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Las movidas que sacudieron esta semana al mundo política tocaron a todas las ramas del poder. Se inició con una polémica en la votación en el Senado para escoger el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en el que tanto oposición como oficialismo se señalaron de haber cometido el presunto fraude; incluyó el impulso que busca darle el Gobierno de Gustavo Petro a la reforma agraria como punto clave de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP; y finalizó con las movidas de funcionarios en la Casa de Nariño.
Ese último punto fue el centro del análisis que realizó David Ortega sobre la posible salida de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, para este domingo. En su relato, cuenta cómo el sector más radical del Pacto Histórico ha cuestionado el poder que tiene la funcionaria, así como la relación tan cercana que mantiene con el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con algunos congresistas del oficialismo, se ha truncado la comunicación con el mandatario por ella, razón por la que ya se analizan sus posibles reemplazos, que incluyen a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y al vicecanciller Jorge Rojas.
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Esas peleas internas, de todas formas, no han frenado el frente común del Gobierno para algunas decisiones clave. Justamente, ese fue el enfoque que usó el Gobierno para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que reemplazará al togado Antonio José Lizarazo a partir de febrero de 2025. La situación generó disputas entre oficialismo y oposición por dos votos de más que hubo en la primera votación, que tuvo lugar el lunes, y que hizo que la plenaria se levantara para volverse a convocar al día siguiente.
En esa primera votación, fue un empate entre Claudia Dangond y Miguel Polo, que tuvieron 50 votos cada uno. En ese lapso de 24 horas entre esa y la siguiente, el Gobierno comenzó a moverse para lograr incrementar los números a favor y usó en su arsenal a Sarabia, así como a la senadora María José Pizarro. La elección resultó en la victoria de Polo, con 57 votos a su favor.
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Mientras eso ocurría, el presidente Petro estaba en Brasil, a donde fue invitado al G20 por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde allá, dio una entrevista a O Globo, donde se refirió a la situación en Venezuela tras las cuestionadas elecciones el pasado 28 de julio y afirmó que “la exigencia de un cambio radical del gobierno en este momento no es realista”.
“Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones, miradas después; yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo”, dijo Petro.
Tras varios intentos del Gobierno de ir a paso lento con esa cuestión, el mandatario afirmó que no hubo claridad sobre los resultados y agitó la estrategia que llevaba la Casa de Nariño con el Palacio de Miraflores de Nicolás Maduro, en un giro que venía planeándose desde hace algún tiempo. Por ahora, la orientación es esquivar reconocer la victoria del actual jefe del Estado venezolano.
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Otro de los temas clave de esta semana fue la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP. Además de la entrevista que realizó Daniela Cristancho al ministro Cristo, uno de los encargados de mover la implementación del articulado en este Gobierno, la sección también tuvo en la mira cuáles son las estrategias del Ejecutivo para comenzar a mover la implementación reforma agraria, uno de los puntos claves del texto.
Además de la ley ordinaria de la reforma que se discute en el Congreso, el Ministerio de Agricultura alista un decreto para reducir tiempos de negociación para la compra directa de tierras a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Estos pasarían de siete a solo dos meses, con lo que se aceleraría el cumplimiento de la meta de obtener 3 millones de hectáreas, que fue lo que prometió el presidente Petro para resarcir la inequidad rural.
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En ese marco, tampoco pasaron desapercibidas las movilizaciones convocadas esta semana por el oficialismo y organizaciones sociales. Leonardo Botero narró los eventos alrededor del 21 de noviembre, cuando se unieron las marchas por los cinco años del “estallido social” y la conmemoración del Acuerdo. Se trató, entre otras cosas, del primer round que libró el Gobierno con la oposición, que había hecho un llamado a protestas para el sábado 23.
Organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Coordinadora Nacional por el Cambio (antiguo Comité del Paro) participaron en las marchas. Pero, por el lado de los partidos políticos, fueron pocos los representantes que estuvieron. Apenas se vieron algunas banderas de la Unión Patriótica, de Comunes (partido surgido tras la entrega de armas de las extintas Farc) y del llamado Partido de los Trabajadores de Colombia.
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