El presidente Gustavo Petro ratificó este jueves que todo lo relacionado con la frustrada licitación de pasaportes debe investigarse penalmente, ya que –a su juicio– hay indicios de que presuntamente algunos funcionarios públicos habrían ayudado a que ese proceso quedara en manos de la firma Thomas Greg & Sons.
Petro, en sus redes, advirtió que “en mi opinión funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso”.
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El Jefe de Estado respaldó a su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, quien por instrucciones de la Casa de Nariño se ha negado a que Colombia concilie con esa firma para evitar una demanda de $117.000 millones luego de que ganara el proceso licitatorio y, posteriormente, se declarara desierto bajo el argumento de que no se podría adelantar con un solo oferente, pese a que la ley sí lo permite.
La polémica ha sido tan fuerte que el caso ya escaló a la Fiscalía y la Procuraduría, y cobró la cabeza de la abogada Martha Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia de Defensa Jurídica y quien se sí planteó la viabilidad de conciliar con Thomas Greg y así evitar el proceso contra el Estado.
Entre tanto, y en medio de este cruce de versiones, el abogado Germán Calderón España, quien oficiaba como apoderado de la Cancillería en el lío que se desató por la frustrada licitación de pasaportes, presentó su renuncia a esa representación y, de paso, pidió que se cerrara otro contrato de asesoría que tenía con el ministerio de Leyva.
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“Quiero reiterar mi posición sobre el particular debate jurídico, en tanto el mismo representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro, en atención a las circunstancias modales que lo rodean, entre ellas, los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva”, se lee en la carta, la cual tiene fecha de este 13 de diciembre.
A lo que se refiere el abogado es que, en resumen, la negativa de la Cancillería a conciliar con la firma Thomas Greg & Sons puede facilitar que la demanda por $117.000 millones que esa firma anunció pueda salirle a favor y, por ende, el Estado debería desembolsar esos recursos del erario.
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“No obstante, los actos administrativos acusados estar impresos bajo el principio de presunción de legalidad y estar conforme a reglas constitucionales y contractuales vigentes en Colombia”, enfatizó Calderón España.
El abogado, además, advirtió que no cobrará ningún tipo de remuneración. En todo caso, el comité de conciliación que se tenía previsto para este jueves se queda sin esta representación legal y abre la expectativa a lo que se pueda definir sobre este asunto.
En mi opinión funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso. https://t.co/iS8JWroye4
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2023
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