Este es el rastro de la millonaria ‘rosca’ empresarial que se afianzó con Petro

Cinco poderosos empresarios unidos entre sí por el acceso privilegiado que tienen al entorno del presidente Gustavo Petro, pero también por algunas sociedades en común –varias en sectores puntuales como los de la energía, el transporte y la construcción–, aparecen relacionados en múltiples negocios con el Estado.

Cinco poderosos empresarios unidos entre sí por el acceso privilegiado que tienen al entorno del presidente Gustavo Petro, pero también por algunas sociedades en común –varias en sectores puntuales como los de la energía, el transporte y la construcción–, aparecen relacionados en múltiples negocios con el Estado.

Así lo evidenció un rastreo de El Espectador a compañías, patrimonios, contratos y pendientes con la justicia, el cual sacó a la luz una red que muestra una llamativa connivencia entre poder político y económico. Salvando las diferencias, si se tratara de un solo grupo, sería uno que en los últimos dos años ha movido una cifra cercana a $1 billón solo en contratación pública.

Varios de los protagonistas de esta historia hacen parte del círculo social del jefe de Estado, algunos están relacionados directa o indirectamente con la financiación y estrategia de sus campañas y otros aterrizaron en su proyecto político hace un par de años, encajando milimétricamente luego de haber tenido influencias en al menos los dos gobiernos anteriores.

Los compadres de Petro y Verónica Alcocer

Los nombres de Danilo Romero Gómez e Íngrid Carolina Plata no le dicen mucho a la opinión pública; sin embargo, son dos de las personas que mejor conocen los pormenores de la Casa de Nariño y sus inquilinos. Él es amigo del mandatario hace más de 20 años; le vendió un apartamento de $510 millones en 2006, aportó para su campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2011 y, en 2022, tras la victoria presidencial, lo llevó junto a su familia a Florencia (Italia).

Ella, por su parte, asegura que Verónica Alcocer, la primera dama, es su “hermana del alma” y en lo que va corrido de este Gobierno suma contratos en Palacio por unos $552 millones, para apoyar el manejo logístico de las casas presidenciales. Como lo contó este diario en su momento, el puesto únicamente le exigía ser bachiller y tener 10 años de experiencia en temas administrativos, los cuales certificó en empresas de su familia (Carbones de Toledo, Supra Assets y Rumbos). Además, ha viajado al menos dos veces al exterior junto a la primera dama.

La pareja ha estado en momentos exclusivos de Petro y Alcocer, como la celebración por la victoria de la segunda vuelta, en la vivienda del mandatario, y el cóctel privado en la Casa de Nariño tras la posesión del 7 de agosto de 2022, al que asistieron cerca de 100 invitados, entre familiares, amigos y aliados políticos del jefe de Estado, así como otros de los empresarios mencionados en esta historia.

Las conexiones de ambos con el Gobierno no se limitan a Petro. Danilo Romero, quien es empresario santandereano del sector minero energético, con un énfasis particular en las comercializadoras de energía eléctrica, también es cercano a Ricardo Roa, gerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol. Cabe recordar que Roa fue director del gremio que reúne a las empresas de servicios públicos (Andesco) y que también gerenció la Electrificadora Santander (ESSA), esto entre 2003 y 2009.

Fuentes de ese sector llamaron la atención sobre las relaciones comerciales que llegó a tener ESSA, bajo la batuta de Roa, con una de las empresas vinculadas a Romero: Comercializadora del Café. En esa firma, uno de los socios era Fernando Gómez Franco, a quien Petro llegó a designar como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) cuando era alcalde de la capital, pero no se posesionó por el evidente conflicto de interés y porque se conocieron varias publicaciones ofensivas en sus redes sociales.

En 2011, la Superintendencia delegada para Energía y Gas alertó que la Comercializadora del Café pasó de facturar, aparentemente sin explicación, cerca de $120 millones en 2008 a más de $45 mil millones en 2010. En 2014, cuando Roa tomó las riendas de EEB, también durante la alcaldía de Petro, Comercializadora del Café volvió a aparecer en el panorama y reportó ingresos por cerca de $170 mil millones.

Romero Gómez aparece vinculado a una decena de empresas relacionadas con la comercialización de energía, títulos de carbón, inversiones inmobiliarias y transporte. Según la Agencia Nacional de Minería, dos empresas en las que ha estado vinculado, Carbones de Toledo –una de las que certificó la experiencia de su esposa– y Carbones del Oriente, tienen siete títulos activos y renovados continuamente desde hace 17 años (2007), en Norte de Santander y Boyacá.

