Están listos los tres ejes determinantes del acuerdo nacional de Petro

En el despacho del presidente Gustavo Petro está desde hace varias semanas el documento que sienta las bases de lo que él y todo su Gobierno denominaron acuerdo nacional y que, siempre por la coyuntura que la misma Casa de Nariño y la oposición generan entre el país político, terminó engavetado. De hecho, solo está pendiente un sencillo visto bueno del jefe de Estado para hacerlo público.

En el despacho del presidente Gustavo Petro está desde hace varias semanas el documento que sienta las bases de lo que él y todo su Gobierno denominaron acuerdo nacional y que, siempre por la coyuntura que la misma Casa de Nariño y la oposición generan entre el país político, terminó engavetado. De hecho, solo está pendiente un sencillo visto bueno del jefe de Estado para hacerlo público.

Y ese “okey” es el que precisamente esta semana parece ya estar listo y, por eso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, espera dar a conocer el contenido en una declaración con la que quiere invitar al grueso del país a buscar consensos dentro de la institucionalidad y respetando las salvaguardas propias de cada sector.

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El Espectador lleva varios días adelantando parte de su contenido, que además está incluido en el “plan de choque” de la implementación del acuerdo de paz con las FARC y que ya está siendo socializado entre algunos sectores empresariales y de la oposición política, con el fin de ir buscando voces de respaldo.

Lo cierto es que –según confirmó este diario– todo está basado en tres ejes cuya génesis está en la búsqueda de caminos para bajarle a la polarización que petrismo y oposición han venido alimentando por igual durante los dos años largos que lleva la actual administración. Incluso, fuentes enteradas confirmaron que su contenido estuvo listo para presentarse en dos oportunidades, pero faltando pocas horas para hacerlo se canceló; la última vez fue hace menos de un mes, cuando estalló el paro camionero.

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Uno de esos ejes, y tal vez el más fundamental, está en el compromiso irrestricto del equipo de Gobierno del primer presidente de izquierda en Colombia de tramitar cualquier tipo de diferencia o debate a través de las vías institucionales y constitucionales con las que actualmente cuenta el país. Y, por supuesto, el Ejecutivo esperaría que eso fuese recíproco desde sus contradictores.

Esto, de concretarse, haría pasar del todo la página sobre el relato constituyente y la posibilidad de que se convoque a una asamblea nacional que le haga cirugías profundas a la Carta Política. Si bien Petro matizó esa narrativa desde marzo pasado cuando sacó el tema a relucir desde un baño de masas que protagonizó en Cali, aún está en el ambiente la viabilidad de que acudiendo al discurso del pueblo y la manifestación callejera se quieran presionar decisiones en las ramas Judicial y Legislativa.

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Desde el círculo más cercano al jefe de Estado hicieron saber que ahí estaría la salvaguarda institucional para acabar con la posibilidad de que se reviva la figura de la reelección presidencial, algo que el jefe de Estado ha descartado desde lo “personal”, pero aún no cierra la puerta a que sus adeptos –como pasó con el expresidente Álvaro Uribe en 2005 cuando él habló de “encrucijada en el alma” mientras sus alfiles impulsaron su permanencia en el poder– promuevan una iniciativa legislativa con ese propósito. La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta tiene un borrador de acto legislativo encaminado a que Petro se quede otros cuatro años en Palacio y el cual está moviendo en el Capitolio a ver si logra las firmas con las cuales tener el respaldo necesario para radicarlo.

Además, al mantener todo dentro de las vías vigentes, se busca potenciar los diálogos para sacar adelante acuerdos similares a los que la Casa de Nariño logró con los bancos para la reactivación económica y con el sector privado para buscar soluciones de agua en La Guajira tras la debacle de los carrotanques que terminaron siendo la punta del iceberg en el escándalo de corrupción por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El bemol que tiene este apartado es que sectores de la oposición e independientes se han quejado de que el Gobierno sí los recibe y escucha sus posturas, pero que nunca las tiene en cuenta. Una de estas voces es la del presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), quien aseguró que ese tipo de situaciones se vieron con la fracasada reforma a la salud, cuando en repetidas ocasiones fueron a la Casa de Nariño a buscar consensos y ninguna de sus solicitudes fue tenida en cuenta; hasta Uribe, recordaron, estuvo en esos espacios. Y en un capítulo más reciente se vivió algo similar con el presupuesto general de $523 billones –con un déficit de $12 billones–, que Palacio no logró conciliar y ahora expedirá por decreto.

Por otro lado, la relación con las altas cortes aún es tensa, al punto que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la fiscal General, Luz Adriana Camargo –junto a otras figuras de la Rama Judicial y del argot político–, vienen intentando mediar para bajarle el tono a la confrontación.

Pero ahí no para el asunto. El segundo gran eje del llamado acuerdo nacional, sobre el cual Petro ha dicho que, pese a sus intenciones, la oposición le respondió con una “puñalada trapera” frenando sus apuestas, está relacionado con reducir la polarización acudiendo a una moderación del lenguaje. Aquí también se incluyó otra vez el precepto de sacar las armas de toda discusión política y electoral.

Eso es clave, porque si bien se le pide a la oposición que su confrontación tenga un verbo menos violento, es un hecho que el presidente Petro y varios de quienes lo rodean en la Casa de Nariño no se caracterizan por la moderación en este aspecto. Incluso, al jefe de Estado se le ha solicitado que reduzca sus opiniones en redes, que generalmente se vuelven un freno a los acuerdos que se hacen en escenarios como el Congreso, pero él ha defendido lo que hace –entre otras cosas– argumentando que los medios no le dan espacio o enredan lo que dice.

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El ministro Cristo advirtió hace poco que todo se trata de “un acuerdo contra los violentos, en defensa de la democracia, que garantice que los valores democráticos se sigan cumpliendo en materia de estabilidad institucional y respeto a las reglas de juego”. Y precisó: “Es fundamental que en Colombia retomemos el camino del diálogo institucional, que hablemos entre todos, que busquemos unos mínimos consensos”.

Y en todo esto encaja el tercer eje, enfocado a la búsqueda de apoyos para que se dé una “transformación territorial” de fondo, que permita descentralizar las acciones del Ejecutivo y se le pueda dar mayor preponderancia a las regiones y a las propuestas que desde ellas surgen.

Ahí, junto con el llamado “plan de choque” para la implementación del pacto de La Habana, es clave la agenda legislativa que viene impulsando el Gobierno y que, como lo anticipó este diario, tiene sus ejes en una reforma política, la regulación de la protesta, tratamientos penales diferenciados para pequeños cocaleros y la cirugía al sistema general de participaciones.

A esto hay que sumarle que se le puso apellido al acuerdo nacional, pues el Ejecutivo busca que se conozca con el complemento de “para el cumplimiento político del acuerdo de paz”, algo que el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) vienen estructurando en un trabajo tripartito y de aplicación en el territorio.

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“Serán simple y sencillamente una propuesta del Gobierno Nacional a todos estos sectores para que sea enriquecida por todos”, precisó Cristo sin hacer referencia al contenido que ahora revela El Espectador.

Si las cosas no se modifican como ya ha pasado en otras oportunidades, este 3 de octubre se presentará oficialmente el “plan de choque” y de manera alterna se dará a conocer el grueso del acuerdo nacional. La expectativa está en qué tanto calará en medio de la cada vez más creciente polarización.

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