El presidente Gustavo Petro mostró su rechazo al referendo por la “autonomía fiscal” que está siendo impulsado desde Antioquia por el gobernador Andrés Julián Rendón.
Se trata de una iniciativa que surgió a raíz de la financiación de las vías 4G en Antioquia. A comienzo de año, Rendón se mostró crítico con el gobierno nacional por no haber girado la plata para finalizar el Túnel del Toyo, llegando incluso a decir que esa obra -el túnel más grande en América Latina- podría convertirse en un elefante blanco. Desde entonces, ha insistido, en repetidas ocasiones, en que las regiones deben tener autonomía fiscal frente a las regiones.
Con eso en mente, presentó una propuesta de referendo por la Registraduría llamada “Por las regiones, firmes”. A comienzos de julio, el ente electoral le dio vía libre a la proposición, dándole un plazo de seis meses al comité promotor para recolectar dos millones de firmas que avalen la realización del referendo.
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“El texto que estará a consideración de los colombianos es que los impuestos de renta y patrimonio se queden en las regiones”, dijo. Según el mandatario local, esto permitiría “como mínimo (que se) doblen los recursos que hoy reciben los departamentos vía Sistema General de Participaciones”.
Pero a juicio de Petro, la propuesta, lejos de fortalecer las finanzas de los departamentos, representa “uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría”.
Y agregó: “Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia”.
Para que esto se pueda llevar a cabo, el referendo busca modificar el artículo 298 de la Constitución de Colombia, que indica que “los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio”.
En todo caso, la idea del referendo de autonomía fiscal de los departamentos apenas se está gestando. Si logra superar la etapa de recolección de firmas, deberá enfrentarse también a la evaluación de la Corte Constitucional, toda vez que es una iniciativa que busca modificar la Constitución.
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