Leyva y Petro tardaron 14 días en aceptar la suspensión que ordenó la Procuraduría
La Casa de Nariño busca reemplazo para el Canciller. Fiscalía lo indagará por presunto desacato. Se avivó la tormenta política.
Tuvieron que pasar 14 días exactos para que el canciller Álvaro Leyva admitiera de fondo el fallo con el que la Procuraduría de Margarita Cabello lo sacó temporalmente del cargo, decisión disciplinaria que se convirtió en toda una tormenta y que le dio al presidente Gustavo Petro más insumos para reforzar su narrativa de que hay sectores públicos y políticos que supuestamente quieren torpedear su administración.
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Tuvieron que pasar 14 días exactos para que el canciller Álvaro Leyva admitiera de fondo el fallo con el que la Procuraduría de Margarita Cabello lo sacó temporalmente del cargo, decisión disciplinaria que se convirtió en toda una tormenta y que le dio al presidente Gustavo Petro más insumos para reforzar su narrativa de que hay sectores públicos y políticos que supuestamente quieren torpedear su administración.
Leyva –en dos tiempos– notificó su salida. Primero, a través de una carta de cuatro puntos que le dirigió a Cabello, en la cual advirtió que solo hasta este 7 de febrero fue oficialmente informado del auto definitivo que lo suspendió por tres meses del cargo de ministro de Relaciones Exteriores por su polémico papel en la frustrada licitación de pasaportes.
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Luego, a través de un comunicado, agregó que se mantuvo en su puesto durante estas dos semanas porque, de acuerdo con su versión, fue el mismo Ministerio Público el que especificó que el fallo debía serle escalado al presidente Petro para que desde su despacho se procediera a ejecutar con lo ordenado. La traducción de este apartado sería que continúo en funciones, firmando decretos y ajustando la planta diplomática del país, solo porque la Casa de Nariño no le había dicho que dejara de hacerlo.
“Informo que acato la decisión separándome del ejercicio de las funciones”, aseguró Leyva en su comunicado. “De inmediato procedo a cumplir lo dispuesto”, enfatizó en su carta a Cabello.
Pero, mientras se resolvía esta “discusión hermenéutica” –como el mismo Leyva la calificó en su misiva a la Procuraduría–, en la Casa de Nariño comenzaron a revisar el arsenal jurídico que le permita llevar la discusión a un campo político que va en la línea con lo que en algunos escenarios ha sido una de sus banderas: el Ministerio Público, de acuerdo con la tesis del mandatario, no podría suspender funcionarios designados por el jefe de Estado.
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Y, pese a que el artículo 157 del Código Disciplinario Único sí le da esas facultades a la Procuraduría –e incluso puede extender la sanción si así lo ve necesario–, Petro salió a redes a dar la pelea: “La procuradora creó la figura de autosuspenderse, es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende”.
Ahí se liga esta suspensión, un acto jurídico por el que la Casa de Nariño ahora debe buscarle un sustituto al Canciller, con la narrativa de que existe un supuesto intento de “golpe de Estado” que buscaría sabotear al primer mandatario de izquierda en Colombia y el cual, de acuerdo con sus mensajes, tiene entre sus actores a la procuradora Cabello y al fiscal General, Francisco Barbosa.
De hecho, este último ha sido el principal foco de los dardos del jefe de Estado, quien no se ha quedado callado ante los ataques que el líder del búnker le ha lanzado con más fuerza en la recta final de su periodo; deja el cargo el próximo 12 de febrero.
Además, en paralelo, este miércoles llegaron a Colombia los delegados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quienes –si bien arribaron con el objetivo de analizar la implementación del acuerdo de paz con las Farc y ver en qué consiste la política de paz total– encuentran un ambiente convulso. Incluso, este 8 de febrero se ven con Petro en la Casa de Nariño, y a tan solo cuatro cuadras de allí, en pleno centro de Bogotá,
organizaciones progobierno tienen previsto un plantón para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elijan en su sala de este jueves al sucesor de Barbosa, algo que probablemente no pase. Y Fecode y la CUT, por su parte, harán lo propio frente al búnker de la Fiscalía.
Todo esto hace parte de la estrategia de visibilizar en varios frentes, incluyendo el internacional, su denuncia en torno a que supuestamente en estos 18 meses de administración no lo han dejado gobernar.
No obstante, mientras la Casa de Nariño busca ese abrazo internacional para paliar la tormenta interna que en parte se ha encargado de azuzar, y convoca a las organizaciones sindicales y sociales –varias de ellas con contratos con el Estado– a convocatorias callejeras para rodear su Gobierno, en la intimidad del primer círculo de mando del Ejecutivo se hacen cálculos sobre cómo dar el siguiente paso.
El Espectador estableció que Leyva salió del Palacio de San Carlos a la Casa de Nariño apenas remitió la carta a la Procuraduría; y lo hizo para ayudar en el análisis sobre cómo debería reconfigurarse el gabinete. Trascendió que, como Canciller, habría un encargado por los tres meses, que no se descarta sea el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo; pero, además, se mira si mientras se da ese paso se podría dejar en encargo a alguno de los viceministros: Francisco Coy o Elizabeth Taylor.
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Pero también se mira qué otras carteras deben moverse, entre las cuales estarían las de Defensa, Vivienda y, entre otras, Agricultura. Además, hay ajustes en otras entidades como Planeación Nacional y la Superintendencia de Salud.
Ahora, mientras todo esto se decanta, Leyva debe enfrentar otro expediente en la Fiscalía, pues este mismo miércoles la Procuraduría compulsó copias para que determine si el suspendido Canciller incurrió en desacato por demorarse 14 días en aceptar la decisión disciplinaria.
(El abrazo de la comunidad internacional que busca Petro ante la agitación interna)
Y la oposición, por su parte, alista un arsenal de demandas para pedir que se tumben todas las actuaciones que firmó Leyva como Canciller en ese lapso de tiempo, entre las que se cuenta el regreso al Gobierno del polémico exsenador y exembajador Armando Benedetti, quien fue designado como delegado de Colombia ante la FAO, en Italia, y los 14 movimientos diplomáticos que hizo en otras sedes del servicio exterior hace una semana.
Petro, por su parte, no le bajará al tono de confrontación y menos lo hará la oposición. Eso se traduce que en este 2024, a mitad del primer gobierno de izquierda en el país, se anticipó la campaña presidencial porque todos buscan a final –como lo han expresado voceros de ambas corrientes– un mismo objetivo: quedarse con el poder en el 2026.
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