“El incumplimiento declarado del Acuerdo traería consecuencias”: Gustavo Petro

Presidente, en julio usted va al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar al Estado colombiano que usted representa por el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, y hasta aliados suyos lo han criticado por eso. ¿Mantiene esa idea? ¿Qué es lo que busca?

Se está incumpliendo el proceso de paz. El Estado no es solo el Gobierno. Es el poder Judicial, Legislativo y, obviamente, el Ejecutivo. Yo soy jefe del Estado. Pero yo soy jefe del Estado solo en materias internacionales. De resto, tengo que respetar las decisiones del Congreso y del poder Judicial. Y esas decisiones, incluidas muchas del Ejecutivo en estos años que han pasado desde el 2016, van en contra del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Vamos a poner un solo ejemplo: la reforma agraria. No se cambiaron las normas para esa reforma agraria, y con las que existen nunca se ha podido hacer una reforma agraria. Se está incumpliendo en materia de reforma agraria, que es recoger tierra fértil y entregársela al campesinado colombiano sin tierra.

¿Todo esto no es un debate interno de país?

El Acuerdo dijo tres millones de hectáreas, vamos en 200.000. ¿Y por qué no puede el Gobierno hacerlo más? Porque toca comprar voluntariamente a quien la ofrezca y no han ofrecido sino eso. Podríamos aumentar a más a 400.000, pero llegar a tres millones con las normas vigentes, indudablemente, es un imposible. Y las normas las hace el Congreso. En el campo del poder Judicial se están observando cosas como la suspensión de la contratación de la acción comunal con recursos del Estado. Eso significa las vías campesinas. No hay una fórmula para cumplir el Acuerdo de Paz en regiones excluidas de Colombia. Y ahora no se pueden hacer las vías acordadas en las regiones, que no es sino con sus propias organizaciones populares. Un gran empresario no se va a meter en las selvas del Chocó a esperar que lo secuestren. Es la comunidad misma la que va y puede hacer las obras públicas en su región con los dineros del Estado. ¿Por qué no se están impidiendo hacer eso?

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¿Le ponen trabas a la implementación?

Eso es incumplir el Acuerdo de Paz, porque uno de esos puntos habla del fortalecimiento de las organizaciones populares en las zonas que se escogieron como zonas de paz. Y así podríamos nombrar el tema judicial: la verdad judicial. En el Acuerdo de Paz se dijo que la instancia de cierre de la verdad judicial sería la Justicia Especial para la Paz. Y normas y sentencias en el curso de todos estos años lo han impedido. Entonces, estamos incumpliendo el Acuerdo de Paz en materia de verdad judicial. En el caso del Ejecutivo, en el caso de los gobiernos, el Acuerdo de Paz ordenó priorizar las regiones excluidas de Colombia en la inversión pública precisamente para igualarlas, para lograr una convergencia, para que salgan de la pobreza y de las economías ilícitas.

Sus críticos dicen que falta voluntad política…

Si se mira el cuadro de inversiones públicas desde 2016 a la fecha, que se encuentra en el cuadro de vigencias futuras que va hasta 2030, la inversión pública de Colombia se ha concentrado en grandes negocios particulares, básicamente troncales de Transmilenio y dobles calzadas con peaje, que están en una geografía que es la zona más pudiente de Colombia y no en las regiones excluidas donde en el Acuerdo de Paz se dijo que se tenían que invertir los recursos. Entonces, los gobiernos también han incumplido el Acuerdo de Paz en materia de la inclusión del territorio excluido de Colombia.

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¿Está buscando una especie de guiño o apoyo internacional para poder presionar decisiones aquí en Colombia, ya que, según sus palabras, lo están frenando para incumplir ese acuerdo?

Pues hay un compromiso de Colombia ante la humanidad, que fue lo que hizo Santos; eso no es un invento mío. El presidente Santos firmó una carta diciendo que el Acuerdo de Paz era una declaración unilateral de Estado. ¿Eso qué significa? Que la humanidad puede reclamarle a Colombia porque no ha cumplido el acuerdo. Es un Acuerdo de Paz que declaró libre y voluntariamente ante las Naciones Unidas y que forma una especie de obligación perentoria. El incumplimiento declarado del Acuerdo indudablemente traería consecuencias. Yo lo que he propuesto es precisamente lo que dice uno de los capítulos de la declaración unilateral de Estado, que es hacer un acuerdo nacional para cambiar las normas que están impidiendo el acuerdo de paz de Colombia.

¿Va a hablar de constituyente?

No, eso no tiene que ver. Ese es un camino de tantos. Lo podría hacer la ley, pero la pregunta es por qué no lo ha hecho. La ley no la hace el Gobierno. Podrían ser sentencias judiciales en otros casos, porque han salido adversas al Acuerdo de Paz. Pueden ser actos de Gobierno, y nosotros los estamos haciendo hasta donde podemos. Pueden ser cambios constitucionales, que en mi opinión no hay necesidad de hacer muchos. Pero en torno a la inversión pública del Estado sí, porque el territorio excluido no ha sido acogido por las normas vigentes y no hay realmente un desarrollo en la mayor parte de la Colombia excluida. ¿Por qué no lo hace Petro? Porque necesita las leyes, necesita las normas, necesita la decisión judicial para cumplir el acuerdo de paz con las FARC.

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*Nota del editor: este diálogo se dio durante la visita del presidente Gustavo Petro a Suecia en el marco de un diálogo ampliado con los medios que cubrieron su recorrido, entre ellos El Espectador.

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