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En la noche de este miércoles, el presidente Gustavo Petro envió un nuevo trino sobre la suspensión de la Procuraduría a su canciller, Álvaro Leyva, por cuenta del caso de la licitación de pasaportes que tiene al Gobierno en un pleito con la empresa multinacional Thomas Greg & Sons. El mandatario defendió una vez más a Leyva y aseguró que ha actuado bajo sus indicaciones.
“El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite”, dijo en su cuenta de X. El mandatario ya había hecho una referencia indirecta al caso, desde Guapi (Cauca), donde se encontraba en una de las jornadas de “Gobierno con el Pueblo” en el litoral Pacífico.
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“Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes están acostumbrados a dejar la gente abandonada”, dijo durante el evento. A esta declaración se sumó una más que hizo desde El Charco (Nariño), donde habló una vez más de las aparentes trabas que le ponen a su gestión.
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El mandatario reaccionó a la noticia del allanamiento a la sede de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) en Bogotá por la investigación de los ingresos a la campaña presidencial. “Desde aquí quiero expresar mi solidaridad a Fecode, que fue allanado el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores, buscando cómo se encuentran los caminos para sacar el presidente de la República de la presidencia. No estamos ante cualquier cosa”, afirmó.
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En ese espacio el mandatario hizo otra mención sobre la suspensión de Leyva. “Hoy nos encontramos que el canciller fue suspendido por tres meses. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Es una vergüenza suspender a los funcionarios que están haciendo su tarea”, dijo Petro, quien agregó que “hay que alistarse”, porque con esa suspensión “creen que van a debilitar al Gobierno popular”.
La Procuraduría, que llamó a juicio disciplinario a Leyva, aseguró que el funcionario de Petro deberá defenderse en juicio por dos faltas disciplinarias que calificó a título de dolo. El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación sin “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
El segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarara desierta la licitación. El problema, para el Ministerio Público, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para tomar esa decisión, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato: Thomas Greg & Sons. Hasta el momento, Leyva no ha dado su versión.
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