¿Persecución en la Universidad de Medellín por el caso Julián Bedoya?

En medio de la felicidad por haberse recibido como profesionales, varios estudiantes de derecho de la Universidad de Medellín, que se graduaron el 1° de marzo de 2019, expresaron su sorpresa y molestia porque junto a ellos recibía su cartón de abogado el senador Julián Bedoya. Algunos se preguntaban en qué momento el político había cursado la carrera, cuando nunca lo habían visto en las aulas, mientras que otros lo cuestionaban por los señalamientos e investigaciones que tenía para ese momento. Esta primera incomodidad solo fue la antesala de todas las complicaciones que trajo para la institución y sus alumnos las posteriores investigaciones por las supuestas irregularidades en la titulación exprés del legislador liberal.

La gesta de Bedoya -volver a la universidad poco menos de una década después de haber pausado sus estudios para presentar y aprobar 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en solo cuatro jornadas- puso la lupa de las autoridades tanto en la institución como en los profesores, directivos, rector y el propio congresista. Por eso es que Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría y hasta el Ministerio de Educación han iniciado pesquisas para aclarar lo que pasó a finales de 2018, cuando el congresista antioqueño regresó al claustro y aprobó todo los requisitos para graduarse en menos de cuatro meses. Lo cierto es que los distintos procesos se tradujeron en una gran inestabilidad e incertidumbre para la institución.

En febrero de este año, Néstor Hincapié, rector de la Universidad de Medellín desde 2000, presentó su renuncia por estos hechos, mientras que la situación en el interior del claustro se hacía cada vez más difícil ante los señalamientos de corrupción, las dudas frente el proceso de reacreditación que se llevaba a cabo ante el Ministerio de Educación, previo a que estallara el escándalo, y los pedidos de mayor transparencia y participación por parte de los estudiantes. Exigieron que se le quitara el título a Bedoya y un revolcón en el interior de la institución, considerando que no tenían participación en el gobierno de la universidad y que esta supuestamente se comportaba como un directorio político de los liberales del departamento, enfoque instaurado por Hincapié.

Varios alumnos que han sido parte de los reclamos han denunciado que la respuesta de la universidad fue una dura persecución, que incluso tendría a uno de ellos en riesgo de ser expulsado. Se trata del estudiante de derecho Germán Arenas, uno de los que más ha pedido respuesta por el caso Bedoya. El pasado 3 de diciembre le llegó una citación a descargos por un proceso disciplinario en su contra por una columna de opinión en la que criticaba a la institución y la situación que se vivía desde hace poco más de un año. Supuestamente, el texto pudo haber violado varios artículos del reglamento de la universidad, que exige que los estudiantes tengan un tratamiento respetuoso con la comunidad y que se evite la “elaboración o difusión de escritos que contengan alusiones grotescas, denigrantes, infamantes o amenazantes”.

El escrito en cuestión es una sátira que Arenas publicó el 12 de junio en el sitio alponiente.com. Según el estudiante, “quería criticar la reforma estatutaria, que no nos tenía en cuenta y estableció un montón de requisitos para ser representante estudiantil, pero ninguno para ser rector”. La columna cuestiona la situación tras el escándalo de Bedoya, el poderío del exrector Hincapié en la administración interina y la disparidad de requisitos para ser representante estudiantil. Y habla, en tono de burla, de unos requisitos muy fáciles de cumplir para ser rector, mientras que los estudiantes tendrían que, incluso, “haber añadido cinco tesis a las 95 de Martín Lutero escritas en 1517”.

El 1° de julio, Arenas recibió un pedido de rectificación del sucesor de Hincapié, César Guerra Arroyave. Para el nuevo rector, se trataba de “afirmaciones dirigidas a injuriar tanto a la Universidad de Medellín como institución, como al rector de la misma, sus directivos y a todos los que participan de la comisión redactora de la reforma estatutaria”. Guerra también señaló que el texto lo había afectado en su “patrimonio moral”, pues en el apartado de las exigencias para ser rector se hablaba de “transferir el 50 % de su salario” a Hincapié para que este pueda ejercer sus funciones “de control, vigilancia y titiritazgo” y “desaparecer una caja llena de denuncias de actos de abuso y acoso sexual”.

“Sus opiniones (las de Arenas) respecto a la reforma no dejan de ser una injuria que raya en lo calumniosa, de las que no se aporta prueba”, le dijo, dándole un plazo de 24 horas para retractarse o “se emprenderían las acciones legales que correspondan”. El 3 de agosto, Arenas respondió que no tenía nada que rectificar, pues su escrito era satírico y “respetaba todos los estándares de libertad de expresión desarrollados por la honorable Corte Constitucional”. E invitó al nuevo rector a ser respetuoso de la crítica y ser “el primer defensor de la libertad de expresión y opinión” en la universidad. Desde entonces no había noticia de posibles acciones legales o disciplinarias, hasta este mes, cuando llegó la citación a descargos.

