Así reajusta Petro su estrategia de gobernabilidad para defender su proyecto

En los más recientes eventos públicos en los que ha estado el presidente Gustavo Petro en la última semana, se le ha visto ataviado en tarima con una gorra en cuyo frente se lee “Presidente de la República”; son cuatro palabras que lleva bordadas alrededor del escudo de Colombia, el mismo que pidió rediseñar vía Congreso –aún sin éxito– para intentar imponerle su sello de progresismo.

En los más recientes eventos públicos en los que ha estado el presidente Gustavo Petro en la última semana, se le ha visto ataviado en tarima con una gorra en cuyo frente se lee “Presidente de la República”; son cuatro palabras que lleva bordadas alrededor del escudo de Colombia, el mismo que pidió rediseñar vía Congreso –aún sin éxito– para intentar imponerle su sello de progresismo.

Y en un Gobierno en el que los símbolos tienen preponderancia, ese lema es un recordatorio de que él, al menos hasta 2026, está a cargo de las decisiones y que está dispuesto a cumplir con su propósito, como él mismo lo recalca en sus “plazoletazos”, así eso le implique enfrentarse con otras ramas del poder e, incluso, a gremios y medios de comunicación.

Por eso, potenciando su exposición pública y retomando un discurso cada vez más fuerte que calienta la anticipada campaña electoral, es que el mandatario está recalibrando su estrategia desde varias aristas, incluyendo ajustes a su círculo más íntimo.

El jueves pasado, cuando tildó de “malditos” a los congresistas, salió con la gorra dos veces: la primera en Barranquilla, en la llamada “Asamblea popular de la democracia energética en el Caribe”; y la segunda, durante la inauguración del nuevo edificio del Colegio Mayor de Cartagena. Y más que para protegerse de la inclemencia del sol que caracteriza a esa región, lo hizo para remarcar que sus decisiones como presidente, así lo lleven a enfrentarse con aliados o contradictores, se mantienen.

Ese mensaje llega cuando ya empezó el anunciado remezón ministerial. Aunque se esperaba que ocurriera entre finales de diciembre y comienzos de enero, se aceleró por el escándalo de corrupción tras el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad de la que se habría desviado dinero para comprometer el voto de congresistas a través del direccionamiento de recursos para sus regiones.

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Ricardo Bonilla, quien terminó salpicado por ese expediente judicial, fue forzado a renunciar al Ministerio de Hacienda (lo reemplazó Diego Guevara) por petición directa de Petro. Sin embargo, se trató de una movida coyuntural de hace 10 días, pero lo que ahora viene –también empujado por la derrota de su agenda económica en el Congreso– es un timonazo con el que busca fortalecer su entorno con alfiles más comprometidos con el proyecto de izquierda que representa.

“El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse”, confirmó el jefe de Estado tras la caída de su ley de financiamiento en las comisiones económicas, con las cuales, de paso, anunció que rompe relaciones. Y ahí quedó explícita la notificación de que es cuestión de días para una cascada de dimisiones en el gabinete ante las inhabilidades electorales de cara a los comicios de 2026 y por la falta de resultados para mostrar gestión en los 600 días que a partir de este domingo le quedan en la Casa de Nariño.

Incluso, aunque aún se analizan hojas de vida para los reemplazos que debe ejecutar, es posible prever que optará por caras más cercanas a la política progresista que a la técnica. Y ya hay precedentes. Cuando salió Aura Vergara Figueroa de la cartera de Educación en el remezón de julio, se decantó por Daniel Rojas Medellín (su tercer ministro en este ramo en dos años), quien se formó en el activismo de Colombia Humana, el partido creado por Petro. Ahí mismo entra la polémica designación como embajador en Tailandia, también esta semana, de Daniel Mendoza, cuestionado por comentarios machistas y mensajes misóginos en sus redes. En todo caso, ya Mendoza declinó aceptar el cargo por las críticas.

En los pasillos de la Casa de Nariño se habla con fuerza en torno a que la lista de futuros exministros la integran, entre otros, Luis Gilberto Murillo (canciller), Juan Fernando Cristo (Interior), Susana Muhammad (Ambiente) y Gloria Ramírez (Trabajo).

