Petro quiere esquivar crisis financiera y se rodea de un gabinete cercano al activismo
El presidente Petro prepara la llegada del que será su cuarto ministro de Hacienda desde que llegó al poder, que deberá sortear las complejidades económicas mientras le da aire a la ejecución presupuestal. El gabinete inició una “gira” por el país para impulsar la consulta popular y de paso, cautivar al electorado para la reelección del progresismo.
El presidente Gustavo Petro completó 52 cambios en su gabinete ministerial en lo que va de su mandato, y en los próximos días nombrará a Germán Ávila, el que será su cuarto ministro de Hacienda, un hecho que lo convirtió en el jefe de Estado que más designaciones ha hecho en la cartera económica en la historia reciente. Pero más allá de estas movidas, que les han generado preocupación a algunos sectores, Petro dejó claro que lo que espera de sus nuevos funcionarios sobrepasa el tema de ejecución presupuestal y está directamente relacionado con la campaña por la reelección del progresismo en 2026.
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El presidente Gustavo Petro completó 52 cambios en su gabinete ministerial en lo que va de su mandato, y en los próximos días nombrará a Germán Ávila, el que será su cuarto ministro de Hacienda, un hecho que lo convirtió en el jefe de Estado que más designaciones ha hecho en la cartera económica en la historia reciente. Pero más allá de estas movidas, que les han generado preocupación a algunos sectores, Petro dejó claro que lo que espera de sus nuevos funcionarios sobrepasa el tema de ejecución presupuestal y está directamente relacionado con la campaña por la reelección del progresismo en 2026.
Con su último remezón ministerial, los pronunciamientos que ha hecho en los consejos de ministros televisados y su discurso en la marcha #18M se evidenció que una de las necesidades del presidente es que su gabinete, sin soltar el cumplimiento del Programa de Gobierno, se incline hacia el activismo y la movilización.
Lea: La CUT se declaró como “Comité de impulso de la consulta popular”.
Por esto, varios funcionarios lideraron gran parte de las marchas, hicieron llamados desde sus carteras e incluso recientemente iniciaron una “gira” para impulsar la consulta popular. En este grupo están los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Trabajo, Antonio Sanguino; el director del DPS, Gustavo Bolívar. También han tenido un rol significativo varios de los exministros (Carolina Corcho, Susana Muhamad, Andrés Camacho) y Gareth Sella, quien está vinculado al DPS.
Y es que el mismo martes pasado en el que Petro reconoció que su Gobierno entraba en la “campaña por el sí” a la consulta popular y se declaró en “movilización permanente y creciente”, quedó en firme la salida de su tercer minhacienda, Diego Guevara, y saltó a la luz el nombre de su reemplazo, Germán Ávila, economista y excompañero de Petro en el M-19. Su hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes del Ejecutivo.
Ese día, la bandera del M-19 se vio en varias de las movilizaciones que se presentaron en el país e incluso, el presidente nombró a la guerrilla durante su discurso de media hora en la Plaza de Bolívar: “Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta”.
En otras palabras, dijo que todos sus señalamientos contra el Congreso por ponerles freno a sus reformas, son serios, así como la insinuación de que el pueblo puede “sacar” a los legisladores de la corporación si no se siente representado.
Su tono se endureció y se evidenció que buscará con fuerza la reelección de su proyecto. Luego surgieron dudas de qué espera Petro de su nuevo ministro de Hacienda y por qué se dio la salida de Guevara en momentos de tanta tensión financiera y cuando no cumplía ni cuatro meses de posesionado. Para algunos gremios y políticos no se envió el mejor mensaje.
Fuentes cercanas al alto Gobierno señalan que Guevara venía desanimado por ocupar la cartera justo en el peor momento fiscal y que su preocupación aumentaba con cada recado que le daba el presidente, entre estos el de recortar o congelar gastos, pero sin que se superara la cifra de $12 billones, que es el hueco fiscal del Presupuesto General.
