Comienza en forma el semestre económico más desafiante del Gobierno Petro

Los diálogos que tuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con los partidos políticos en las últimas semanas se empezarán a poner a prueba a partir de este lunes, cuando el Congreso inicie formalmente las discusiones económicas de este semestre. Uno de los frutos que el gobierno esperaría recoger de esos encuentros con las bancadas sería el impulso del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, propuesto por el jefe de las finanzas públicas Ricardo Bonilla y que está estipulado en $523 billones. Este fue el primer proyecto que el “gobierno del cambio” presentó en esta legislatura y debe quedar definido antes del 20 de octubre, según indica la ley.

Los diálogos que tuvo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con los partidos políticos en las últimas semanas se empezarán a poner a prueba a partir de este lunes, cuando el Congreso inicie formalmente las discusiones económicas de este semestre. Uno de los frutos que el gobierno esperaría recoger de esos encuentros con las bancadas sería el impulso del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, propuesto por el jefe de las finanzas públicas Ricardo Bonilla y que está estipulado en $523 billones. Este fue el primer proyecto que el “gobierno del cambio” presentó en esta legislatura y debe quedar definido antes del 20 de octubre, según indica la ley.

Sin embargo, no se trata solo del dinero que recibirán las carteras el próximo año. Este semestre se perfila como el más desafiante en términos económicos para el presidente Gustavo Petro. A la par del presupuesto, debe presentarse una ley de financiamiento para cubrir un vacío de $12 billones en el presupuesto y, en los mismos días en que el Congreso debe definir el monto del PGN, se espera el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Mientras todo esto ocurre, el Ejecutivo ha estado en reuniones con el sector financiero para encontrar un camino para la propuesta de las inversiones forzosas, cuya interpretación ha generado revuelo en la opinión pública.

Estos desafíos económicos se enmarcan en una serie de pugnas políticas que no han dado tregua y han impedido a Petro avanzar con su paquete de reformas durante la primera mitad de su gobierno. Estas disputas han llevado al ministro del Interior, quien ha intentado suavizar el tono del primer mandatario, a embarcarse en una maratón de reuniones con diferentes colectividades para asegurar los votos necesarios antes de radicar los proyectos en el Capitolio. Sin embargo, esos acuerdos aún están en veremos. De hecho, las fisuras dentro del propio Pacto Histórico se han vuelto cada vez más evidentes en situaciones como la Asamblea de la Colombia Humana de cara a 2026 y la dividida votación de la defensora del Pueblo.

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Mientras los miembros de la Alianza Verde deciden qué sucederá con su partido en las próximas semanas, si se escindirá o no y eso qué significará para su postura con respecto al gobierno, Petro mantiene las mayorías en las comisiones económicas de la Cámara, en donde se discute, de manera conjunta con las del Senado, el presupuesto 2025.

En la Comisión Tercera, presidida por Kelyn Johana González, una liberal aliada del petrismo, el gobierno en teoría cuenta con el respaldo de cerca de 17 representantes, lo que le permitiría avanzar con su agenda legislativa sin mayores obstáculos. En esta comisión hay ocho independientes y seis miembros de la oposición. En la Cuarta de esa corporación, hay alrededor de 13 miembros progobierno, aunque Petro enfrenta una oposición sólida de ocho representantes y siete independientes que son cruciales para el desenlace del debate.

La Comisión Tercera del Senado es presidida por Juan Pablo Gallo, quien también ha sido mencionado en el caso de la Ungrd, aunque él ha negado las acusaciones. El senador liberal, al igual que el representante Julián Peinado, renunció a la Comisión de Crédito Público tras los señalamientos. Hace 10 días, la representante Saray Robayo asumió el lugar de Peinado.

La coalición de Gobierno en la Tercera cuenta con siete miembros, la oposición, con cuatro y hay cinco senadores independientes. De esta célula parte el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien este sábado se refirió al paquete de medidas económicas que busca aprobar Petro en los próximos meses. “Desde el Congreso veo un ambiente complejo para aprobar cualquier tipo de reforma tributaria. Las inversiones forzosas perjudican la economía, la generación de empleo y crecimiento económico, debido a que desalientan la llegada de nuevas empresas”, trinó el conservador.

En la Comisión Cuarta, el gobierno también cuenta con siete senadores, hay cinco miembros de Cambio Radical y el Centro Democrático, y tres independientes. Estas cuentas en papel se mantienen, entre otras cosas, en la medida en que el partido liberal no declare su independencia “sin titubeos”, como lo han solicitado algunos de sus miembros, como lo hizo recientemente el senador Mauricio Gómez Amín.

A partir de este lunes, las comisiones económicas tienen exactamente 20 días para definir el monto del presupuesto para el próximo año. La semana pasada, la Comisión Primera de la Cámara citó a varios ministros para que presentaran el estado actual de sus carteras, junto con sus proyecciones y necesidades económicas para el próximo año, con el fin de que la célula legislativa pudiera construir un informe al respecto. Sin embargo, el debate tuvo que ser aplazado porque los ministerios enviaron las respuestas al cuestionario de los congresistas apenas unas horas antes de la cita en el Capitolio. Esta situación generó roces entre los legisladores de diferentes partidos, e incluso con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien se excusó alegando que el correo que contenía las respuestas de su cartera había ‘rebotado’.

