Estas son las fuerzas de las que depende agenda económica de Petro en el Congreso

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene menos de tres semanas para recortar hasta $33 billones de su presupuesto del 2024, con el fin de no saltarse la regla fiscal y para convencer a la mayoría de los 90 congresistas de las comisiones económicas de que aprueben una suerte de nueva reforma tributaria ($12 billones) de la que dependen las arcas estatales para el 2025.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene menos de tres semanas para recortar hasta $33 billones de su presupuesto del 2024, con el fin de no saltarse la regla fiscal y para convencer a la mayoría de los 90 congresistas de las comisiones económicas de que aprueben una suerte de nueva reforma tributaria ($12 billones) de la que dependen las arcas estatales para el 2025.

En el camino tendrá que enfrentarse a varios senadores y representantes a la Cámara que llevan dos meses y medio buscando los votos para hundir la propuesta, incluso antes de que llegue a las plenarias. De hecho, se trata de los mismos que ya fraguaron el revés a la petición de $523 billones que hizo el Gobierno para el próximo año.

Para intentar voltear este panorama, el Ejecutivo, en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del jefe de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó esta semana sus últimas cartas para impedir que una decisión del Legislativo apriete aún más su caja menor y ponga en riesgo el propósito de Petro de llevar más recursos a las regiones.

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El ministro Bonilla, acompañado por el director de la Dian, Orlando Villabona, citó este lunes a los ponentes de la iniciativa a su oficina e intentó consensuar aspectos espinosos del articulado como la tarifa fija de renta corporativa, el ajuste del IVA para vehículos híbridos y, entre otros, la sobretasa permanente al carbón.

En el encuentro, sin embargo, volvieron a salir a flote las diferencias entre oficialismo y oposición que han trabado el trámite en los últimos dos meses. Aunque el jefe de la cartera se mostró dispuesto a ceder, se encontró con una serie de peticiones que, en el mejor de los casos, lo dejarían con un texto que lograría entre los $5 y $6 billones adicionales, una suma insuficiente para cubrir el faltante de $12 billones en el presupuesto.

Desde el despacho de Bonilla aseguraron que, en el mejor de los casos, el primer debate debería surtirse la próxima semana, para que el segundo y definitivo se lleve a cabo antes del 16 de diciembre, cuando los congresistas saldrán al receso de fin de año. Aún así, Bonilla y Cristo ya tienen previsto un muy probable llamado a sesiones extraordinarias con el objetivo central de sacar a flote el proyecto.

Precisamente, desde la esquina de Cristo desplegaron varias estrategias más. El ministro, otros de sus colegas y la bancada del Pacto Histórico empezaron a difundir versiones según las cuales sin ley de financiamiento no se podría asumir la deuda de los estratos 1, 2 y 3 en temas de energía o incluso que no habría recursos para los nuevos créditos del Icetex.

“Hacemos un llamado a las fuerzas políticas que conforman el Congreso para que se dé la aprobación de la ley de financiamiento”, dijo el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien enfrenta una polémica porque al Icetex le falta cerca de $1 billón para abrir la convocatoria de créditos educativos de 2025, lo que afectaría a más de 200.000 jóvenes.

La otra carta del Gobierno es Armando Benedetti, que el lunes anunció su renuncia a la embajada de la FAO y su llegada a la Casa de Nariño como asesor presidencial para la relación con el Congreso. Este mismo martes el también exsenador llegó al Capitolio y se reunió con varios congresistas afines al oficialismo, de quienes necesita los votos para la ley de financiamiento, la reforma a la salud, la laboral, los cambios al SGP, entre otras iniciativas.

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Las acciones del Ejecutivo han desatado la molestia de expertos del sector y opositores. “El Mineducación chantajeando al Congreso diciendo que si no aprueban la ley de financiamiento no habrá plata para el Icetex. Ministro, como se nota la inexperiencia, el artículo 350 de la Constitución Política es tajante. Ese gasto se debe priorizar y por lo tanto no puede condicionarse a nada”, dijo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.