Según el estudiante, la acción disciplinaria es una muestra de que no toleran la crítica y es un intento de amedrantamiento, debido a que el 3 de noviembre presentó una tutela en la que señalaba que se habían violado los derechos políticos de los alumnos, ya que en la reforma estatutaria no se incluyó su participación con voz y voto. “No es coincidencia, ¿por qué no lo hicieron en julio? Les mostramos que hay una seria irregularidad que les puede tumbar toda la reforma y la elección del nuevo rector, y pedíamos que suspendieran la elección hasta que se solucionara esto”, comentó Arenas. Ante el caso, la exrelatora para libertad de expresión de la CIDH Catalina Botero señaló en redes que “un proceso disciplinario por eso -la columna- es desproporcionado. Si siguen adelante no hay duda de que estarían violando el artículo 20 (de la Constitución)”.

Por otro lado, la Universidad de Medellín contestó a este diario que “en ningún momento se está atacando la libertad de expresión”. Asimismo, aseguró que no se ha tomado ninguna determinación, sino que se están investigando posibles faltas ante la notificación de la columna por parte de la rectoría y respuesta negativa de una rectificación. Además, comentó el decano de derecho, José Luis Jiménez, el estudiante tiene todas las garantías, en las que se incluye una comisión de investigación con la representante estudiantil y un vocero de los egresados que es un juez penal del circuito, “que puede decir si hay delito”. “El desarrollo de la investigación dirá si es sátira o falta de respeto”, enfatizó.

El decano negó que sea una retaliación, pues la notificación de la columna, supuestamente, llegó de rectoría el 30 de octubre, días antes de la instauración de la tutela. Sin embargo, aunque el decano insistió en que la universidad no se había pronunciado frente al escrito, Beatriz Oquendo, jefe de comunicaciones, aseguró que lo de Arenas “no es una sátira” porque “flagrantemente dice que el doctor César Guerra le entrega la mitad de su sueldo al exrector Hincapié y se escondieron expedientes de violencia sexual”. Y recalcó que, al firmar la matrícula, los estudiantes asumen un reglamento por el que se deben regir y en el que, a su luz, Arenas se habría extralimitado. A pesar de dar su concepto, Oquendo aseguró que se han dado todas las garantías.

Frente a esos últimos señalamientos hechos por la directiva, el estudiante respondió “que aprendan a leer”, pues nunca he dicho que el actual rector esté entregando parte de su salario, sino que se “está ridiculizando que el gobierno universitario siga manejado bajo los designios de Néstor Hincapié”. También expresó que no se ha dicho que fue Guerra el que desapareció la caja con denuncias de violencia sexual, sino que este no ha hecho nada para esclarecer lo sucedido. Arenas hace referencia a una campaña que llevó a cabo un colectivo feminista de la institución para que en una caja se metieran denuncias anónimas de casos de violencia de género en la universidad, pero esta se perdió. Al reclamar por la desaparición, desde las redes de la institución se respondió de forma burlona: “Nosotros no la tenemos” y “que aparezcan también las sombrillas”.

Pero más allá de este proceso disciplinario, Arenas expresó que los choques con el rector no son nuevos y que incluso en un evento lo habría llegado a tildar de “peligroso”. Este hecho habría ocurrido en una conferencia convocada por el estudiante, en el que se invitó a expertos del Banco Mundial. Específicamente una de estos le habría dicho a Guerra que tenía un gran líder en su institución, y este habría respondido “sí, yo sé, pero él puede ser peligroso”. Aunque la experta confirmó este diálogo, El Espectador cuestionó a la institución sobre este episodio y fue negado. Para el estudiante, estos hechos hacen parte de una actitud persecutoria desde la universidad que inició “cuando pedimos que se anulara el título de Bedoya y se organizó la asamblea general de estudiantes”.

Para ilustrar la situación, señala que en una ocasión habrían panfleteado la universidad señalándolo a él y a una compañera, Sara Jaramillo, de ser infiltrados de la de Antioquia y de tener intereses ocultos. Jaramillo, que ahora es representante estudiantil, confirmó que estas acciones comenzaron con el lío del título del senador liberal, pues antes sus reclamos eran resueltos con “pañitos de agua tibia, y con ese escándalo nos vieron como un peligro. La universidad se venía moviendo como un directorio político y esta situación lo evidenció aún más y demostró cómo era la relación con el Partido Liberal”. También agregó que las acciones contra ellos incluyeron comentarios de profesores y hasta amenazas anónimas, que abarcaron la publicación de información sobre la beca que tenía Arenas y la financiación de esta, unos datos que únicamente debería tener la institución.

