Así se ‘cocinó' en el CNE la ponencia que pide formular cargos a la campaña Petro

Al menos en las últimas dos salas plenas del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha decidido aplazar la discusión de fondo de un expediente que, de avanzar, podría derivar en la primera investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Al menos en las últimas dos salas plenas del Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha decidido aplazar la discusión de fondo de un expediente que, de avanzar, podría derivar en la primera investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Se trata de una indagación que está en etapa preliminar y que tiene que ver con posibles irregularidades en el manejo de la propaganda electoral que se desplegó durante la contienda de 2022, en la cual Petro se alzó con el poder en segunda vuelta tras obtener 11,2 millones de votos.

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El Espectador confirmó que el caso está en el despacho del magistrado Alfonso Campo, cuota del Partido Conservador, quien viene recogiendo pruebas en torno a un posible uso extemporáneo de la propaganda política a la que tiene derecho un candidato presidencial.

Incluso, Campo, quien acaba de dejar la presidencia de la organización, proyectó una ponencia en la que pide que se formulen cargos administrativos contra la campaña de Petro, pero no se ha logrado consenso entre los ocho magistrados que actualmente conforman la sala plena del CNE para darle trámite, ya sea para rechazarla o para dar el siguiente paso y abrir en proceso formal.

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Según ese documento de 44 páginas, que este diario tiene en su poder, Petro y su campaña serían responsables de “presunta vulneración a los artículos 34 y 35 de la Ley 1475 de 2011, en lo concerniente a la realización de gastos anticipados y propaganda electoral anticipada con ocasión de las elecciones presidenciales periodo 2022-2026″.

La génesis de este proceso, que se inició el 15 de agosto pasado bajo el radicado ACM-168-2023, está en más de 10 quejas que se radicaron por diferentes vías ante el CNE y que coinciden en que, supuestamente, Petro comenzó su campaña siendo Senador de la República, lo cual derivaría en el uso extemporáneo de propaganda electoral.

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Para justificar las denuncias, de acuerdo con lo consignado en el expediente, se adjuntaron fotografías, videos y capturas de pantalla de redes en las que se aprecian afiches y eslóganes, entre otros, alusivos a una posible candidatura de Petro en eventos públicos mucho antes de que se iniciara legalmente la campaña y cuando el ahora jefe de Estado aún tenía credencial de congresista.

“La conducta investigada en el subexamine obedece a la presunta realización de gastos anticipados en virtud del despliegue de propaganda electoral por fuera de los términos establecidos para ello por parte del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego”, se dejó consignado en otro apartado de la ponencia proyectada. Y en otro punto del documento se indicó que el ahora mandatario no se ha pronunciado al respecto.

En todo caso, según el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, la sanción para esta conducta es de carácter pecuniario y no sería inferior a los $18,4 millones. Pero nada de esto pasará a un escenario más formal, como la imputación de cargos y la eventual multa, hasta que la sala plena del CNE decida abordar el tema de fondo, lo que se ha aplazado en al menos dos ocasiones.

Extraoficialmente se dijo en los pasillos del Consejo Electoral que hay un sector de la magistratura que le está pidiendo a Campo que no avance con su expediente para que no frene el que –en paralelo– tienen en su poder Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

La razón, de acuerdo con fuentes de ese organismo, es que si los magistrados Ortiz y Prada deciden imputarle cargos a la campaña de Petro sería por un tema mucho más de fondo, más espinoso, que se relaciona con la presunta violación de topes de gastos de campaña y que –de avanzar– podría tener consecuencias jurídicas más amplias que el otro caso.

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El magistrado Ortiz le viene siguiendo el rastro, desde hace más de un año, a los pagos que hizo la campaña en las dos vueltas en asuntos de seguridad con la empresa Olimpo, viajes aéreos con la Sociedad Aérea de Ibagué, pagos a testigos electorales e incluso, en publicidad, aspecto en el que más se gastó.

Sobre este último punto se solicitó la facturación electrónica del señor José Orlando Riveros Casas, quien –de acuerdo con la plataforma del Registro Único Empresarial– es el representante de la empresa de publicidad Grafikar y, según los libros contables de la campaña, es quien recibió la mayor cantidad de dinero como persona natural: más de $2.200 millones por propaganda electoral.

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Y solo en la primera vuelta lo invertido en propaganda significó el 68 % del total de gastos: más de $19.534 millones. En la segunda, nuevamente, el gasto más alto de la campaña Petro fue en propaganda electoral, representando el 70 % del total: $ 9.243 millones.

Por ahora, los expedientes avanzan en forma paralela y no se descarta que, antes de que finalice abril, se sepa con certeza cuál de los dos avanza primero y se abra un duro debate entre los magistrados del Consejo Electoral, quienes tienen origen partidista y, por lo mismo, responden a intereses políticos particulares.

Esta es la ponencia completa que está en estudio en el Consejo Electoral:

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