Debido a la falta de apoyo en el Congreso a la denominada ley de sujeción, con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba un marco legal para negociar el sometimiento de las bandas criminales, en la Casa de Nariño toma fuerza la viabilidad de que estas organizaciones mafiosas se acojan a los parámetros que el expresidente Álvaro Uribe usó con la Ley de Justicia y Paz para desmovilizar a los paramilitares.
El Espectador reveló en la mañana de este viernes que la propuesta ya está en análisis del Ejecutivo y que fue lanzada por el comisionado de Paz, Danilo Rueda. De hecho, en diálogo con este diario, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confesó que no está muy convencido de tomar ese camino, pero dejó claro que sí se está analizando.
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Y es en ese contexto que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien tiene que buscar el apoyo político a las iniciativas del Gobierno, confirmó que sí es viable que las narcobandas que están en acercamientos con la administración Petro, como La Oficina de Envigado (Medellín) o Los Shotas (Buenaventur), entre otros, sí podrían ser cobijados por la denominada Ley 975 de 2005.
“Se ha abierto como una de las posibilidades revisar la Ley de Justicia y Paz que fue reglada por la Corte Constitucional. Esa es una opción que está viva”, precisó Velasco en diálogo con El Espectador.
Eso sí, el funcionario dejó claro que se deben analizar algunos puntos: “Habría que revisar, porque las circunstancias de criminalidad pueden tener algunos cambios. Hay que revisar a aquellos que reincidieron, a ver cómo se maneja eso, pero no es algo que podamos decir que es igual. Las circunstancias y las acciones pueden cambiar”.
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Una cosa que para Velasco es vital es que, cuando esta norma se revisó en la Corte Constitucional, allí se le quitó la connotación política al paramilitarismo y eso mismo se mantendría con las bandas criminales.
“Hay una serie de organizaciones a las cuales hay que buscarles una salida. Y aclaro que con este tipo de organizaciones puede haber acercamientos, pero la negociación ya de su situación específica de justicia no es política, es crear unas normas que permitan unos ejercicios de sometimiento a la justicia en unas condiciones que puedan ser interesantes para estos grupos”, enfatizó el Ministro del Interior.
Lo que sigue en este proceso es que el propio Petro determine si su paz total puede sacarle provecho jurídico a la Ley de Justicia y Paz de Uribe con las narcobandas y, de paso, comenzar a socializar con los voceros de estas organizaciones la viabilidad de que sus miembros la admitan. El debate quedó abierto.
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