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Luego de que El Espectador revelara que dos funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) renunciaron en medio del estudio de un polémico proceso que buscaba tumbar una vieja sanción en contra del presidente Gustavo Petro y Alberto Merlano Alcocer, tío de su esposa, Verónica Alcocer, varias voces cuestionaron al Gobierno y pidieron explicaciones sobre las posibles presiones indebidas en el interior de la entidad que maneja Cielo Rusinque.
Casi un día y medio después de que estallara la polémica, el mandatario respondió, con un mensaje en su cuenta de X en el que entregó otra versión de los hechos. “Esto es una mentira total. Los funcionarios no renunciaron, les pidieron la renuncia. Y no por lo que dice la periodista”, explicó Petro en el primer punto de su mensaje.
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A renglón seguido, el jefe de Estado se refirió a la sanción y aseguró que en este momento no tiene multas de las SIC, puntualmente porque al convertirse en presiente todos sus procesos a la Comisión de Acusaciones, donde, según él, el proceso se cayó porque se basaba en un vacío jurídico. Además, aseguró que en ese momento lo investigaron por “represalias” políticas, aún cuando solo cumplía una sentencia de la Corte Constitucional.
1. Esto es una mentira total. Los funcionarios no renunciaron, les pidieron la renuncia. Y no por lo que dice la periodista.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 25, 2024
2. Yo no tengo multa de la SIC, mis procesos pasaron todos a la comisión de acusaciones, donde por el vacío jurídico sobre la que se impuso la multa de la… https://t.co/M0mVB1J2Aq
“El allanamiento que la SIC produjo bajo mi mandato, a la empresa de acueducto de Bogotá, se debe solo a que en el cambio del modelo de aseo, y terminado el contrato de basuras de Alberto Ríos, los militantes de Cambio Radical y amigos de Germán Vargas Lleras, decidieron multarme, usando la SIC, en represalia por no prorrogar un contrato del financiador del señor Vargas Lleras, el señor Ríos”, explicó Petro.
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En su mensaje no habló de los rumores sobre la posible llegada del tío de su esposa a Ecopetrol, pero afirmó que la sanción en contra de Merlano Alcocer está suspendida desde hace 10 años, “gracias a un fallo de primera instancia que respaldó la legalidad del decreto de las basuras emitido durante mi gobierno. La SIC solo impuso un embargo preventivo”.
La SIC también desmintió las versiones, señalando que la solicitud de renuncias protocolarias es un procedimiento administrativo común, orientado a evaluar y reorganizar la estructura de la entidad cuando sea necesario. Según la entidad, asociar este procedimiento con posibles retaliaciones es un acto malintencionado y sin fundamento. Y sobre el caso de Alberto Merlano aclaró que, contrario a lo divulgado, no tiene facultades para levantar de manera unilateral las sanciones impuestas.
La “jugadita” en la SIC que toca a Petro y Merlano Alcocer
Como lo contó este diario el pasado martes, la polémica gira en torno a una sanción que la SIC le impuso al entonces alcalde de Bogotá y a un conocido de su círculo familiar y político: Alberto Merlano Alcocer, tío de la primera dama. Según se conoció, varios funcionarios en la entidad y en la Casa de Nariño buscaban resolver el tema, pero en el camino se encontraron con dos delegados que alzaron la voz contra la decisión, que sería tumbar la sanción contra Merlano para, al parecer, nombrarlo como presidente de Ecopetrol.
La medida nace de una solicitud de nulidad iniciada por el propio Merlano, la cual fue incluida para discusión el 4 de diciembre por el Comité de Conciliación de la SIC. Al tratarse de un asunto delicado, dos miembros de ese Comité pidieron suspender la sesión para poder estudiar mejor la petición de Merlano.
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Lo que el tío de la primera dama sostuvo, al menos en un primer momento, es que esa sanción de la SIC iba en contra de la Constitución y, por eso, debía revocarse. Ahora bien, para que eso suceda, la SIC debe pedir primero el visto bueno del Comité de Conciliación para, solo después de tener la luz verde, pedirle a la justicia administrativa que tumbe la sanción. Un escenario que, según expertos, nunca ha ocurrido.
El 9 de diciembre, el Comité de Conciliación volvió a reunirse y dos delegados dejaron claro el asunto: la petición de Merlano no tenía ningún mérito, pues era un tema que ya había cerrado la SIC. En síntesis, porque la ley no le permite a nadie volver a revisar un proceso, luego de agotar la segunda instancia. Los autores de esa tesis fueron Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra, el primero delegado para asuntos jurisdiccionales, y el segundo, delegado para la Protección de Datos Personales de la SIC.
Al día siguiente de esa sesión, el 10 de diciembre, en la SIC apareció una nueva petición justamente con el argumento que habían explicado Sánchez y Sierra. Lo que alegó en esa segunda oportunidad Alberto Merlano Alcocer es que la sanción de 2014 de la SIC en su contra había resultado en un agravio injustificado. Lo que investigó la Superintendencia fue que, cuando el entonces alcalde Petro quiso cambiar el modelo de basuras en Bogotá, lo hizo de tal manera que no dejó que empresas privadas participaran de él, violando el régimen de la libre competencia.
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Los delegados no solo no estuvieron de acuerdo con la petición de Merlano, sino que el pasado 18 de diciembre presentaron impedimentos para no seguir participando de la discusión. Primero, porque ya habían conocido el primer recurso de Merlano, y no podían ser juez y parte de un asunto en el que ya habían emitido su concepto. Y segundo, porque el mismo peticionario ya había activado otros mecanismos para evitar la sanción: una demanda ante el Tribunal de Cundinamarca desde 2015.
En medio de la polémica, y de no encontrar los mínimos de transparencia, Alexánder Sánchez y Grenfieth Sierra presentaron su renuncia voluntaria e irrevocable a la SIC. Por ahora, el tema quedó congelado por cuenta de las advertencias de los delegados.
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