En el caso de Murillo, como se ha contado en estas páginas, su intención era renunciar tan pronto acabara el ciclo electoral estadounidense. Sin embargo, por la elección de Donald Trump, se acordó un margen de espera que, en todo caso, no sería mayor al próximo 10 de enero. De hecho, ese día es clave, porque es cuando se dará la ceremonia de posesión del reelecto Nicolás Maduro como líder del régimen que tienen crisis a Venezuela hace dos décadas, pero que –a pesar de la invitación formal– aún no es claro que si contará con la asistencia de Petro o alguien de alto nivel de su Gobierno.

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Pero la falta de fuerza para rechazar el presunto fraude electoral que lo atornilló en el Palacio de Miraflores, junto a las críticas por nombramientos como el de Mendoza, han puesto en entredicho la continuidad inmediata de Murillo; incluso, ya anunciaron desde el Congreso que lo quieren sacar del cargo vía moción de censura. Jorge Rojas, actual vicecanciller y más cercano al corazón petrista, suena como su sucesor.

Por su parte, Cristo está siendo cuestionado por “tener una agenda propia distinta a la del presidente”, como han dicho los mismos congresistas del Pacto. Incluso, algunos lo han señalado de no poner ímpetu en la defensa de la ley de financiamiento para evitar que se hundiera, lo cual impactará en el monto del presupuesto general de 2025 que debe salir –vía decreto– antes del 31 de diciembre.

“Logró aprobar una reforma cuestionada al Sistema General de Participaciones en plena antesala electoral, pero fracasa en impulsar una ley de financiamiento clave para el programa del cambio. Muy claro a qué juega el santismo”, dijo la senadora Isabel Zuleta al criticar a Cristo

Y Muhammad y Ramírez, dos ministras que están desde el inicio en un gabinete por el que ya han pasado alrededor de 40 personas (el otro que acompaña a Petro desde el 7 de agosto de 2022 es Iván Velázquez, líder de Defensa), fortalecerían la lista al Congreso que quiere impulsar el petrismo en 2026.

Ese panorama hace que sea razonable que Petro vaya a buscar, más que expertos en las minucias y la filigrana del complejo funcionamiento del Estado, personas que estén dispuestas a defender su programa para intentar la reelección del mismo. O que, al menos, le garanticen manejo político en campaña, como es la tarea encomendada al recién reencauchado Armando Benedetti, otra ficha cuestionada judicial y políticamente en el círculo del mandatario.

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“Respetamos las decisiones del presidente”, dijo el ministro Rojas cuando se conocieron las molestias internas que desató el regreso de Benedetti.

Esto marca, además, otra apuesta: tener una guardia pretoriana que le ayuden a enfrentar con fuerza a quienes ve como contrincantes y sobre quienes lleva varias semanas lanzando duros dardos, sin importar si hacen parte de la institucionalidad misma. Y no se trata de algo del todo nuevo, pues en distintas ocasiones ha cuestionado a otras ramas del poder, como a la judicial, cuando la Corte Constitucional empezó a estudiar demandas en contra de la reforma pensional o le tumbó apartados claves de su primera tributaria y del mismo plan de desarrollo. A esto también se le suma, sin descontar lo cuestionado de su origen y conformación, las pullas al Consejo Nacional Electoral (CNE) que investiga administrativamente su campaña de 2022 y al cual ha señalado de gestar un supuesto “golpe blando”.

Sin embargo, cada vez más, está teniendo objetivos específicos. En la pelea por la fallida ley de financiamiento, con la que esperaba fondear $9,8 billones para su presupuesto de 2025, tuvo en el punto de mira al presidente el Congreso, Efraín Cepeda (Partido Conservador), a quien ha acusado, en varias ocasiones, de querer “reemplazarlo” de facto. A esto, el legislador ya respondió con ironía: “Es la tercera vez que me ofrece la Presidencia de la República, estoy que se la acepto”.

