Petro planteó dudas sobre apego a la ley de la “vaca” de Antioquia para las 4G
El presidente planteó la duda sobre si la iniciativa busca “captar dinero del público de forma masiva” sin contar con la autorización de la autoridad competente. Y lo hizo posteando un pantallazo de la norma del Código Penal que establece ese posible delito.
En medio de una pelea entre el Gobierno Nacional y autoridades departamentales sobre la iniciativa que nació de la Gobernación de Antioquia para financiar las vías 4G, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a un artículo del Código Penal que indica que reunir dinero sin una autorización previa podría traer una condena de más de 10 años de cárcel.
Por medio de una publicación en X (antes Twitter) el mandatario citó el artículo 316 del Código Penal, que establece un castigo de 120 a 240 meses de prisión y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos vigentes para aquel que “desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente”.
Petro había hecho otras críticas a la “Vaca por las vías de Antioquia” y pidió incluso su suspensión. Según él, la propuesta era innecesaria y podía “ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”, tras una denuncia de una supuesta donación de $10 millones por parte del Clan del Golfo. Para responder ante estos cuestionamientos, el gobernador Rendón hizo énfasis en la verificación de las donaciones por parte de la entidad bancaria que las recibía y aseguró que esta sería más estricta en tanto fueran incorporadas al presupuesto del departamento.
La iniciativa nació del expresidente Álvaro Uribe, quien propuso que los ciudadanos se unieran donando cada uno $1 millón de pesos, lo que al final sería suficiente para terminar las obras. Esta fue recibida positivamente por parte de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, que están alineadas con el partido del exmandatario, el Centro Democrático.
La propuesta del presidente para la financiación era la de “implementar con el Gobierno el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquía. De cualquier manera el gobierno nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago”.
En un “ABC” de la iniciativa, las autoridades departamentales indican que la situación (en la que los particulares están asumiendo las obligaciones que le competen a la Nación) se sustenta jurídicamente en que “la Constitución habla que los particulares se puede unir con el Estado para establecer propósitos comunes”, por lo que estaría “todos colaborando a los propósitos generales del Estado”.
Además, la gobernación explica que para la transparencia del manejo de los recursos, “se integró un grupo ciudadano de diferentes sectores económicos, al que denominamos Junta, el cual hará vigilancia de la ejecución de las donaciones”.
Según el último “vaquímetro”, que mide el monto de las donaciones hasta el momento, el dinero recaudado va por los $1.857 millones. Rendón ha instado al Gobierno a que entregue el dinero que falta para culminar las vías 4G en el departamento.
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En medio de una pelea entre el Gobierno Nacional y autoridades departamentales sobre la iniciativa que nació de la Gobernación de Antioquia para financiar las vías 4G, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a un artículo del Código Penal que indica que reunir dinero sin una autorización previa podría traer una condena de más de 10 años de cárcel.
Por medio de una publicación en X (antes Twitter) el mandatario citó el artículo 316 del Código Penal, que establece un castigo de 120 a 240 meses de prisión y una multa de hasta 50.000 salarios mínimos vigentes para aquel que “desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente”.
Petro había hecho otras críticas a la “Vaca por las vías de Antioquia” y pidió incluso su suspensión. Según él, la propuesta era innecesaria y podía “ser infiltrada por dineros sucios del narcotráfico incorporados a las donaciones”, tras una denuncia de una supuesta donación de $10 millones por parte del Clan del Golfo. Para responder ante estos cuestionamientos, el gobernador Rendón hizo énfasis en la verificación de las donaciones por parte de la entidad bancaria que las recibía y aseguró que esta sería más estricta en tanto fueran incorporadas al presupuesto del departamento.
La iniciativa nació del expresidente Álvaro Uribe, quien propuso que los ciudadanos se unieran donando cada uno $1 millón de pesos, lo que al final sería suficiente para terminar las obras. Esta fue recibida positivamente por parte de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Federico Gutiérrez, que están alineadas con el partido del exmandatario, el Centro Democrático.
La propuesta del presidente para la financiación era la de “implementar con el Gobierno el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquía. De cualquier manera el gobierno nacional adelantará el proceso de cobro por valorización evitando castigar sectores poblacionales antioqueños con baja capacidad de pago”.
En un “ABC” de la iniciativa, las autoridades departamentales indican que la situación (en la que los particulares están asumiendo las obligaciones que le competen a la Nación) se sustenta jurídicamente en que “la Constitución habla que los particulares se puede unir con el Estado para establecer propósitos comunes”, por lo que estaría “todos colaborando a los propósitos generales del Estado”.
Además, la gobernación explica que para la transparencia del manejo de los recursos, “se integró un grupo ciudadano de diferentes sectores económicos, al que denominamos Junta, el cual hará vigilancia de la ejecución de las donaciones”.
Según el último “vaquímetro”, que mide el monto de las donaciones hasta el momento, el dinero recaudado va por los $1.857 millones. Rendón ha instado al Gobierno a que entregue el dinero que falta para culminar las vías 4G en el departamento.
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