Si bien Guevara habría dicho que el monto debía estar por encima de los $12 billones e incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) habla de un hueco fiscal mucho mayor, todo indicaría que el presidente, por lo pronto, tiene otras prioridades relacionadas con la consulta popular, que sí o sí le implicarán gastar, pues no son gratuitas las movilizaciones, las tarimas, las visitas a región y la atención que se les puede brindar a los asistentes.
Lo cierto es que hay un contrato por $9.266 millones con la empresa Feeling Company, firmado en septiembre del año pasado, para la organización de todos estos eventos. Sin embargo, no se ha subido al Secop cuánto costó la marcha #18M y desde inicios de 2025 no se actualiza, siendo hasta ahora desconocidos los valores de las visitas de Petro a algunas regiones.
Mientras estas cifras se conocen, cada ministerio tiene la orden de acelerar la ejecución presupuestal, que ha sido uno de los mayores reclamos de Petro frente al gabinete, y sacar adelante la consulta, sobre la que ya se están redactando las preguntas que se pondrían a consideración del electorado. El documento será enviado próximamente al Senado para que dé su concepto y defina si el destino de las reformas debe ser a través del voto popular.
Nada más el ministro de Trabajo, Sanguino, comenzó en Manizales una “gira” por el país: “Damos inicio a la campaña de la consulta popular por las reformas sociales”, dijo en el encuentro, en el que estuvo acompañado por el representante de la Alianza Verde Santiago Osorio, quien milita en el sector cercano al Gobierno que estuvo reunido este jueves con el jefe de Estado en la Casa de Nariño.
Son varios los funcionarios que cuentan que Petro quiere dejar las reformas sociales como su legado e incluso hay quienes reconocen que se podría haber avanzado más sin necesidad de estas. Pero, la directriz es unificarse y buscar a toda costa que los colombianos vayan a las urnas y decidan por esta agenda reformista.
Eso sí, la oposición señala que no se trata de otra cosa que de hacer campaña electoral anticipadamente, lo que tampoco les incomoda completamente, pues también se les abre el camino para hacer la “contracampaña” y buscar votos para su proyecto impulsando el abstencionismo electoral. La consulta, para tener validez, necesita mínimo 13.6 millones de votos.
A propósito de la oposición, el presidente ha venido señalando que se aproximan cambios en los ministerios para retirar funcionarios del segundo mando que vendrían de los partidos opositores y que, según él, han torpedeado la ejecución de las carteras y afectado el cumplimiento de sus promesas de campaña.
En el Ministerio del Interior ya han salido varias personas, entre esas, las que representaban a los partidos cristianos, Colombia Justa Libres y Mira, que dieron su voto (Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo) para hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Desde el Ejecutivo se mantienen firmes en que ambas habían quedado en no votar la ponencia de archivo, pero a última hora se echaron para atrás, un gesto que les cobró el ministro del Interior, Armando Benedetti.
De igual forma, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya solicitó la renuncia protocolaria de todos los funcionarios y estará meditando cómo recomponer la cartera en medio de las crisis de orden público y humanitarias en el Catatumbo y en el Cauca por las que prometió actuar con fuerza.
Hay otro asunto en la lista de pendientes de Petro y es definir quién se quedará con el Ministerio de Comercio que dejó Luis Carlos Reyes en medio de choques con el Gobierno. La cartera habría sido prometida al Partido Liberal, pero las peleas que hay en la colectividad han frenado la designación, pues no hay consenso en torno a un nombre.
Mientras se liberan las plazas supuestamente ocupadas por la oposición en algunas entidades, la fuerza legislativa de Petro también se mueve para invitar a los colombianos a la consulta popular, y de paso, a darle una oportunidad más al proyecto en el poder.
La situación económica por la que atraviesa el país podría frenar un poco los planes del Gobierno, no solo por las dificultades para financiar las acciones que piensa emprender el presidente en su último año y medio en el poder, sino también por los señalamientos de “derroche” que empezó a hacer sonar la oposición y que mediáticamente puede costarle a la Casa de Nariño.
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