Petro desplegó nueva estrategia en tres frentes para promover su agenda progresista

La estrategia que desplegó la Casa de Nariño para darle un empujón a su programa progresista durante los dos años largos que aún le restan en el poder a la primera administración de izquierda está basada en tres ejes que, en escenarios distintos –incluyendo uno internacional– se echaron a andar en tan solo los últimos siete días.

La estrategia que desplegó la Casa de Nariño para darle un empujón a su programa progresista durante los dos años largos que aún le restan en el poder a la primera administración de izquierda está basada en tres ejes que, en escenarios distintos –incluyendo uno internacional– se echaron a andar en tan solo los últimos siete días.

Quien está al frente de todo es el presidente Gustavo Petro, por supuesto, y su objetivo no es otro que lograr presionar en los casi 25 meses que le quedan en el poder las banderas principales de unas propuestas que le sirvan para intentar que el progresismo aún sea protagónico después del 2026. Y, para ello, potenció en su relato público la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas FARC.

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Por eso fue que el jueves, ante los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, llevó una agenda interna que ha visto estancada por la falta de consensos en el Congreso y sus confrontaciones tácitas con la Rama Judicial, pero con una base que mostró un ajuste de su discurso para intentar atraer aliados.

En efecto, ante esa instancia multilateral –actualmente presidida por Rusia– se abstuvo de hablar de “poder constituyente”, pero mantuvo su intención de hacerle cirugías de fondo a la Constitución de 1991, la misma que en la campaña en la que obtuvo 11,2 millones de votos en la segunda vuelta de 2022 dijo que no tocaría. Esa fue la razón por la que reencauchó la figura del fast track, la cual fue usada por el ahora expresidente Juan Manuel Santos para promover las primeras reformas que se requerían para implementar el pacto de La Habana de 2016.

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Y aunque sostuvo que para dar ese paso es necesario caminar de forma previa hacia un acuerdo nacional, expresión usada tan solo en uno de los renglones que hay en las más de 300 páginas del Acuerdo con las FARC, lo cierto es que tuvo que admitir que todo al final debe pasar por un Congreso con el que lleva dos años en una fuerte confrontación y del cual no ha logrado sacar mayor apoyo para sus propuestas, salvo contadas excepciones como la primera reforma tributaria, una ley de endeudamientos por 17.605 millones de dólares y la reforma pensional.

La agenda de Petro para usar ese mecanismo exprés de aprobación de normas incluye ocho puntos específicos, que tocan desde la búsqueda de un tribunal de cierre judicial hasta la modificación de asuntos económicos como las vigencias futuras, lo cual coincide con lo que dos semanas antes, según él, debería ser el contenido base de un acuerdo nacional que derivara en una Asamblea Nacional Constituyente.

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“Entre las bases y los puntos de partida para buscar un acuerdo nacional están la no reelección, la exclusión de las violencias de la política y el respeto absoluto a la autonomía territorial”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el encomendado por Petro para tender los puentes que deriven en esos procesos y quien, precisamente en 2016, impulsó desde el mismo cargo el fast track de Santos.

Y aunque voces como las de los congresistas petristas María José Pizarro, David Racero y Martha Alfonso, entre otros, han salido a apoyar la nueva propuesta con la que el jefe de Estado quiere impulsar su proyecto de país, desde otros sectores ya anunciaron una férrea oposición a esa idea. En efecto, senadores como María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), junto a expresidentes como Álvaro Uribe e Iván Duque, ya están en el ring para decirle “no” a esa vía.

Pero como el mandatario es consciente de que el grueso de las 108 curules del Senado y de las 186 de la Cámara (aunque ya hay algunas vacías) puede ser adversas a sus intenciones, justo antes de viajar a comienzos de semana a Nueva York sacó a relucir la segunda carta de su estrategia: la agitación de masas en la plaza pública y las calles.

En una alocución presidencial que cargó de simbolismo al grabarla desde una vivienda en el sur de Bogotá, anunció que el 16 de julio sancionará la reforma pensional. Y en la casa en la que esbozó su mensaje habita, precisamente, un adulto mayor de 80 años que por su situación de pobreza no cuenta con una mesada. La iniciativa que logró avalar tras varias polémicas en el Capitolio, entre otras cosas, busca dar $225.000 pesos a por lo menos 500.000 personas que están en la misma situación que el señor que apareció junto al mandatario.