“El gobierno de Petro está coaccionando al Congreso para aprobar una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento, que afectará gravemente el bolsillo de los colombianos. Tras despilfarrar recursos públicos, ahora amenaza con dejar a más de 260.000 estudiantes sin créditos de Icetex si no se aprueba esta ley. Esto es un chantaje”, opinó el senador liberal Mauricio Gómez Amín, integrante de la Comisión Tercera.

Y es que el tema de la baja ejecución presupuestal de varias entidades es uno de los lunares de la administración a los que la oposición le pasa factura para oponerse al proyecto. “No condonó las deudas del Icetex, como prometió. No pagó los subsidios de gas a los hogares de estrato 1 y 2. No pagó los subsidios a los recibos de luz de los hogares 1, 2 y 3. Tiene una pésima ejecución presupuestal; entonces ¿en dónde está la plata de los colombianos?”, cuestionó el senador David Luna, de Cambio Radical.

En las comisiones económicas de cada cámara hay fuertes figuras de oposición que han intentado armar un bloque contra la ley de financiamiento. Uno de los escenarios más complejos para el Gobierno es la Comisión Tercera del Senado, donde el veterano conservador Efraín Cepeda lleva la voz cantante, tal como lo hace en la dirección de la plenaria.

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El presidente Petro lo ha señalado de dar la “orden” de no dialogar y de “poner por encima el chantaje sobre el gobierno que los intereses de la estabilidad económica de la patria”. Cepeda le respondió que él solo tiene la facultad de permitir las sesiones conjuntas de las comisiones y que, de hecho, ya lo hizo. Pero también ha dicho que “los colombianos no le hubieran perdonado al Congreso la desfachatez de aprobar una reforma a ciegas y más una que implica un nuevo incremento de impuestos”.

Junto a él, en la tercera del Senado hay otros nombres como los de Miguel Uribe (Centro Democrático), y los liberales Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez. Cercanos al Gobierno están figuras como Clara López (Pacto Histórico), Jairo Castellanos (ASI) y Carolina Espitia (Alianza Verde). En total son 15 legisladores, de los cuales siete son férreos críticos de la agenda de Petro, cuatro en la orilla contraria y otros cuatro, liberales y de La U, que podrían inclinar la balanza en cualquier sentido.

En la Comisión Cuarta, su presidenta, la senadora Angélica Lozano, también es crítica de las apuestas económicas del Ejecutivo, entre las que también está la reforma al Sistema General de Participaciones. También con 15 integrantes, tiene a dos muy leales al petrismo, cinco opositores, pero ocho independientes que votan de diferentes maneras, pero usualmente terminan completando los votos que necesita el oficialismo.

En las comisiones de Cámara el panorama es radicalmente opuesto, pues como lo ha demostrado el ministro Cristo, se trata de una corporación con mayorías inclinadas a la agenda de Petro. Aún así, como ya se indicó, solo se necesita que una de las comisiones diga no para que todo el proyecto termine archivado. En un escenario como ese, a más tardar el próximo 2 de enero el ministro Bonilla tendría que emitir un nuevo decreto de recorte que, sin duda, dejaría a Petro y sus ministros sin caja para un año clave en su apuesta de mantener al progresismo en el poder.

Y aunque no está en las comisiones económicas, cabe anotar que la propuesta de cambios al SGP le abre nuevos frentes al presidente Petro, pues aunque el proyecto ha superado siete de sus ocho debates y la próxima semana encarará el definitivo, se mantienen los cuestionamientos de expertos y algunos congresistas que advierten riesgos fiscales y macroeconómicos. Desde el Ministerio del Interior le dijeron a este diario que en la última discusión se incluirán medidas para mitigar los riesgos y que, en cualquier caso, la reforma está sujeta a una ley de competencias.

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