“Profunda preocupación”: Colombia y Brasil rechazan orden de captura contra González

Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron este martes su “profunda preocupación” por la reciente orden de detención emitida este lunes, 2 de septiembre, contra Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición venezolana, quien reclama la victoria tras las votaciones del 28 de julio. La Fiscalía pidió su aprehensión por delitos relacionados con “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”, entre otros presuntos crímenes asociados con los reclamos de fraude, un mes después de los comicios y luego de saber que las instituciones chavistas, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, informaron de la reelección de Nicolás Maduro.

“Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que el Gobierno y la oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia”, se lee en el comunicado conjunto. Los gobiernos de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva agregaron que la decisión “también dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo, entre las principales fuerzas políticas venezolanas”.

Este martes también se supo de la intención de los jefes de Estado de Colombia, Brasil y México, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de proponerle una reunión a su homólogo venezolano. Petro, Lula y AMLO han estado en contacto, al igual que sus cancilleres, a raíz de la preocupación generada por la orden de captura del opositor, quien, por el momento, en medio de su clandestinidad, no está buscando ningún tipo de asilo.

Apenas hace unos días, el mandatario brasileño, en una entrevista con una emisora local, dijo que “no hay pruebas que demuestren” que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones del 28 de julio, así como tampoco reconoció el triunfo que reclaman González Urrutia y María Corina Machado: “No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo: la oposición dice que ganó, él dice que ganó, pero no tiene pruebas. Entonces, las exigimos”.

El mandatario destacó que Maduro “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo” y reiteró sus propuestas para la salida de la crisis política: la formación de un gobierno de coalición, con miembros del oficialismo y la oposición, o la convocatoria a nuevas elecciones. Esta última postura, sin embargo, ha sido rechazada por ambos lados de la política de Caracas, así como por otras organizaciones, como Human Rights Watch, que aseguró que eso sería una “burla” y una situación problemática, dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos opositores se vieron obligados a superar para participar en los comicios del mes pasado.

Por su parte, el jefe de Estado colombiano ha pedido que se entreguen las actas por mesa de votación, pues eso daría transparencia al proceso electoral en el vecino país, pero a la par ha recibido varias presiones para que tome una posición de rechazo hacia los resultados de las elecciones. De hecho, algunos lo han acusado de ser “cómplice” del régimen de Maduro y de su plan para mantenerse en el poder. Congresistas de oposición han pedido que el Ejecutivo no se asocie con la administración venezolana. Entretanto, el canciller Luis Gilberto Murillo, en el marco de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se llevó a cabo la semana pasada en la Casa de Nariño, reiteró que “Colombia se mantiene como un país que tiende puentes. Las puertas no se han cerrado y el país está llamado a jugar un papel muy importante”.

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Los gobiernos de Brasil y Colombia manifestaron este martes su “profunda preocupación” por la reciente orden de detención emitida este lunes, 2 de septiembre, contra Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición venezolana, quien reclama la victoria tras las votaciones del 28 de julio. La Fiscalía pidió su aprehensión por delitos relacionados con “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”, entre otros presuntos crímenes asociados con los reclamos de fraude, un mes después de los comicios y luego de saber que las instituciones chavistas, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, informaron de la reelección de Nicolás Maduro.

“Esta medida judicial afecta gravemente los compromisos asumidos por el Gobierno venezolano bajo los Acuerdos de Barbados, en los que el Gobierno y la oposición reafirmaron su compromiso de fortalecer la democracia y promover una cultura de tolerancia y convivencia”, se lee en el comunicado conjunto. Los gobiernos de Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva agregaron que la decisión “también dificulta encontrar una solución pacífica, basada en el diálogo, entre las principales fuerzas políticas venezolanas”.

Este martes también se supo de la intención de los jefes de Estado de Colombia, Brasil y México, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de proponerle una reunión a su homólogo venezolano. Petro, Lula y AMLO han estado en contacto, al igual que sus cancilleres, a raíz de la preocupación generada por la orden de captura del opositor, quien, por el momento, en medio de su clandestinidad, no está buscando ningún tipo de asilo.

Apenas hace unos días, el mandatario brasileño, en una entrevista con una emisora local, dijo que “no hay pruebas que demuestren” que Nicolás Maduro haya ganado las elecciones del 28 de julio, así como tampoco reconoció el triunfo que reclaman González Urrutia y María Corina Machado: “No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay algo: la oposición dice que ganó, él dice que ganó, pero no tiene pruebas. Entonces, las exigimos”.

El mandatario destacó que Maduro “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo” y reiteró sus propuestas para la salida de la crisis política: la formación de un gobierno de coalición, con miembros del oficialismo y la oposición, o la convocatoria a nuevas elecciones. Esta última postura, sin embargo, ha sido rechazada por ambos lados de la política de Caracas, así como por otras organizaciones, como Human Rights Watch, que aseguró que eso sería una “burla” y una situación problemática, dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos opositores se vieron obligados a superar para participar en los comicios del mes pasado.

Por su parte, el jefe de Estado colombiano ha pedido que se entreguen las actas por mesa de votación, pues eso daría transparencia al proceso electoral en el vecino país, pero a la par ha recibido varias presiones para que tome una posición de rechazo hacia los resultados de las elecciones. De hecho, algunos lo han acusado de ser “cómplice” del régimen de Maduro y de su plan para mantenerse en el poder. Congresistas de oposición han pedido que el Ejecutivo no se asocie con la administración venezolana. Entretanto, el canciller Luis Gilberto Murillo, en el marco de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que se llevó a cabo la semana pasada en la Casa de Nariño, reiteró que “Colombia se mantiene como un país que tiende puentes. Las puertas no se han cerrado y el país está llamado a jugar un papel muy importante”.

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