La Constitución enfrentó 729 intentos de cambios en 32 años: solo pasaron 60

Los últimos presidentes que han reformado la Constitución, de izquierda a derecha: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

Foto: Archivo Particular

El Congreso ha recibido 729 propuestas para reformar la Constitución, que tiene cerca de 32 años de vida. En esas tres décadas, tan solo 60 intentos han prosperado, es decir, la Carta Magna ha sido cambiada casi dos veces por año. Las modificaciones más recientes se aprobaron en el 2023, dos de las cuales fueron presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro, quien este viernes causó revuelo cuando advirtió que estaría en disposición de que convocaría una constituyente.

Este dato toma relevancia en medio del anuncio del presidente, en cuyos 19 meses a cargo del Ejecutivo ya ha hecho efectivas tres reformas. La única que no fue presentada por su administración fue la que modificó el artículo 138 de la Constitución, con la que cambió el período de sesiones en el Congreso, que ahora inicia el 16 de febrero. El gabinete de Petro presentó las otras dos, con las que se reconoció al Campesinado como sujeto de Especial Protección Constitucional y se estableció la Jurisdicción Agraria y Rural.

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Con siete expresidentes que han pasado por la Casa de Nariño, el que más ha aprobado reformas fue Juan Manuel Santos, quien tenía la posibilidad de hacerlo por un fast track que fue posible con los instrumentos jurídicos aprobados para hacer posible el Acuerdo de Paz firmado en el 2016. Le sigue Álvaro Uribe Vélez, con un total de 15, e Iván Duque, con nueve. Este último número resalta entre otros gobernantes que han tenido un solo periodo presidencial, debido a que tuvo que afrontar la pandemia por covid-19.

Estas reformas se han hecho a través de actos legislativos: el tipo de norma por el cual el Congreso, con un trámite especial de 8 debates, puede modificar la Constitución. Las otras formas para hacerlo, que no han sido usadas en las tres décadas de vida de la Carta Magna, son un referendo o una Asamblea Constituyente, que ha sido citada y propuesta varias veces como la salida a una crisis.

Para el 2012, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habló de convocar una constituyente para introducir reformas a la justicia. En el 2013, al finalizar una ronda de negociaciones, la entonces guerrilla Farc-EP pidió un “gran acuerdo político nacional para una Asamblea Nacional Constituyente”, con la que se podría “perfeccionar los diseños actuales inconclusos, incorporar nuevos y contener cláusulas pétreas en materia de derechos fundamentales”. Más tarde, en el 2019, varios congresistas del uribismo propondrían lo mismo para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz.

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“Yo planteé eso de la constituyente y hubo muchas críticas, propuse que se diera una constituyente para una reforma a la justicia y una reforma política, yo diría, reforma a la justicia incluida la JEP”, afirmó en ese entonces Ernesto Macías, quien era presidente del Senado de la República y quien recibió el apoyo de las actuales senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, hoy opositoras de Petro.

La más reciente fue hecha por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes, en un anuncio que sacudió al país: una resistencia continua a los cambios que propuso cuando era candidato lo llevaría a convocar una constituyente para transformar las instituciones que no quería verlo prosperar.

Frente a cuestionamientos de que buscaba cambiar la Constitución del 91 y perpetuarse en el poder, el mandatario explicó los ocho puntos claves que propone que se discutan el próximo periodo constituyente: el cumplimiento del Acuerdo de Paz, la garantía a corto plazo de las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana, priorizar la educación pública y la reforma agraria, constitucionalizar el cambio climático y la descarbonización de la economía, la garantía de que la política monetaria priorice el empleo y la producción, cumplir con un reordenamiento territorial, separar la política de la financiación privada y el paso hacia una justicia reparativa.

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En las reformas que se han hecho a la Carta Magna se han tocado temas como la extradición, la duración del periodo para un alcalde o gobernador y la participación de municipios en los ingresos de la Nación. De los 60, 13 han tocado alguno de los temas a los que se refiere el presidente en sus propuestas para una nueva constituyente: dos de estas son de su propia obra

La paz fue especialmente relevante en el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, de 2010 a 2018. Fueron cinco actos legislativos los que se pasaron en ese período relacionados con ese tema, de los siete en total. El primero fue en julio del 2012, que estableció que “instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”. Ese mismo año, pero un poco más de un mes después, el presidente anunció el inicio de los diálogos con las Farc-EP.

En julio de 2016, se pasaría otro acuerdo legislativo que instauraba los “instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Cuatro meses después culminarían el proceso de paz, con la firma del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla en noviembre. El año siguiente, se pasarían tres actos para adicionar artículos transitorios a la Constitución concernientes al acuerdo.

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En el mandato posterior, el Congreso pasó solo un acto legislativo concerniente al tema de la paz, con el que se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes. Los autores del texto fueron senadores de la oposición.

Periodos previos también pasaron actos legislativos relacionados con lo que hoy preocupa al presidente. Para 1995, se añadió al artículo 357 de la Constitución que el 60 % de los recursos municipales de los ingresos corrientes de la Nación irían “en proporción directa al número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas y al nivel relativo de pobreza de la población de [cada] municipio”. En el 2007, se adicionó que los recursos del Sistema General de Participaciones irían destinados a la garantía de los servicios de salud, agua potable y educación. Dos años después, se estableció que se debía garantizar a “todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

El paso de un acto legislativo, por supuesto, requiere más que de voluntad del mandatario o de los proponentes. La iniciativa tiene que ser propuesta por mínimo 10 congresistas, el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral o a forma de iniciativa popular. El trámite puede iniciar en cualquier cámara, se estudia solo en las Comisiones Primeras y debe pasar por dos vueltas: un primer período con cuatro debates y un segundo con otros cuatro. Su aprobación en el primero debe ser con la mayoría de los asistentes y el segundo con un voto de la mayoría de los miembros de cada cámara.

Aunque pasar un acto legislativo sea la única forma usada hasta ahora, no significa que sea la más sencilla. La Asamblea Constituyente también requiere un proceso de aprobación que, según el pulso de fuerzas en el Congreso, tampoco será posible que el presidente pueda obtener.

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