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Desde el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó este miércoles nuevos detalles sobre las investigaciones que se adelantan en diferentes frentes para conocer quiénes fueron los responsables de la supuesta compra irregular del software espía Pegasus, de la compañía israelí NSO Group. Las declaraciones se dieron en el marco de un debate de control político de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado.
Al término de la diligencia, Velásquez aseguró que desde el gobierno de Gustavo Petro consideran que se trata de un tema “muy grave para el país, para la democracia y los derechos humanos”. Según el ministro, van a llegar hasta el final para conocer la verdad y cuentan con el respaldo de las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía General.
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“Hay, como ya todos sabemos, una realidad y es que se llegó a la adquisición de un software de estas características invasivas, violatorias de los derechos humanos. A dicha adquisición se llegó mediante operaciones encubiertas, no sabemos todavía de quién”, dijo el ministro Velásquez, quien agregó que no hay registro de ningún rubro oficial destinado para tal fin, pero que la realidad es que Pegasus sí llegó a Colombia.
El ministro explicó que, de acuerdo con la información a la que han accedido, la licencia para el funcionamiento de Pegasus debía haberse actualizado, al menos anualmente, por lo que puede asegurar que este Gobierno no ha destinado recursos con ese propósito.
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El funcionario de Petro reconoció que es complejo encontrar una ubicación del software, pero que eso no excluye la opción de saber cómo fue adquirido, quién lo autorizó y, probablemente, cómo y contra quiénes se utilizó. “Hay una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y se ha conformado adicionalmente un equipo de apoyo integrado por el jefe anticorrupción de la Dijín y la jefa de contrainteligencia de la Dipol”, agregó.
Por otra parte, el ministro le dio crédito a las revelaciones sobre los vuelos en los que, aparentemente, habrían llegado directivos de NSO Group a Colombia para llevarse, en efectivo, los 11 millones de dólares que habría costado el sistema. Según el propio presidente Gustavo Petro, en medio de este proceso se habría configurado el delito de lavado de activos.
Finalmente, Velásquez confirmó que la Fiscalía enviará una comisión a Israel para avanzar en la investigación, pues, explicó, la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país no impide una cooperación entre las autoridades.
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