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Claro que, además de intentar contrarrestar las críticas de la oposición que calificó esa reforma como una “forma de expropiar el ahorro de los colombianos”, Petro dijo que el próximo martes la Plaza de Bolívar, en pleno corazón de Bogotá, debe llenarse de ciudadanos que muestren respaldo popular al actual inquilino de la Casa de Nariño.

Y tan solo cuatro días después, el 20 de julio, cuando se instala el tercer año legislativo, el presidente Petro quiere realizar una movilización previa también con el ánimo de mostrar músculo popular y llegar al Capitolio con un mensaje en torno a que propende por el diálogo, pero sin ceder del todo al contenido de sus iniciativas porque, a su juicio, es lo que la gente que lo eligió quiere ver materializado. En este punto es clave el ajuste que le hizo a su gabinete no solo con Cristo, sino llevando a personas ideológicamente más afines, como el ahora ministro de Educación, Daniel Rojas.

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Ese 20 de julio también espera radicar al menos sus primeros seis proyectos de ley con un especial énfasis en lo económico mientras se termina de cocinar el acuerdo nacional y, según confirmó este diario, instruyó al Ministerio de Defensa para que el tradicional desfile militar de ese día cambie su ruta hacia barrios del sur de Bogotá.

Además, tres semanas después, está prevista la tercera marcha aupada por la Casa de Nariño. Lo que quieren el jefe de Estado y sus aliados es que el 7 de agosto –cuando cumple dos años en el poder– las calles también sean escenario de movilizaciones en favor del autodenominado “Gobierno del cambio”. Y, por supuesto, la oposición no se queda quieta y también alista ya sus contramarchas.

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“Es inaudito y populista hacer propuestas que ya existen, porque solo se necesita de voluntad política y presupuestal para fortalecer y convertir en política pública algunos programas”, dijo la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

La tercera movida de la estrategia de Petro, quien también está intentando zanjar no sin dificultad la dura división de bandos que se le formó en el corazón mismo de la Casa de Nariño entre sus funcionarios más moderados y los del grupo más ideologizado, se conjuga entre las convocatorias a las calles y el uso de la paz como excusa para promover reformas.

Se trata, precisamente, del escenario internacional. En estos dos años de Gobierno el mandatario ha salido del país más de 28 veces y la de esta semana, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es la forma que usó para pedir que desde la comunidad internacional se le dé un guiño para mover la institucionalidad local en favor de lo que busca y que no ha podido tramitar ante las ramas Legislativa y Judicial.

Y aunque aún no es claro si esa instancia multilateral le dará el espaldarazo que busca, el mandatario sí tiene pensado moverse con más fuerza en la arena internacional. Tiene previsto en cuestión de días viajar junto a su familia a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, Francia. Luego aparece en su agenda la toma de posesión del reelecto presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y para octubre la de Claudia Sheinbaum en México, quien reemplaza a su aliado Andrés Manuel López Obrador.

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Todo esto sin contar que Petro y su canciller, Luis Gilberto Murillo –un hombre que está tomando fuerza política entre el progresismo de cara al 2026–, se mueven con fuerza para incidir en el proceso electoral de Venezuela y evitar que el resultado con el que la oposición quiere enfrentar al régimen de Nicolás Maduro termine desatando una ola de violencia. En eso cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

“Queremos democracia para Venezuela, queremos derechos humanos en Venezuela, queremos a Venezuela en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, queremos respeto por el Gobierno y queremos que haya respeto del Gobierno a la oposición y que sea la democracia la que resuelva la crisis”, le dijo a este diario el vicecanciller Jorge Rojas.

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Ahora bien, mientras todas estas fichas se mueven y la estrategia de Petro en tres frentes se echó a andar en la búsqueda de resultados inmediatos, hay expectativa sobre cómo se buscará consolidar el llamado acuerdo nacional por el que pasan todos estos escenarios y que necesariamente impacta sobre otra de las banderas oficialistas, la paz total, aún con escasos resultados a dos años de haberla puesto en marcha.

Pero, en todo caso, el jefe de Estado logró su propósito de controlar el relato público y de llevar al país hacia una anticipada campaña electoral que le permite mantener el tono polarizado y potenciar su discurso en torno a que si no puede ejecutar su programa es porque factores opositores se lo impiden. Aún no es claro hasta qué punto querrá tensionar la cuerda institucional.

*Con información de María Alejandra Medina, enviada especial a Nueva York

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