Este es el rastro de plata con el que se reactiva el expediente de la campaña de Petro

Dentro de tres días llegará al edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) —entidad que investiga la campaña del presidente Gustavo Petro— el poderoso empresario Euclides Torres, quien pasa inadvertido en la capital, pero en Atlántico, sobre todo en Puerto Colombia, despierta todo tipo de comentarios por su fama de contratista y su vínculo directo con la política de la región.

Dentro de tres días llegará al edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) —entidad que investiga la campaña del presidente Gustavo Petro— el poderoso empresario Euclides Torres, quien pasa inadvertido en la capital, pero en Atlántico, sobre todo en Puerto Colombia, despierta todo tipo de comentarios por su fama de contratista y su vínculo directo con la política de la región.

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Después de subir hasta el cuarto piso del edificio y entrar a uno de los despachos de la organización electoral, si cumple con la citación, la cabeza del llamado clan Torres —que ocupa sillas en la Asamblea del Atlántico y en la Cámara de Representantes— responderá algunas preguntas que le tienen preparadas los dos magistrados que investigan si hubo irregularidades en la financiación de la campaña Petro.

Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), los magistrados que desde junio del año pasado formaron una comisión especial para revisar a fondo los libros financieros de la campaña del Pacto Histórico, le preguntarán a Torres si financió eventos que promovían el nombre de Petro para llegar a la Casa de Nariño, entre esos el del escenario en forma de P en Barranquilla, desde donde Petro lanzó su candidatura oficial en 2022. La clave es saber si dio plata y si fue o no reportada.

Torres, quien salió salpicado en las declaraciones que dio Nicolás Petro a la Fiscalía sobre el presunto ingreso irregular de dinero a la campaña de su padre, es solo una de las personas que hace parte del expediente que, conforme han pasado los meses, se ha ido robusteciendo al punto de tener al CNE, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones del Congreso uniendo hilos.

Lo que inició como una denuncia anónima que llegó al correo del CNE el 2 de febrero de 2023, es hoy un caso que tiene bajo incertidumbre la llegada al poder del primer presidente de izquierdas en Colombia, no solo por los señalamientos de posibles irregularidades, sino también porque cualquier hallazgo de gastos no reportados, por insignificante que parezca su monto, puede violar el tope permitido por la ley. Y la campaña está a menos del 1 % de sobrepasarlo.

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Así se evidencia en los libros contables de ingresos y gastos de la primera y segunda vuelta presidencial de la campaña Petro y en los nueve autos oficiales que ha expedido el CNE, documentos a los que El Espectador accedió a través de mecanismos legales.

En los reportes que entregó la campaña, ambos firmados por Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña, y por María Lucy Soto Caro, quien fue la auditora interna, se dejó claro que no hubo ingresos del patrimonio del candidato o de sus familiares, que fueron pocas las personas naturales que hicieron donaciones o dieron apoyos en especie, y que la mayor fuente de ingresos para la campaña fue mediante créditos con el sector financiero.

De los casi $19.500 millones que se le inyectaron a la campaña en primera vuelta para expandir el mensaje de cambio en el país, instalar vallas, hacer presencia en radio, televisión y redes sociales, arrendar sedes, viajar entre departamentos y suplir todo gasto, $18.900 millones (97 %) proviene de créditos con el Banco de Bogotá, GBS Sudameris S. A. y Confiar Cooperativa Financiera. Para la segunda vuelta, en la que los ingresos reportados fueron de poco más de $11.638 millones, el 99 % ($11.606 millones) salieron de un préstamo con Confiar.

Además, solo registraron cinco personas naturales como contribuyentes, cuatro en el libro de la primera vuelta —celebrada el 29 de mayo de 2022— y una en la segunda, que tuvo lugar el 19 de junio. El abogado y politólogo Camilo Ramón Mejía dio una donación de $2 millones; la señora Viviana Piedad Pérez le hizo al hoy presidente un préstamo por $450 millones y los señores Fernando Ballesteros y Diego Alejandro Cardona hicieron donaciones en especie por cubrimiento de prensa ($93 millones) y la instalación de dos vallas publicitarias en Bogotá e Itagüí ($28 millones), respectivamente.

