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Este miércoles, el presidente Gustavo Petro posesionó a siete altos funcionarios para dirigir varias de las direcciones del Estado que aún estaban en mora. José Reyes Rodríguez Casas es el nuevo director de la unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, mientras que Pablo Francisco Pardo dirige de ahora en adelante el Fondo de Programas Especiales para la Paz del DAPRE. El jefe de Estado también posesionó a Stalin Antonio Ballesteros García como director de Colombia Compra Eficiente, a Carlos Fernando García Manosalva como la cabeza de Migración Colombia, a Sneyder Alfonso Manzur Arrieta como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, y a Dagoberto Quiroga Collazos como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. El último en posesionar fue Mauricio Katz García, antiguo secretario general de la Comisión de la Verdad y quien hoy asumió como liquidador de la misma entidad que terminó hace unas semanas su mandato.
En el evento protocolario fue inexistente la paridad de género. El propio Petro lo reconoció: “Es un cuadro un tanto machista,, no se debe repetir porque la idea general de vinculación de este gobierno es la presencia fundamental de la mujer y de la diversidad étnica del país”. Tanto en el principio, como en el final, el primer mandatario reiteró el evidente asunto. Al terminar su intervención agregó si bien este equipo que inicia labores es solo de hombres, espera que el próximo sea solo de mujeres “para equilibrar”.
Como es usual, el presidente en este tipo de espacios le tiró línea a sus nuevos funcionarios. Por la naturaleza de cada dirección, Petro puso sobre la mesa los enfoques que se deben tener en torno a la paz, el manejo de la migración, la lucha contra el hambre y la seguridad.
Migración
El primer mandatario le habló primero a Carlos Fernando García Manosalva, nuevo director de Migración Colombia. Su mensaje estuvo especialmente dirigido a la situación de violaciones que sufren los migrantes que atraviesan la selva del Darién, que marca el paso fronterizo entre Colombia y Panamá. Al respecto, el pasado 21 de julio Naciones Unidas estimó que cerca de 50 mil personas llegaron al país centroamericano por esa vía, y va en aumento. Violencia física, sexual y el asalto son algunos de los abusos que viven los migrantes que atraviesan la selva.
Por ello, el jefe de Estado le indicó a García Manosalva que la migración por la selva del Darién “merece especial atención”. “Hay quienes nos piden que los devolvamos [a los migrantes], pero debemos tener una ruta de asistencia. Es mejor que haya presencial estatal para las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece mejor que el Estado esté a que no esté”, dictó.
Así mismo expresó que deben ser levantadas todas las órdenes de prohibición de entrada al país “que expidió el pasado gobierno por sectarismo político”. Aprovechó para lanzar una pulla sobre lo que piensa de la administración del expresidente Iván Duque: “Ese tipo de actitudes dictatoriales no se deben establecer como política de la Cancillería y tampoco de Migración Colombia”. El comentario responde a los señalamientos que hizo la derecha durante la pasada campaña, y en años anteriores, que aseveró que la llegada de Petro al poder representaba el peligro de que Colombia se “volviera como Venezuela”.
Petro también dijo que debían avanzar en el Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos, que sacó el expresidente Duque porque “les permite permanecer en Colombia, pero no acceder a derechos”. No obstante, esa frase es engañosa porque dicho mecanismo jurídico busca que, justamente, los migrantes puedan acceder a los derechos humanos. Los extranjeros y migrantes no tienen el el país los mismos derechos que los nacionalizados colombianos, pero el documento permite normalizar el ingreso al país de esta población, contratar con el Estado y hacer parte del Sistema General de Seguridad Social, entre otras cosas.
Paz y las “instituciones laberínticas”
“Me he encontrado un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz, creo que es un mecanismo para no hacerla”, con esa frase el presidente empezó a tirarle línea a Pablo Francisco Pardo, recién posesionado como director del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE). Petro nombró varias de las dependencias y programas actuales que, a su juicio, son ineficientes porque separa funciones que podrían concentrarse en un solo lugar. Incluso cuestionó la existencia de varias de ellas: “Se construyeron quizá para darle premios a los amigos políticos y ninguna entidad tiene la capacidad para hacer realidad los Acuerdos de Paz”.