David Racero, representante del Pacto Histórico, aseguró que antes de mirar sector por sector de cara al próximo año, es necesario evaluar de manera general el presupuesto 2024. “Tenemos que evaluar lo macro y sobre eso hay que mirar las prioridades que puede tener el Gobierno: en el agro, educación, transición energética, paz, conectividad, entre otras. Sobre eso es que debe canalizarse el grueso del presupuesto en un escenario donde tenemos limitaciones”, le dijo a El Espectador.

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Mientras se define la cifra total del presupuesto para el próximo año, en el Capitolio continúan citando a los ministros de Petro para que expliquen la baja ejecución presupuestal de sus carteras en lo que va de 2024. En las últimas semanas, la ministra de Deportes, Luz Cristina López Trejos, defendió su ejecución del 19% y señaló que los $400 mil millones previstos para su ministerio el próximo año no cubren ni la mitad de las obligaciones innegociables de la cartera. Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, justificó su ejecución del 14%, asegurando que el 80% de los recursos del año ya están comprometidos. Este miércoles, además, se aplazó el debate de control político al ministro de Hacienda para explicar el tema de los aplazamientos de los montos que fueron aprobados en el PGN 2024 y que han golpeado a varias carteras.

El mismo día en que se aplazó el debate en la Comisión Primera (a una fecha aún por definir) y el debate de control político de Bonilla, Efraín Cepeda tuvo una reunión de último minuto con el ministro de Hacienda debido a la falta de desembolso de $27 mil millones que el Congreso necesitaba para su funcionamiento, con el fin de evitar la ‘parálisis legislativa’ que el conservador advirtió. Esta disputa se suma a las deudas que la cartera de Bonilla tiene con los partidos políticos, que ascienden a $67 mil millones, lo que llevó a las colectividades a interponer una tutela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde el Pacto, se espera que, una vez superado el primer paso que es aprobar el monto del presupuesto, se radique la ley de financiamiento, cuyo borrador se filtró también la semana pasada y que desató una ola de críticas por la posible iniciativa de un 5x1000. La indignación llevó a que Bonilla tuviera que salir a los medios de comunicación a aclarar que “no hay posibilidad” de que llegue dicho impuesto y que no hay una versión oficial de cómo se vería el proyecto de ley. “Invitamos a la ciudadanía a no caer en cadenas de desinformación y consultar nuestros canales oficiales”, pidió la Casa de Nariño.

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El Ejecutivo ha hablado de ciertas “líneas rojas” para esta ley de financiamiento que pretende subsanar el desbalance presupuestal de $12 billones. Entre ellas, no modificar ningún aspecto del IVA ni el régimen de renta para personas naturales y cumplir su promesa de reducir el impuesto a la renta para empresas de 35% a 30%. Sin embargo, la idea de esta suerte de reforma tributaria no ha calado bien en el Congreso, especialmente considerando el antecedente de este año, cuando no llegaron los $15 billones del presupuesto que se esperaban recaudar a través de litigios que debía ganar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entonces en cabeza por el ahora ministro de Comercio Luis Carlos Reyes.

En paralelo al paquete de dos partes que es el proyecto de PNG y el de la ley de financiamiento, Petro también ha tenido que gestionar ataques en contra de su iniciativa de ampliar las inversiones forzosas que se hacen en el sector de agricultura a otros como vivienda y turismo. En diálogo con este diario, el expresidente Iván Duque dijo que “hay que tener mucho cuidado con el término inversiones forzosas, porque es muy general”. El exmandatario, que ya había advertido que el mecanismo podría ser usado para “echar mano a los ahorros de los colombianos”, dijo que, aunque también es una figura que se usó en su gobierno y en el de Álvaro Uribe, las situaciones eran diferentes por coyunturas como la pandemia del Covid-19. “Es una forma de expropiación diferida del ahorro de los colombianos”, afirmó.

El presidente Petro respondió que el mecanismo de la inversión forzosa no es nuevo y que sus opositores están “irradiando falsa información”. Lo cierto es que aun no es claro si el tema sería presentado como un proyecto de ley ante el Congreso, si hay elementos que se puedan implementar vía decreto o utilizando otros instrumentos que ya existen para las inversiones forzosas en el sector de la agricultura.

De momento, el primer mandatario y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, han encabezado reuniones con miembros del sector financiero. Este martes, avanzaron “en la propuesta de $50 billones para sectores priorizados e inversiones estratégicas en el marco de la reactivación económica del país”, un acuerdo que quedará sólido esta semana, según explicó la funcionaria. De hecho, Jonathan Malagón, presidente de la Asobancaria, ya confirmó que en los próximos días se dará a conocer el pacto al que llegó con el Gobierno sobre las inversiones forzosas.

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