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El presidente Gustavo Petro, sobre el mediodía de este lunes, informó, a través de un mensaje en su cuenta de X, que la jurista María Clara Galvis Patiño será “nuestra candidata para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y junto a la Corte IDH conforman el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Sobre Galvis Patiño hay que mencionar que se trata de una abogada de la Universidad Externado, en la cual también ha ejercido como profesora. Entre 2014 y 2015 fue magistrada auxiliar del entonces magistrado Néstor Osuna, quien fue ministro de Justicia del gobierno Petro. Por otra parte, entre 2015 y 2019 fue parte del Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada.
Maria Clara Galvis Patiño será nuestra candidata para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 23, 2024
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La abogada postulada por el jefe de Estado también ha sido consultora de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Guatemala y Honduras; de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ); del Programa de Derechos Humanos de USAID; de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El anuncio del mandatario no es menor si se tiene en cuenta que ha sido un férreo defensor de las decisiones del sistema interamericano de protección de derechos humanos; de hecho, recurrió a los organismos que lo integran para darle mayor eco a su denuncia de un supuesto “golpe blando” contra su administración.
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Por otra parte, el presidente ha dicho en varios escenarios que sentencias de la Corte IDH han dejado claro que “no se pueden quitar derechos políticos en instancias administrativas como el Consejo Nacional Electoral”. Esto último está relacionado directamente con la decisión de esa entidad de formularle cargos por la supuesta violación al tope de gastos en la campaña presidencial de 2022.
Lo mismo ha ocurrido en su choque contra la Procuraduría por decisiones contra funcionarios elegidos por voto popular. “Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convirtiendo el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar”, aseguró en 2023.
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