En una semana se calentó el discurso con el que Petro derivó en idea de una constituyente

Cuando el presidente Gustavo Petro le advirtió al país que está en la capacidad política de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para defender a su Gobierno y dejó así abierta la duda sobre una posible continuidad en el poder después de 2026, ya tenía delineada la estrategia para salir en público con un anuncio de esa naturaleza. Sabía perfectamente de la polémica que se abriría, y que subió de tono durante este fin de semana, por lo que detalló con minucia cada parte de su nuevo relato.

Cuando el presidente Gustavo Petro le advirtió al país que está en la capacidad política de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente para defender a su Gobierno y dejó así abierta la duda sobre una posible continuidad en el poder después de 2026, ya tenía delineada la estrategia para salir en público con un anuncio de esa naturaleza. Sabía perfectamente de la polémica que se abriría, y que subió de tono durante este fin de semana, por lo que detalló con minucia cada parte de su nuevo relato.

En al menos tres de las reuniones que sostuvo a lo largo de la semana en la Casa de Nariño, por las que pasaron congresistas del Pacto Histórico, ministros y varios de los nuevos integrantes de su gabinete –considerados más del ala ideológica del presidente– se esbozaron tres factores determinantes para llegar al anuncio que hizo el viernes en la noche.

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El primero fue el simbolismo, un asunto clave para Petro quien, desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022, ha roto varias veces el protocolo presidencial para mostrarse como un mandatario que llegó a cambiar las cosas. Por eso, según confirmó El Espectador con fuentes del alto Gobierno, se esbozó que el escenario propicio para hablar de una constituyente podría coincidir con la visita programada a Cali.

Y –en efecto– ese fue el motivo por el que eligió el barrio llamado Puerto Resistencia, un fortín de las manifestaciones del estallido social durante la administración de Iván Duque en la capital vallecaucana. En la escena también fue determinante la ubicación de los miembros del gabinete que lo acompañaron, por lo que se hicieron a su lado la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, del Partido Comunista; el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, coordinador del programa de gobierno; la cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, dirigente sindical y militante del Polo; la vicepresidenta Francia Márquez, líderesa social; y, entre otros, Laura Sarabia, del Departamento Administrativo de Presidencia. Todos del grupo más ideologizado del Ejecutivo y a quienes ahora buscó Petro para reforzar sus mensajes.

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“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente es que no puede aplicar la Constitución, porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, precisó el jefe de Estado en una declaración de casi una hora ante más de un centenar de personas que fueron convocadas para escucharlo. Y agregó: “Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”.

Con estas últimas 28 palabras dejó claro que, pese a que aún no cumple ni siquiera los dos años de mandato, el jefe de Estado ya venía explorando fórmulas políticas y jurídicas que le permitan extender la permanencia en el poder. Y aunque aún no dijo que lo haría directamente con su nombre, sí es cierto que en ciertas reuniones privadas el tema se ha esbozado; en plata blanca, que él mismo siga en la Casa de Nariño más allá de 2026.

Tras el anuncio, de acuerdo con otras fuentes que acompañan al presidente, se le ordenó a una parte del equipo de Gobierno monitorear en estas últimas 48 horas cómo se recibió la propuesta de una constituyente y qué tanto caló en sectores populares que ha venido impulsando a salir a las calles para presionar a otras ramas del poder público a que tomen decisiones favorables a sus intereses.

Incluso –aunque aún falta que se confirme oficialmente– en la noche del viernes se habló de la posibilidad de que en una de las encuestas que periódicamente contrata la Casa de Nariño para medir la aceptación de Petro y su administración se consulte por la convocatoria a una asamblea para hacerle una cirugía de fondo al Estado colombiano en favor del autodenominado progresismo.

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De hecho, no es un escenario nuevo para el jefe de Estado. Tras dejar las armas y la militancia en la extinta guerrilla del M-19 en un proceso de paz que se desarrolló en la década de los 90, Petro y varios de los líderes de ese movimiento hicieron parte de la asamblea constituyente que se convocó bajo la administración de César Gaviria y que derivó en la redacción de la Constitución Política de 1991 que aún hoy sigue vigente.

En ese entonces, incluso, uno de los tres presidentes de esa constituyente fue Antonio Navarro Wolff, otro exmilitante del M-19 y hoy miembro del partido Alianza Verde, quien a propósito salió el viernes en la noche a decir que no ve viabilidad a la propuesta del mandatario. Los otros dos fueron los ya fallecidos Horacio Serpa (liberal) y Álvaro Gómez (conservador).

Pero lo que llevó a Petro a plantear justo ahora la posibilidad de volver a un escenario como ese, y cuando resta poco más de la mitad del mandato de quien con 11,2 millones de votos se invistió como el primer presidente de izquierda pura en Colombia, es lo que llamó obstáculos al desarrollo de su programa. Además, de forma directa, aseguró que varios jueces están emitiendo fallos adversos a sus propósitos y con un sentido de “persecución”.

“Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos y acabar con este momento histórico, borrarnos”, añadió el mandatario.