En medio de la felicidad por haberse recibido como profesionales, varios estudiantes de derecho de la Universidad de Medellín, que se graduaron el 1° de marzo de 2019, expresaron su sorpresa y molestia porque junto a ellos recibía su cartón de abogado el senador Julián Bedoya. Algunos se preguntaban en qué momento el político había cursado la carrera, cuando nunca lo habían visto en las aulas, mientras que otros lo cuestionaban por los señalamientos e investigaciones que tenía para ese momento. Esta primera incomodidad solo fue la antesala de todas las complicaciones que trajo para la institución y sus alumnos las posteriores investigaciones por las supuestas irregularidades en la titulación exprés del legislador liberal.

La gesta de Bedoya -volver a la universidad poco menos de una década después de haber pausado sus estudios para presentar y aprobar 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en solo cuatro jornadas- puso la lupa de las autoridades tanto en la institución como en los profesores, directivos, rector y el propio congresista. Por eso es que Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría y hasta el Ministerio de Educación han iniciado pesquisas para aclarar lo que pasó a finales de 2018, cuando el congresista antioqueño regresó al claustro y aprobó todo los requisitos para graduarse en menos de cuatro meses. Lo cierto es que los distintos procesos se tradujeron en una gran inestabilidad e incertidumbre para la institución.

En febrero de este año, Néstor Hincapié, rector de la Universidad de Medellín desde 2000, presentó su renuncia por estos hechos, mientras que la situación en el interior del claustro se hacía cada vez más difícil ante los señalamientos de corrupción, las dudas frente el proceso de reacreditación que se llevaba a cabo ante el Ministerio de Educación, previo a que estallara el escándalo, y los pedidos de mayor transparencia y participación por parte de los estudiantes. Exigieron que se le quitara el título a Bedoya y un revolcón en el interior de la institución, considerando que no tenían participación en el gobierno de la universidad y que esta supuestamente se comportaba como un directorio político de los liberales del departamento, enfoque instaurado por Hincapié.

Varios alumnos que han sido parte de los reclamos han denunciado que la respuesta de la universidad fue una dura persecución, que incluso tendría a uno de ellos en riesgo de ser expulsado. Se trata del estudiante de derecho Germán Arenas, uno de los que más ha pedido respuesta por el caso Bedoya. El pasado 3 de diciembre le llegó una citación a descargos por un proceso disciplinario en su contra por una columna de opinión en la que criticaba a la institución y la situación que se vivía desde hace poco más de un año. Supuestamente, el texto pudo haber violado varios artículos del reglamento de la universidad, que exige que los estudiantes tengan un tratamiento respetuoso con la comunidad y que se evite la “elaboración o difusión de escritos que contengan alusiones grotescas, denigrantes, infamantes o amenazantes”.

El escrito en cuestión es una sátira que Arenas publicó el 12 de junio en el sitio alponiente.com. Según el estudiante, “quería criticar la reforma estatutaria, que no nos tenía en cuenta y estableció un montón de requisitos para ser representante estudiantil, pero ninguno para ser rector”. La columna cuestiona la situación tras el escándalo de Bedoya, el poderío del exrector Hincapié en la administración interina y la disparidad de requisitos para ser representante estudiantil. Y habla, en tono de burla, de unos requisitos muy fáciles de cumplir para ser rector, mientras que los estudiantes tendrían que, incluso, “haber añadido cinco tesis a las 95 de Martín Lutero escritas en 1517”.

El 1° de julio, Arenas recibió un pedido de rectificación del sucesor de Hincapié, César Guerra Arroyave. Para el nuevo rector, se trataba de “afirmaciones dirigidas a injuriar tanto a la Universidad de Medellín como institución, como al rector de la misma, sus directivos y a todos los que participan de la comisión redactora de la reforma estatutaria”. Guerra también señaló que el texto lo había afectado en su “patrimonio moral”, pues en el apartado de las exigencias para ser rector se hablaba de “transferir el 50 % de su salario” a Hincapié para que este pueda ejercer sus funciones “de control, vigilancia y titiritazgo” y “desaparecer una caja llena de denuncias de actos de abuso y acoso sexual”.

“Sus opiniones (las de Arenas) respecto a la reforma no dejan de ser una injuria que raya en lo calumniosa, de las que no se aporta prueba”, le dijo, dándole un plazo de 24 horas para retractarse o “se emprenderían las acciones legales que correspondan”. El 3 de agosto, Arenas respondió que no tenía nada que rectificar, pues su escrito era satírico y “respetaba todos los estándares de libertad de expresión desarrollados por la honorable Corte Constitucional”. E invitó al nuevo rector a ser respetuoso de la crítica y ser “el primer defensor de la libertad de expresión y opinión” en la universidad. Desde entonces no había noticia de posibles acciones legales o disciplinarias, hasta este mes, cuando llegó la citación a descargos.

