Petro para este caso.
Además, se habló sobre la posibilidad de que los equipos que contuvieran el software en Colombia ya habrían sido destruidos para no dejar rastro alguno de Pegasus. Esto fue reconocido por la cabeza de la cartera de defensa, quien también admitió que no existe una pista que pueda acercarlos a dar con la verificación de la compra: “Si para la manipulación del software se utilizó un equipo, es de sentido común que, dadas las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido. Difícilmente vamos a encontrar en alguna dependencia, en alguna residencia, en algún lugar en el país, el equipo donde aparezca”.
Y advirtió: “A esta adquisición se llegó mediante operaciones encubiertas, ¿de parte de quién?, no sabemos todavía, pero, evidentemente, y es por lo menos una conclusión mía apoyado en las verificaciones que se han hecho por parte de los organismos de inteligencia, es una operación que se hace sin dejar registros o adulterando registros. Es decir, sobre el supuesto de que se hubieran utilizado gastos reservados, ya los organismos de inteligencia han definido en la revisión efectuada que no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. En los inventarios no hay ningún software Pegasus registrado”.
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En el recinto también estuvieron presentes las cabezas de la Policía Nacional, el general William Salamanca; la Unidad de Análisis de Información Financiera, Luis Eduardo Llinás Chica; y la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus. El pasado 18 de septiembre, esos mismos funcionarios habían pasado por los pasillos del Congreso para responder sobre ese tema y, en ese entonces, la respuesta fue similar: Pegasus sí llegó a Colombia, pero no hay indicio, en ningún lado, de la compra. La situación sería otra, de acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, quien señaló que el documento que la UIAF le entregó a la Casa de Nariño y esta le remitió a la Fiscalía por competencia, puede certificar que la transacción se realizó.
Este martes, la procuradora Margarita Cabello, cercana al exfiscal Francisco Barbosa y el exmandatario Iván Duque, y opositora al “Gobierno del cambio”, afirmó que no se había encontrado evidencia de la compra o existencia de ese programa. Tras esa declaración, Petro dijo que mentía.
Y es que, tras la investigación del medio israelí Hareetz, que reveló que el software había sido comprado por Colombia en 2021, el jefe de Estado volvió a traer al ruedo la denuncia en pleno paro camionero, lo que le valió críticas, y la Fiscalía comenzó a indagar sobre lo ocurrido. Ese 4 de septiembre, Petro aseveró que se habría firmado un contrato entre NSO Technologies y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) para realizar la compra, completada con un dinero que llegó en efectivo por avión desde Bogotá hasta Tel Aviv , Israel. En ese entonces, Petro señaló que el software se habría utilizado para espiar a “la principal fuerza opositora”.
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“¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional o en las oficinas de transacciones? ¿Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de quiénes?”, cuestionó el presidente en ese momento. Hasta ahora, las preguntas no han podido ser respondidas por ninguna entidad del Estado, ni por exfuncionarios.
De parte del Congreso, los integrantes de la Comisión ya buscan una reunión en la Casa de Nariño con el mismo presidente, quien ha revelado la mayor parte de la información sobre Pegasus, acompañados de la fiscal general y el ministro Velásquez. Incluso, ya hicieron un llamado a la Knéset (el homólogo israelí del Congreso) “para que [les] brinde toda la colaboración para que [puedan] contribuir con el esclarecimiento de la verdad”, como indicó el senador Correa. El citante también pidió “que los responsables paguen de manera ejemplarizante por estos delitos y les caiga todo el peso de la ley”.
El oficialismo, por su lado, también ha tomado otras vías para tratar de indagar sobre la participación (y responsabilidad) de los funcionarios del Gobierno Duque. El senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) había ido a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a denunciar al expresidente por la presunta compra y uso del software espía Pegasus. Este martes, volvió a esa instancia para agregar a la lista delitos como lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad, entre otros.
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Ante la Fiscalía, el representante Alejandro Toro (Pacto Histórico) radicó una denuncia contra el exministro de Defensa, Diego Molano; el exdirector de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas; y el exdirector de la Dirección de Inteligencia Policial, Norberto Mujica, para “determinar si incurrieron en alguna conducta punible”.
Hasta ahora, la información que se ha conocido sobre el caso ha llegado por parte de la Revista Raya, que ha publicado sus investigaciones bajo una alianza con Señal Colombia. Tanto Edinson Bolaños, el director y fundador de la revista, como Hollman Morris, el director del Sistema de Medios Públicos RTVC, estuvieron en la sesión en calidad de invitados, y sus nombres, así como el de la fiscal Angélica Monsalve, quien asegura que cuenta con relatos que pueden atestiguar el uso de Pegasus en el país, fueron mencionados por Correa para que las autoridades tomen las vías adecuadas para su protección.
Dentro de todo eso, mientras el Congreso y las entidades no tienen una forma de certificar la compra del software, que ya es objeto de investigación por los videos que certifican la llegada de ciudadanos israelíes a suelo colombiano, los funcionarios no hallan la forma, ni los responsables a gran escala, de un operativo que pondría, según los cuestionamientos de los congresistas, en peligro la inteligencia colombiana. Por lo pronto, el presidente se mantiene en que Pegasus es el legado de la persecución a la que fue sujeto su proyecto político.
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