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El presidente Gustavo Petro aseguró en la noche de este viernes que, a su juicio, hay una ruptura institucional desde la Fiscalía que tiene como fin sacarlo de la Casa de Nariño. Y, por lo mismo, pidió vigilancia internacional sobre lo que pasa en Colombia y llamó a la movilización popular para rodear a su administración.
“Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.
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La referencia de Petro es al escándalo que se desató por la donación de $500 millones a al partido Colombia Humana, los cuales que habrían terminado invertidos en la campaña presidencial que en 2022 lo llevó al poder con 11,2 millones de votos.
“Como hicieron físicamente con la UP (Unión Patriótica), ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general (Francisco Barbosa)”, precisó el mandatario.
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La razón de estos duros dardos contra Barbosa en el cierre de su gestión es que le queda apenas una semana al mando de la Fiscalía y, en una decisión reciente, se ordenó una inspección judicial a las oficinas de Fecode. De esa diligencia salieron los reportes de esos $500 millones que, para el ente acusador, no fueron reportados como gastos de campaña, pero que para Colombia Humana y el sindicato de profesores, no habría por qué hacerlo ya que fueron una donación a la colectividad.
“Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”, añadió Petro.
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la…
Además, según la narrativa de la Casa de Nariño, Barbosa estaría intentando evitar que en la Corte Suprema de Justicia se elija a su sucesora en el cargo con el fin de que Martha Mancera, actual vicefiscal, quede en interinidad al mando del ente investigador.
Y es que la elección de la próxima fiscal general sigue frenada en la Corte Suprema. Aunque la semana pasada la Sala Plena realizó su primera votación, ninguna de las candidatas consiguió los 16 votos que necesita para ser elegida. Quien lleva la delantera es la abogada Amelia Pérez, con 9 votos. Le sigue Luz Adriana Camargo, que consiguió 6, mientras que Ángela Buitrago no tuvo ni uno solo.
Después de esa primera votación, varios magistrados de la Corte pidieron reunirse con las candidatas. Las citas se realizaron al comienzo de esta semana en los despachos de varios togados de las salas Civil y Penal del alto tribunal. Pero, en todo caso, se espera que el próximo 8 de febrero, el pleno de los magistrados vuelva a reunirse para realizar una nueva jornada de votación. Allí se sabrá si las reuniones han servido para que Pérez siga sumando votos, o si Camargo y Buitrago despegan y logran ponerle competencia.
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No obstante, el mensaje de Petro también tiene otras cargas. El presidente señaló que la suspensión del canciller Álvaro Leyva, ordenada por la Procuraduría por cuenta de la polémica licitación de pasaportes que se gestó durante esta administración, sería parte de esos movimientos que, según él, buscan desestabilizar su gobierno. Ahí el dardo es para Margarita Cabello, jefa del Ministerio Público y cercana a casas políticas como los Char, de Barranquilla, y de otros sectores de Cambio Radical y del Partido Conservador.
Incluso, de acuerdo con lo dicho por Petro, habría una intención similar para golpear a Ricardo Roa, actual cabeza de Ecopetrol, y quien en su momento gerenció la campaña presidencial de Petro, por lo que tendría responsabilidades administrativas y penales si se llega a confirmar algún tipo de irregularidad en ese proceso.
“La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos (Dagoberto Quiroga) por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”, precisó el mandatario.
(Preguntas y respuestas que deja la suspensión de Leyva: ¿y los decretos que firmó?)
Si bien esta narrativa no es nueva, pues desde hace varios meses vienen hablando de un supuesto intento de “golpe blando”, el hecho de que Petro vuelva a insistir en el tema tendría una finalidad: generar impacto internacional, pues fue nominado al Nobel de Paz y, desde el próximo 7 de febrero, recibe al Consejo de Seguridad de la ONU.
Ahora bien, en medio de la expectativa de cambios u ajustes en el gabinete, y con el relato de anticipar la campaña presidencial del 2026 que el propio Petro aupó y que la oposición compró –incluyendo al expresidente Álvaro Uribe–, lo que se augura es que este año será de una alta polarización y tensión en varios frentes.
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