La instrucción de analizar qué tanto caló su discurso también busca saber si es viable o no lograr respaldo en otros estamentos de poder, como el sector empresarial, aunque es complejo que lo alcance por el desbarajuste institucional al que se vería avocado el país por cuenta de un mandatario que, en todo caso, tiene a su hijo mayor, Nicolás Petro, investigado por presunto enriquecimiento ilícito al posiblemente permitir ingreso irregular a la campaña de su padre; lo tocan escándalos de corrupción que han sacudido a entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo; y, entre otros aspectos, tiene poca gobernabilidad en un Congreso donde se estancaron sus tres principales reformas (a la salud, pensional y laboral) y en el que en solo 24 horas dos de sus ministros (Iván Velásquez, de Defensa, y Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud) fueron llamados a mociones de censura.

Este relato se sumó a los constantes llamados a las calles para presionar decisiones de otras entidades, como pasó en febrero pasado, cuando las marchas frente al Palacio de Justicia casi derivan en desmanes mientras la Corte Suprema deliberaba sobre la terna para elegir Fiscal General. En todo caso, este martes 12 de marzo ese tribunal se decantó por Luz Adriana Camargo.

“Aquí estamos, entonces, después de ese triunfo electoral y no puede quedar simplemente como el último triunfo popular. Hay que obtener más triunfos y no solo en las próximas elecciones, sino ahora después de ganar unas elecciones hay que salir a más luchas porque se trata no de ganar la elección simplemente, se trata es de cambiar a Colombia”, precisó Petro.

Pero al ser un movimiento calculado, que sin duda abre el debate sobre si el país tendrá o no elecciones a Congreso y presidenciales en 2026 –algo que la oposición advirtió puede derivar en la Venezuela dictatorial que dejaron Nicolás Maduro y Hugo Chávez, ambos amigos de Petro–, la discusión también se abrió en torno a cómo podría tramitarse un proyecto de esta envergadura.

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De acuerdo con el artículo 376 de la Constitución que ahora Petro quiere cambiar –pese a que en 2018 en otra contienda electoral juró ante la ciudadanía y frente al Congreso que no lo haría si llegaba a ser jefe de Estado–, la constituyente primero debe pasar en forma de proyecto por el Capitolio y obtener mayorías absolutas en Cámara y Senado, para luego sí ser votada en urnas en cuanto a su aprobación e integración. Esto hace que el camino que quiere recorrer el mandatario para mantener su proyecto en el poder sea tortuoso.

“No creo que tenga viabilidad política y tampoco jurídica, porque para que pueda convocar a una constituyente tiene que pasar una ley por el Congreso y yo no creo que en el Congreso tenga las mayorías suficientes para armar semejante desorden y aventura cuando el único que está interesado es Petro y no la mayoría del pueblo colombiano”, advirtió Ramiro Bejarano, académico, jurista y columnista de El Espectador.

Y el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, el jurista Francisco Bernate, complementó: “Nuestra Constitución establece, primero, el filtro del Congreso, y, segundo, el voto positivo de la tercera parte del censo electoral. De manera que serán los colombianos quienes tendrán la última palabra en la eventualidad de que el Congreso convoque a los ciudadanos a una Asamblea Nacional Constituyente”.

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Y aunque el grueso de la oposición y los partidos declarados en independencia rechazaron la idea del mandatario y la radicalización de su discurso, que lo pone ya en modo defensivo y de campaña electoral –para lo cual hasta ha criticado el sistema electoral colombiano diciendo que es mejor el venezolano–, algunas voces sí hicieron eco positivo de la iniciativa.

Una voz a favor fue la del representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien dijo que “la opción no es que el pueblo renuncie a los derechos que conquistó, sino que son señales de que se deben transformar las instituciones”. Esto, en todo caso, contrastó con las declaraciones –entre otros– de Hernán Cadavid (Centro Democrático) y David Luna (Cambio Radical), quienes coincidieron en advertir que al jefe de Estado “se le cayó la máscara, porque mostró su verdadera faceta y sus rasgos dictatoriales”.

En todo caso, la senda que quiere recorrer Petro sí es muy similar a la que comenzó Chávez y hoy mantiene Maduro en Venezuela, y que tiene espejo en la que instigó Daniel Ortega para volver a Nicaragua una dictadura, lo que prendió alarmas en todas las esferas institucionales, sociales, empresariales y políticas del país.

La razón es que si bien se le han hecho más de 40 modificaciones a la Carta Política de 1991, para muchos una de las más de avanzada de América Latina, la intención de que el primer mandatario de izquierda la modifique a fondo podría derivar en un camino en el que la alternancia en el poder que ha caracterizado a Colombia sea un asunto de los anaqueles de la historia.

Y aunque los contrarios a Petro están en guardia para evitar la crisis que podría derivar con esta propuesta, el mandatario no está dispuesto a dar su brazo a torcer: “Nosotros venimos de la Primera Línea y nos enorgullecemos. (…). A nosotros nos han elegido para el cambio y a quien no le guste que se vaya del Gobierno y no nos haga perder el tiempo”.

Esta semana que arranca con nuevos intentos en la Casa de Nariño por salvar las reformas de Petro, pero que ahora tiene como colofón la estrategia casi que amenazante de convocar a la constituyente si no se accede a los propósitos del mandatario, será clave para determinar si obtiene o no respaldo. Justo este lunes habrá una cita muy similar a la que hace ocho días se dio en Palacio y que derivó en el plan de lanzar la propuesta asambleísta desde una minga en Cali. Hay mucha expectativa en todos los frentes.

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