El jefe de Estado argumentó que tantas entidades para hacer el Acuerdo de Paz terminan siendo inútiles porque “están aquí en Palacio, porque no tienen presupuesto, están dispersos y tocan temas marginales del Acuerdo de Paz”. En ese sentido, el mandatario puso de ejemplo el primer punto de lo pactado en La Habana, que habla de la Reforma Rural Integral.
“El primer punto del Acuerdo habla de entregarle al campesinado tres millones de hectáreas fértiles. He preguntado a los funcionarios viejos y nuevos cuánto vale comprar esa cantidad de tierra y nadie sabía, nadie, ninguna institución de esas se había preguntado cómo se hace para cumplir con ese punto. Si uno se pone a calcular y le pregunta a la gente de regiones fértiles por el costo, está entre 30 y 60 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata?” cuestionó.
Ahí también le mandó un vainazo a Duque en torno a una de las grandes críticas que fueron el lunar de su administración: la contradicción entre su discurso de buscar la “paz con legalidad” y la realidad de avanzar sobre lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc.
Reiteró que si bien su proyecto político no hizo el Acuerdo, el “mandato popular” que lo puso en ese Palacio sí le demanda el efectivo cumplimiento pues las zonas en las que él ganó calcan el mismo mapa que votó por el “sí” en el Plebiscito por la Paz de 2016. Entre líneas, su pregunta sobre cómo y de dónde conseguir los 60 billones de pesos para cumplir con ese aspecto se relaciona con la reforma tributaria q actualmente se está tramitando en el congreso. “Le pregunto a la sociedad colombiana de dónde sacar esa plata...¿Se la vamos a cobrar a los pobres?, ¿quién los va a poner sobre la mesa si queremos paz? Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos”, destacó.
Toda esta intervención estuvo dirigida especialmente a Pardo, a quien le pidió que comande la reingeniería que sostendrá la implementación de los textos firmados en Cuba. “Pablo Francisco, usted no podrá responderme esas preguntas desde su entidad, pero lo que yo sí quiero es una reingeniería a todo eso porque lo que tenemos que hacer en este gobierno es cumplir el Acuerdo de Paz.
Lucha contra el hambre
Petro le encomendó a Stalin Antonio Ballesteros García, nuevo director de Colombia Compra Eficiente (la agencia de contratación del Estado) que su trabajo en esa dirección se enfoque en “democratizar la contratación” porque es “la primera batería administrativa que se conforma para combatir el hambre”. La relación entre la entidad y ese objetivo, según Petro, está en que hay dos programas claves en los que Ballesteros tendrá potestad y que atacan directamente la desnutrición infantil: El Programa de Alimentación Escolar (PAE), que se ha convertido en un nido de corrupción, y las compras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“El sistema de contratación estatal me parece ineficaz porque pone requisitos a las compras del Estado, de manera que se convierte en un mecanismo de concentración de riqueza y privilegios que el Estado termina entregándole a unos pocos. Por fuera queda el campesino, la economía popular. Una primera tarea de Colombia Compra Eficiente es democratizar la contratación (...) Sus falencias mucho tienen que ver con la corrupción porque las clases políticas locales han visto en los presupuestos destinados a nutrir niños, una fuente de recursos para sus campañas y beneficio personal”, comentó.
En ese sentido, parece que la idea de Petro es que se corrija el sistema de la agencia de contratación, en especial en los dos programas mencionados (PAE y la contratación del ICBF para la nutrición infantil), y que esta se amplíe en términos de oferentes para que impulse la economía regional. “Que sea un incentivo para que el campesinado pueda venderle al Estado, pueda ayudar a nutrir a sus propios hijos, pueda generar una industrialización liviana”, agregó. ¿Cómo crear los mecanismos de compras regionales que no caigan en la corrupción y sí permitan en la economía regional dedicada a la alimentación de la población? Ese es el reto, dijo.
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