Precisamente, a los congresistas, por el hundimiento de esa norma, los tildó de “irresponsables”, “serviles” e, incluso, “malditos”. “Mi actividad ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finiquito, se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros ni nosotros nada que esperar de ellos”, notificó Petro.

Pero no dejaría de hablar con los 92 congresistas de esas cuatro células legislativas, sino, en general, con el grueso del Capitolio. Esto se desprende de la forma en que cuestionó a una solicitud no vinculante que la Cámara le hizo para no asistir a la posesión de Maduro: “Yo veré si voy o no”.

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Esas acciones –la respuesta a la Cámara, la ruptura con las comisiones económicas y los cruces de ataques con Cepeda– denotan la falta de gobernabilidad legislativa que golpea a la Casa de Nariño y que, pese a ciertos triunfos específicos, como la cirugía al sistema de participaciones o el avance de la reforma a la salud y de la jurisdicción agraria, no tiene mucha luz para recomponerse. El propio ministro Cristo, encargado del diálogo con el Congreso pese al retorno de Benedetti con un propósito similar, reconoció el pasado jueves que hace varios meses no hay una coalición oficialista mayoritaria. Además, los legisladores comienzan formalmente en 2025 sus campañas reeleccionistas, lo que impacta en las agendas.

Pero las pullas no solo salen de la Casa de Nariño, pues la instrucción al gabinete que aún lo acompaña es potenciar esa retórica de un supuesto intento de freno a su administración. Por ejemplo, el ministro de Minas, Ómar Andrés Camacho, acusó a los parlamentarios de tener intereses ocultos al no aprobar los proyectos oficialistas.

“No solo se hunde (la ley de financiamiento) en una actitud mezquina de algunos congresistas, que no dieron el debate, sino con importantes consecuencias para el país y para el sector de minas y energía. Con el hundimiento no se le da un golpe al Gobierno, sino al país, a la ciudadanía y a la transición energética”, dijo el ministro.

Y no se trata solo del Congreso. Esta semana, el presidente Petro también cuestionó al Consejo de Estado por tumbar la elección del alcalde de Duitama (Boyacá), José Luis Bohórquez. “Respeto al juez, pero aquí hay perfidia porque nuestros candidatos del Pacto Histórico son una coalición integrada tanto por Colombia Humana como por el Polo Democrático y otros partidos”, aseveró.

Así se vio con la decisión del Consejo de Estado de tumbar el nombramiento provisional de Juan Pablo Castro Morales en la embajada de Colombia en Francia. “Así es como se desmantela mi derecho constitucional a dirigir la política exterior de Colombia”, dijo el viernes por esa determinación del alto tribunal.

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La estrategia, que no es nueva, se está profundizando porque Petro, además de presidente, es un líder político que aspira a que la izquierda tenga una segunda oportunidad de comandar la Casa de Nariño.

Eso lo demuestra la búsqueda constante de contrincantes para achacarles sus derrotas y alertar, desde su óptica, los riesgos que se generan por el posible retorno de sectores tradicionales al poder.

Para eso, mientras rearma el ajedrez interno de su gabinete y se enfrenta con políticos, empresarios y hasta con medios, también promueve la creación de un partido único de izquierda que reúna a todas las fuerzas que conformaron el Pacto Histórico en 2022.

Ese partido se vería fortalecido, en términos de aspiraciones electorales, con varios rostros de su gabinete, entre los que además hay que sumar –aparte de los ya mencionados– al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Pero allí también hay divisiones, como lo contó El Espectador sobre Colombia Humana. Hay sectores que no reconocen el nombramiento de la senadora Gloria Flórez como presidenta de esa colectividad y que denuncian sectarismo en la toma de decisiones de fondo para el petrismo.

El reacomodo de la estrategia se está acelerando por la coyuntura a la que Petro responde con adjetivos y desafíos. Pero solo lo que ocurra en 2025 definirá si tiene o no razón en sus alertas y en la forma que, como jefe de Estado con intereses electorales, se enfrenta a lo que denominó “poder tradicional”. A fin de cuentas, el mandatario espera “heredar” la gorra que ahora lo acompaña –al igual que varios votos– a alguien que se comprometa a recoger sus banderas y peleas.

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