Los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) votaron finalmente la ponencia que busca formularle cargos al presidente Gustavo Petro en calidad de candidato y a su campaña por presuntamente haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022. La decisión en sala plena fue la de iniciar una investigación formal que puede terminar en sanciones y compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y a la Fiscalía, pero solo si se llega hasta la sanción administrativa que es legalmente lo que puede hacer este tribunal.
La votación en la sala plena fue así: hubo tres votos positivos (de los magistrados Álvaro Hernán Prada -Centro Democrático-, Benjamín Ortiz -Liberal- y Alfonso Campo -Conservador-), cuatro aclaraciones de votos (Maritza Martínez -La U-, Altus Baquero -Liberal-, Cristian Quiroz -Alianza Verde- y César Lorduy -Cambio Radical-). Los dos salvamentos de votos fueron de las magistradas del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.
“Esto es solo una apertura de formulación de cargos y apertura de investigación. Por ahora no hay ninguna sanción. A partir de ahora, las partes que hemos mencionado tienen los términos que fijan la ley para defenderse”, indicó el magistrado y presidente del CNE, César Lorduy.
Por su parte, la magistrada Velásquez dijo a El Espectador sobre su decisión que “nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos competentes para investigar al presidente de la República. Esa postura se mantiene hasta el día de hoy y no podría de ninguna manera aprobar una ponencia en esas condiciones”.
Y agregó: “Hay que esperar que los ponentes sigan el proceso de investigación y al final ellos tomen la decisión que consideren pertinente de acuerdo a lo que han investigado, de acuerdo a las pruebas que están en el expediente y también a lo que los apoderados o los defensores de las partes procesales aporten al proceso”.
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Así, a partir de este martes 8 de octubre, la defensa del presidente y su campaña tiene 15 días para ejercer su derecho a la defensa y contradicción. Incluso, podría solicitar al CNE la práctica de pruebas.
La defensa de Petro buscará continuar con la premisa de que solo es la Comisión de Acusación de la Cámara la facultada para investigar, acusar e incluso separar del cargo a un presidente vía juicio político, un escenario que en la historia reciente solo se ha iniciado con el exmandatario Ernesto Samper.
Una vez agotada esta etapa, inicia un período de dos meses para el término probatorio, en el que los togados presentarían alegatos. Posteriormente, los magistrados tienen un mes para dar a conocer su decisión final: formularle o no cargos al presidente en calidad de candidato, a su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol), y a otras personas vinculadas.
La decisión llegó luego de que los magistrados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) expusieran sus argumentos finales de por qué debía iniciarse una investigación formal. Los demás togados también dieron a conocer en sala plena sus posturas frente a la ponencia de más de 350 páginas.
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También se votaron las recusaciones que llegaron al despacho de la entidad contra Prada y el actual presidente del CNE, César Lorduy (Cambio Radical) por pertenecer a partidos opositores al Gobierno. Ambas se desestimaron.
Igualmente, se archivó el otro pliego contra el presidente Petro por presunto inicio anticipado de campaña. Este lo lideraba el magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), quien fue el único de los nueve togados en votar a favor del pliego.
El CNE tendrá hasta mayo de 2025 para tomar una decisión final sobre la supuesta violación del tope de gasto durante la primera vuelta presidencial, y hasta junio para la de segunda vuelta. Para estas fechas, vencerían los términos de la investigación preliminar de Ortiz y Prada.
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