Para la segunda vuelta, el bacteriólogo Luis Gabriel González Marín —fundador de Vesalius Pharma, compañía con presencia en cinco países de Latinoamérica que facilita el acceso a terapias de alto costo y medicinas huérfanas oncológicas— donó $30 millones.

El monto de los ingresos de la campaña levantó algunas dudas, pues es mucho menos que el de gastos. Solo para la primera vuelta, la diferencia es superior a los $8.000 millones y para la segunda de $1.000 millones. La campaña aún no justifica de dónde salieron casi $10.000 millones más.

Eso sí, miembros del petrismo han terminado por avivar las dudas. El exembajador Armando Benedetti apareció en una grabación con la ahora directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, diciéndole con evidente enojo que tenía cómo demostrar el supuesto ingreso irregular de $15.000 millones a la campaña de Petro.

A esto se le suma que el primogénito del presidente, Nicolás, después de las acusaciones de su exesposa Daysuris Vásquez, terminó acusado por enriquecimiento ilícito y aceptando que faltaría dinero por ser reportado, entre esos el del empresario Torres, dato del que, aseguró, tenía conocimiento el exembajador en Venezuela.

A propósito, en los folios del expediente a los que accedió este diario, quedó claro que Benedetti es la única persona que no se ha presentado en las instalaciones del CNE, pese a haber sido citado en julio de 2023 a rendir versión tras la explosiva llamada a Sarabia.

Saber si esos $15.000 millones entraron o no a la campaña puede tardar, pero esta semana se podrá saber, con la declaración de varios citados y la entrega de facturas que deben hacer varias empresas al CNE, si hay cabos sueltos y gastos que no fueron reportados.

Ya Nexia Montes & Asociados S. A. S. —firma designada por la Registraduría para hacerles auditoría a los movimientos financieros de la campaña Petro— le advirtió al CNE que habría una presunta irregularidad con una de las empresas contratadas: Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad Ltda. Al parecer, se habría anulado una de sus facturas para reportar un valor menor y así no pasar el tope de gasto.

Para aclarar este punto, el CNE pidió información de la facturación electrónica de Olimpo Seguridad durante el 2022. El documento debe ser entregado en los próximos días, por instrucción de los magistrados Ortiz y Prada.

Pero estos episodios no han sido los únicos tragos amargos para la campaña. La organización electoral tiene otro frente abierto y es la indagación a Ricardo Roa, quien antes de que finalizara el 2023 visitó el edificio de la Procuraduría para dar su testimonio en el caso de Nicolás Petro. La misma entidad le abrió investigación disciplinaria días más tarde.

Aunque su abogado, Germán Eduardo Palacio Zúñiga, intentó que se archivara su caso en el CNE, Ortiz y Prada hicieron saber en un auto del 12 de diciembre que la indagación preliminar continúa y le reiteraron a la DIAN que siguen a la espera de un reporte sobre la información exógena de Roa y una copia de la facturación electrónica de adquisición de bienes durante 2022.

La autoridad tributaria deberá entregar estos datos en el caso de otros cuatro vinculados con la campaña: Jonathan Ramírez Nieves, quien salió de su cargo como secretario general de Prosperidad Social debido a un escándalo por supuesta manipulación de licitaciones en la entidad; Luis Aníbal Cano, quien fue coordinador de la logística de la campaña en Florida, Valle, recibió un pago de $8 millones y fue el candidato de Colombia Humana a la Alcaldía de ese municipio en las pasadas elecciones regionales.

También se espera la información tributaria de Christian Andrés Ibarra, representante de la empresa VIR Publicidad, actual contratista de la Alcaldía del mismo municipio del Valle y que —entre la primera y segunda vuelta— estuvo a cargo de parte de la propaganda electoral de Petro por más de $926 millones.

El nombre de José Orlando Riveros Casas integra la solicitud del CNE a la DIAN. De acuerdo con la plataforma del Registro Único Empresarial, es el representante de la empresa de publicidad Grafikar y —según los libros contables de la campaña— es quien recibió la mayor cantidad de dinero como persona natural: más de $2.200 millones por propaganda electoral.

