Persisten alertas sobre funcionamiento del Congreso en tiempos de pandemia

A menos de cinco días de que arranque otro periodo legislativo, este jueves 11 organizaciones sociales alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra la democracia por cuenta de la pandemia desatada por el COVID-19 y llamaron la atención, en particular, por el funcionamiento del Congreso en tiempos del nuevo coronavirus.

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Según las organizaciones –entre las que se cuentan la Misión de Observación Electoral (MOE), el CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas–, hay riesgo de un devenir autoritario en contravía de los derechos y garantías democráticas. Puntualmente, advierten por cuatro amenazas: pérdida del equilibrio de poder; la “suspensión de facto” de los procedimientos y espacios de participación ciudadana; afectación a la protección de los datos personales, y las afectaciones al derecho de acceso a la información.

“Hacemos un llamado a que juntos cuidemos la democracia, a que juntos exijamos la rendición de cuentas por parte del Gobierno Nacional sobre la gestión de la pandemia, a que juntos exijamos al Congreso el necesario control político”, insistieron las organizaciones.

En esa línea, dedicaron un apartado especial al Congreso de la República, recordando que no puede renunciar a ejercer el poder del control político, ni cerrar las posibilidades de convocar a un debate amplio y pluralista sobre la forma como se está regulando la vida social y política del país. “No se puede eliminar el papel de los otros poderes públicos y menos marginar a la ciudadanía de participar en los asuntos que le conciernen directamente”, insistieron.

Para las organizaciones, el Congreso “no ha usado de forma efectiva” las potestades que le confiere la Constitución, lo que ha contribuido “por inacción, a configurar un panorama hiperpresidencialista en el manejo de la pandemia y que puede derivar en una grave afectación al sistema de pesos y contra pesos y de equilibrio de poderes”.

Critican también que el Parlamento tardó demasiado en reunirse y más en iniciar sus funciones formales, “lo que evitó un necesario contrapeso y control político frente a las decisiones del Ejecutivo, a la necesidad de instalar pluralidad de voces en el debate público y mermó aún más la confianza ciudadana en esta institución”.

Sostienen además que el control político fue uno de los grandes afectados, pues “el propio Congreso no discutió de manera rigurosa, ni mediante la promoción de una deliberación pública plural, el informe presentado por el presidente sobre los motivos para declarar la emergencia y las medidas tomadas, así como por las limitantes técnicas de la virtualidad y por la poca importancia que el Gobierno les dio a sus comparecencias ante el Congreso”.

Además de alegar que el Congreso dejó al Gobierno, “de manera acrítica”, el manejo de la crisis sanitaria y social, las organizaciones señalaron que durante la primera legislatura de 2020, el Congreso se ocupó de tramitar proyectos que ya venían surtiendo trámite en otras legislaturas y “prestó poca atención a propuestas que contribuían a mejorar las condiciones de la población”, pues de 20 proyectos aprobados, ninguno guarda relación con la pandemia y sus consecuencias.

“Necesitamos un Congreso deliberante, que sesione, que permita el debate, que dé voz a todos los sectores y a la oposición, que evalúe los efectos diferenciados de los decretos sobre la población, que ejerza el control político para proteger el equilibrio de poderes, que elabore alternativas a las propuestas del gobierno para enfrentar la pandemia y que convoque a la participación ciudadana, porque esta pandemia no solo es asunto de los gobernantes y legisladores”, precisaron.

A menos de cinco días de que arranque otro periodo legislativo, este jueves 11 organizaciones sociales alertaron sobre el riesgo en el que se encuentra la democracia por cuenta de la pandemia desatada por el COVID-19 y llamaron la atención, en particular, por el funcionamiento del Congreso en tiempos del nuevo coronavirus.

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Según las organizaciones –entre las que se cuentan la Misión de Observación Electoral (MOE), el CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas–, hay riesgo de un devenir autoritario en contravía de los derechos y garantías democráticas. Puntualmente, advierten por cuatro amenazas: pérdida del equilibrio de poder; la “suspensión de facto” de los procedimientos y espacios de participación ciudadana; afectación a la protección de los datos personales, y las afectaciones al derecho de acceso a la información.

“Hacemos un llamado a que juntos cuidemos la democracia, a que juntos exijamos la rendición de cuentas por parte del Gobierno Nacional sobre la gestión de la pandemia, a que juntos exijamos al Congreso el necesario control político”, insistieron las organizaciones.

En esa línea, dedicaron un apartado especial al Congreso de la República, recordando que no puede renunciar a ejercer el poder del control político, ni cerrar las posibilidades de convocar a un debate amplio y pluralista sobre la forma como se está regulando la vida social y política del país. “No se puede eliminar el papel de los otros poderes públicos y menos marginar a la ciudadanía de participar en los asuntos que le conciernen directamente”, insistieron.

Para las organizaciones, el Congreso “no ha usado de forma efectiva” las potestades que le confiere la Constitución, lo que ha contribuido “por inacción, a configurar un panorama hiperpresidencialista en el manejo de la pandemia y que puede derivar en una grave afectación al sistema de pesos y contra pesos y de equilibrio de poderes”.

Critican también que el Parlamento tardó demasiado en reunirse y más en iniciar sus funciones formales, “lo que evitó un necesario contrapeso y control político frente a las decisiones del Ejecutivo, a la necesidad de instalar pluralidad de voces en el debate público y mermó aún más la confianza ciudadana en esta institución”.

Sostienen además que el control político fue uno de los grandes afectados, pues “el propio Congreso no discutió de manera rigurosa, ni mediante la promoción de una deliberación pública plural, el informe presentado por el presidente sobre los motivos para declarar la emergencia y las medidas tomadas, así como por las limitantes técnicas de la virtualidad y por la poca importancia que el Gobierno les dio a sus comparecencias ante el Congreso”.

Además de alegar que el Congreso dejó al Gobierno, “de manera acrítica”, el manejo de la crisis sanitaria y social, las organizaciones señalaron que durante la primera legislatura de 2020, el Congreso se ocupó de tramitar proyectos que ya venían surtiendo trámite en otras legislaturas y “prestó poca atención a propuestas que contribuían a mejorar las condiciones de la población”, pues de 20 proyectos aprobados, ninguno guarda relación con la pandemia y sus consecuencias.

“Necesitamos un Congreso deliberante, que sesione, que permita el debate, que dé voz a todos los sectores y a la oposición, que evalúe los efectos diferenciados de los decretos sobre la población, que ejerza el control político para proteger el equilibrio de poderes, que elabore alternativas a las propuestas del gobierno para enfrentar la pandemia y que convoque a la participación ciudadana, porque esta pandemia no solo es asunto de los gobernantes y legisladores”, precisaron.