Según el estudiante, la acción disciplinaria es una muestra de que no toleran la crítica y es un intento de amedrantamiento, debido a que el 3 de noviembre presentó una tutela en la que señalaba que se habían violado los derechos políticos de los alumnos, ya que en la reforma estatutaria no se incluyó su participación con voz y voto. “No es coincidencia, ¿por qué no lo hicieron en julio? Les mostramos que hay una seria irregularidad que les puede tumbar toda la reforma y la elección del nuevo rector, y pedíamos que suspendieran la elección hasta que se solucionara esto”, comentó Arenas. Ante el caso, la exrelatora para libertad de expresión de la CIDH Catalina Botero señaló en redes que “un proceso disciplinario por eso -la columna- es desproporcionado. Si siguen adelante no hay duda de que estarían violando el artículo 20 (de la Constitución)”.

Por otro lado, la Universidad de Medellín contestó a este diario que “en ningún momento se está atacando la libertad de expresión”. Asimismo, aseguró que no se ha tomado ninguna determinación, sino que se están investigando posibles faltas ante la notificación de la columna por parte de la rectoría y respuesta negativa de una rectificación. Además, comentó el decano de derecho, José Luis Jiménez, el estudiante tiene todas las garantías, en las que se incluye una comisión de investigación con la representante estudiantil y un vocero de los egresados que es un juez penal del circuito, “que puede decir si hay delito”. “El desarrollo de la investigación dirá si es sátira o falta de respeto”, enfatizó.

El decano negó que sea una retaliación, pues la notificación de la columna, supuestamente, llegó de rectoría el 30 de octubre, días antes de la instauración de la tutela. Sin embargo, aunque el decano insistió en que la universidad no se había pronunciado frente al escrito, Beatriz Oquendo, jefe de comunicaciones, aseguró que lo de Arenas “no es una sátira” porque “flagrantemente dice que el doctor César Guerra le entrega la mitad de su sueldo al exrector Hincapié y se escondieron expedientes de violencia sexual”. Y recalcó que, al firmar la matrícula, los estudiantes asumen un reglamento por el que se deben regir y en el que, a su luz, Arenas se habría extralimitado. A pesar de dar su concepto, Oquendo aseguró que se han dado todas las garantías.

Frente a esos últimos señalamientos hechos por la directiva, el estudiante respondió “que aprendan a leer”, pues nunca he dicho que el actual rector esté entregando parte de su salario, sino que se “está ridiculizando que el gobierno universitario siga manejado bajo los designios de Néstor Hincapié”. También expresó que no se ha dicho que fue Guerra el que desapareció la caja con denuncias de violencia sexual, sino que este no ha hecho nada para esclarecer lo sucedido. Arenas hace referencia a una campaña que llevó a cabo un colectivo feminista de la institución para que en una caja se metieran denuncias anónimas de casos de violencia de género en la universidad, pero esta se perdió. Al reclamar por la desaparición, desde las redes de la institución se respondió de forma burlona: “Nosotros no la tenemos” y “que aparezcan también las sombrillas”.

Pero más allá de este proceso disciplinario, Arenas expresó que los choques con el rector no son nuevos y que incluso en un evento lo habría llegado a tildar de “peligroso”. Este hecho habría ocurrido en una conferencia convocada por el estudiante, en el que se invitó a expertos del Banco Mundial. Específicamente una de estos le habría dicho a Guerra que tenía un gran líder en su institución, y este habría respondido “sí, yo sé, pero él puede ser peligroso”. Aunque la experta confirmó este diálogo, El Espectador cuestionó a la institución sobre este episodio y fue negado. Para el estudiante, estos hechos hacen parte de una actitud persecutoria desde la universidad que inició “cuando pedimos que se anulara el título de Bedoya y se organizó la asamblea general de estudiantes”.

Para ilustrar la situación, señala que en una ocasión habrían panfleteado la universidad señalándolo a él y a una compañera, Sara Jaramillo, de ser infiltrados de la de Antioquia y de tener intereses ocultos. Jaramillo, que ahora es representante estudiantil, confirmó que estas acciones comenzaron con el lío del título del senador liberal, pues antes sus reclamos eran resueltos con “pañitos de agua tibia, y con ese escándalo nos vieron como un peligro. La universidad se venía moviendo como un directorio político y esta situación lo evidenció aún más y demostró cómo era la relación con el Partido Liberal”. También agregó que las acciones contra ellos incluyeron comentarios de profesores y hasta amenazas anónimas, que abarcaron la publicación de información sobre la beca que tenía Arenas y la financiación de esta, unos datos que únicamente debería tener la institución.