De hecho, la propaganda electoral fue el principal gasto de la campaña en las dos vueltas presidenciales. Para la primera se gastaron más de $19.500 millones (68,8 %) y para la segunda más de $9.200 millones (70 %).

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Ahora bien, regresando a las diligencias que ordenó el CNE para el 23, el 24 y el 29 de enero, además de la del empresario Torres, desde varias regiones del país ya se preparan para viajar a Bogotá personas que hicieron parte de la estrategia de testigos electorales, una iniciativa que coordinó el español Xavier Vendrell y también dejó un manto de dudas.

El mismo Petro, cuando era aún candidato, dijo que su desempeño en las urnas dependería de los más de 80.000 testigos electorales que presentó la coalición del Pacto Histórico a la Registraduría. En las elecciones de Congreso, fueron estas personas las responsables de hallar en el proceso de escrutinio alrededor de 400.000 votos marcados para el Pacto que no habían sido tenidos en cuenta en el preconteo. Como producto del esfuerzo, se lograron tres curules más en el Senado.

El trabajo de los testigos fue ampliamente aplaudido, pero, tras el triunfo electoral de Petro, salieron a la luz varias quejas de ellos porque no se les giró un dinero, como sí habría pasado en las legislativas y en la primera vuelta presidencial.

El dilema, ahora en manos del CNE, es que el giro de $30.000 a $60.000 del que hablan algunos testigos, no aparece reportado en las cuentas de Petro. Roa dijo en algunos medios que sí hubo ciertos pagos, pero solo a coordinadores.

Sin embargo, Cristian Uscátegui, quien les dará su versión a los magistrados el 29 de enero, le dijo a El Espectador que el pago no solo fue para coordinadores, pues él y otros conocidos de su municipio, Sotaquirá, Boyacá, recibieron dinero por su labor, además de comida y transporte para las jornadas electorales.

“Fuimos 14 testigos electorales aquí en Sotaquirá. Decidí hablar porque es increíble que digan que lo de los testigos fue informal y que no tuvo estructura, cuando nos dieron capacitaciones muy completas que fueron dictadas remotamente desde Bogotá y está toda la trazabilidad de los giros”, aseguró Uscátegui, a quien le pagaron, según afirmó, $120.000 y le quedaron debiendo otro.

En total son cuatro los testigos citados para esta semana y cuatro las empresas a las que se les solicitó “allegar, de forma detallada e íntegra, la relación de giros que hubiese recibido o emitido a los testigos electorales dentro del período comprendido entre el 1.° de marzo y 31 de octubre de 2022”.

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Estas son, de acuerdo con el auto del 9 de enero de 2024, Red Empresarial de Servicios S. A. —Supergiros—, Matrix giros y servicios S. A. S. —Su Red—, Efecty y Jer S. A. Según el plazo de diez días otorgado por la organización electoral, las empresas deberán entregar lo solicitado a más tardar el martes 23 de enero.

En cuestión de días los magistrados obtendrán información para determinar si hubo pagos a testigos electorales. En caso de ser así, deberán calcular cuánta plata fue girada y si la suma superaría los $300 millones que tiene al Pacto al filo de violar los topes permitidos.

También se escuchará la versión del empresario del Atlántico, departamento donde Petro obtuvo más de 600.000 votos en la segunda vuelta, sobre su presunta participación en la campaña.

Si se llega a comprobar que la campaña ocultó gastos y excedió el umbral permitido, se podría iniciar una investigación formal de la Fiscalía, que en octubre del año pasado mostró su voluntad de acelerar el caso compulsando copias a la Comisión de Acusación de la Cámara y remitiéndolas a la Corte Suprema de Justicia y al CNE. Les mandó, entre otros folios, las declaraciones de Nicolás Petro sobre presuntos movimientos turbios de dinero para las presidenciales.

Luego del respiro que le dieron las regionales al expediente Petro, y las fiestas de fin de año, todo parece indicar que la atención del CNE se centrará en resolver las dudas sobre las finanzas que hicieron posible la victoria de Petro en las urnas.

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