En las últimas horas, Gustavo Petro se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). El presidente hizo referencia a las declaraciones de Camilo Gómez, excomisionado de Paz, en las que advirtió que el alto tribunal “hace pasar como militar a Mancuso para poderlo tener dentro de su jurisdicción”.
Al respecto, Petro habló sobre el riesgo de lo que para él es “fragmentar la verdad”, y advirtió: “¿Una sola persona debe confesar de acuerdo a sus diferentes condiciones ante la JEP, ante los tribunales de Justicia y Paz, y ante la justicia ordinaria?”, escribió en su cuenta de X.
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El primer mandatario cuestionó que, al fragmentar la verdad, se podría obstaculizar “el derecho de las víctimas a la verdad y se oscurece la misma verdad en el país”. Dijo, además, que la comisión de seguridad de las Naciones Unidas ordenó una confesión de verdad ante la JEP para todos los actores del conflicto. “Este principio de integralidad de la verdad del conflicto hay que restablecerlo”, continuó el primer mandatario.
Por la misma línea, el presidente hizo referencia a una entrevista que dio el exmagistrado Alejandro Linares y en la que habla sobre “la paz grande” en lugar de “la paz total”, de la que hablaba el padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad. “Tiene toda la razón: la decisión de no permitir que los terceros, los civiles que ordenaron el genocidio del pueblo colombiano, no vayan a la JEP, va contra la Verdad”, dijo el jefe de Estado.
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Lo que le cuestionan a la jurisdicción es que la JEP fue creada en el marco del Acuerdo de Paz con la finalidad de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, en medio de la guerra, por la exguerrilla de las FARC y miembros de la Fuerza Pública, obligatoriamente. En el papel, los exintegrantes de grupos paramilitares no entrarían en esta justicia transicional.
Aunque, de manera voluntaria, a ese tribunal pueden recurrir terceros civiles como empresarios, políticos o personajes que quieran aportar verdades judiciales de la guerra. Bajo esa figura buscaba entrar Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia; sin embargo, la JEP creó la posibilidad de que se uniera como“bisagra” de la Fuerza Pública para justificar que, aunque no hacía parte de las Fuerzas Militares, sí actuó en connivencia con ellos y puede comparecer ante este tribunal.
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