Petro pidió a la Fiscalía investigar a su hermano e hijo por supuestos sobornos

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones contra su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro Burgos, para que determine cuál sería su responsabilidad en la supuesta existencia de un cartel de abogados que piden a narcotraficantes altas sumas de dinero para que sean incluidos en la política de “paz total”.

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido al Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, explicó en un comunicado.

Igualmente dijo que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

(Lea: “CNE multó al Nuevo Liberalismo y pidió reconocer a Rodrigo Lara como militante”)

Lo que ha trascendido públicamente es que existiría una red que estaría cobrando dinero a grandes narcotraficantes para buscar ser nombrados “voceros de paz”. Las exigencias de dinero superarían el millón de dólares, ya que de ser nombrados como gestores de paz, no serían extraditados a Estados Unidos, entre otros beneficios judiciales.

Al respecto, Petro se mostró determinante y dijo que “mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, señaló en el documento.

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Por último, el primer mandatario señaló que quien quiera interferir en su propósito de la “paz total”, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, “incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.

Juan Fernando Petro ya se ha defendido públicamente y ha dicho que han utilizado su nombre “para hacer negociaciones, sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo”.

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones contra su hermano, Juan Fernando Petro, y su hijo, Nicolás Petro Burgos, para que determine cuál sería su responsabilidad en la supuesta existencia de un cartel de abogados que piden a narcotraficantes altas sumas de dinero para que sean incluidos en la política de “paz total”.

“El 7 de agosto pasado hice un compromiso con los colombianos y colombianas. Tengo la responsabilidad de ser leal al voto que muchos de ustedes depositaron en mí. Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido al Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, explicó en un comunicado.

Igualmente dijo que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

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Lo que ha trascendido públicamente es que existiría una red que estaría cobrando dinero a grandes narcotraficantes para buscar ser nombrados “voceros de paz”. Las exigencias de dinero superarían el millón de dólares, ya que de ser nombrados como gestores de paz, no serían extraditados a Estados Unidos, entre otros beneficios judiciales.

Al respecto, Petro se mostró determinante y dijo que “mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, señaló en el documento.

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Por último, el primer mandatario señaló que quien quiera interferir en su propósito de la “paz total”, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, “incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.

Juan Fernando Petro ya se ha defendido públicamente y ha dicho que han utilizado su nombre “para hacer negociaciones, sé que eso pasa, aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo”.