El presidente Gustavo Petro volvió a hacer un llamado a sus seguidores a las calles para defenderlos, en medio de la expectativa de lo que resolverá el Consejo Nacional Electoral en medio de la investigación que realiza contra su campaña de 2022.
Es de anotar que, en medio del paro camionero, que tuvo un costo político para el gobierno que no pudo decretar el aumento del alza del diésel presupuestado inicialmente, se gestaron marchas a favor y en contra del gobierno. Los sindicatos aliados del petrismo llamaron a manifestarse el próximo 19 de septiembre.
Para empezar, el mandatario insistió, como lo ha hecho en varias ocasiones ya, que el CNE no es el encargado de juzgarlo. Dijo que el argumento de que el Consejo de Estado lo permite, como lo dice un concepto del 23 de agosto pasado, se basa en “un concepto de consulta que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial”.
Por otra parte, dijo que el CNE, en todo caso, no podría apartarlo de su cargo como presidente. Para ello, se remitió a la Convención Americana, como lo ha hecho en otras ocasiones en su defensa y en la de sus aliados (como cuando la Procuraduría suspendió a Daniel Quintero en Medellín): “prohíbe la pérdida de derechos políticos, como elegir y ser elegido, sólo por sentencia de juez penal”.
Con ello dicho, se fue lanza en ristre contra su oposición, asegurando que buscan que pierda el poder luego de que ganara en las elecciones de 2022. “Los derrotados por el candidato y por el pueblo quieren decidir en el consejo electoral y en la comisión de acusaciones que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan”, apuntó.
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Y, con ello en mente, retomó la narrativa del golpe de Estado, que ya en días pasados ha usado. “Es un golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de simple . Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato”, afirmó.
Finalmente, dijo que 30 días después de las elecciones, el mismo Consejo Nacional Electoral había dicho, en acto administrativo, que su campaña presidencial de 2022 no había violado los topes de financiamiento.
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En todo caso, y pese a los reparos de Petro, los nueve magistrados del CNE ya tienen en poder la ponencia, revelada en días pasados por El Espectador. Según los togados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), no cuadran $5.400 millones de la campaña petrista.
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