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En cuanto a la energía eléctrica, está relacionado con Americana de Energía, Genersys y la mencionada Comercializadora del Café, tres firmas que tienen otro punto en común: estar registradas en Villapinzón (Cundinamarca), el mismo municipio en el que están dos de las empresas protagonistas de la polémica por presunta contratación irregular de hasta $1 billón con la Hidroeléctrica Urrá (según W Radio). Una de esas firmas es Generarco, del empresario Mauricio Sanguino Kuri, quien fue, precisamente, socio de Danilo Romero.

En el sector turismo, Romero y algunos de sus familiares están en la empresa Rumbos Limitada, que registra cerca de $230 millones en contratos desde el 2011 con entidades nacionales y regionales de Santander, pero que además aparece mencionada en la trama de la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial del 2022, ya que al Consejo Nacional Electoral (CNE) –que tiene previsto retomar ese caso desde este lunes y lleva varias semanas siendo duramente criticado por Petro debido a ese proceso– llegó una factura a su nombre por la compra de tiquetes aéreos por el valor de $8 millones. La defensa de Petro logró eliminarla del expediente al argumentar que se trató de gastos hechos antes de la inscripción oficial del ahora mandatario a la contienda presidencial.

A esto se suma que Rumbos, en 2013, también obtuvo un contrato de $1.100 millones para suministrar tiquetes nacionales e internacionales a la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa del Grupo de Energía de Bogotá que, para entonces, también estaba presidida por Roa.

La influencia de esta pareja se extiende aún más e incluso se intensifica en los temas de turismo y negocios internacionales. Carolina Plata es hermana de Martha Janeth Plata Navas, quien también ha aportado a las campañas de Petro y está casada con el exviceministro de Turismo Óscar Rueda García, hoy director de turismo sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Estos últimos son los padres de Óscar Felipe Rueda Plata, quien en 2023 fue elegido agregado comercial de Colombia en China y hoy es director de la oficina comercial de Procolombia en ese mismo país. En este punto cabe resaltar que Procolombia es una de esas entidades en las que la primera dama ha extendido su poder, pues está encabezada por otra de sus amigas: Carmen Caballero.

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Antes de ocupar esos cargos en el Gobierno, Óscar Felipe fue director comercial y asesor de dos compañías gigantes de China con amplios intereses en Colombia: Powerchina y China Railway, con varios contratos estatales e involucradas en la construcción de parques solares, hospitales y, entro otros frentes, líneas de metro.

Por otra parte, Camilo Andrés Rueda Plata, hermano de Óscar Felipe, firmó en marzo del año pasado un contrato de $97 millones con la Superintendencia de Notariado y Registro. Además, María Lucinda Vargas, una mujer que aparece en los registros de Inversiones Namasté, otra empresa de Danilo Romero y Carolina Plata –que de hecho es una de las firmas que aportó a la campaña de Petro en 2011–, ingresó en 2023 a trabajar junto a ella en la Casa de Nariño, con un contrato de $48 millones.

Fuentes políticas y diplomáticas aseguraron que Romero tiene ahora intereses empresariales en Venezuela y que eso lo ha acercado aún más a la primera dama y a los catalanes amigos de la familia presidencial, Xavier Vendrell y Manuel Grau. En diálogo con este diario, Romero dijo que “no hablo de mis negocios personales ni mis inversiones. Son de interés particular”. Agregó que Verónica Alcocer es amiga de su casa, que él es el padrino de su hija Antonella y que a los catalanes los ha tratado en el contexto de las campañas de Petro, pero nunca más allá del “saludo” y los temas sociales.

Frente a los otros temas, dijo que no recuerda los negocios de Comercializadora del Café con Essa, que no conocía a Roa antes de la campaña y que ya no está en el sector energético. Y sobre la relación de Rumbos y TGI, aseguró que junto a su familia le prestó servicios a ésta última desde sus inicios, pero que cuando Petro llegó a la Alcaldía decidieron no participar en licitaciones con la firma e incluso rechazaron un contrato.

La familia tiene una ficha más que, lejos de cerrar esta malla de poder, la amplía. Se trata de Ambrosio Plata, hermano de la amiga de Alcocer y por ende cuñado de Danilo Romero. Ambos están relacionados con Inverza, una empresa de transporte registrada en Santa Marta.

Plata, por su parte, es socio de un controvertido empresario que tiene varios hilos que lo unen a Petro, Orlando Cabeza Peñaranda, poderoso contratista del sector de la aviación en Colombia. Cabeza comparte –según La Silla Vacía– inversiones con Plata en las empresas King Canna y Palmas San Jorge, es amigo desde hace varios años de Romero y, por esa vía, ha tenido cercanía con Ricardo Roa, nombre que será clave a lo largo de esta historia.

Orlando Cabeza: pasado y presente con Petro

El hilo entre Torres y Cabeza, también amigos desde hace varios años, conduce a Helistar, una empresa de transporte aéreo no regular que hace parte de las 1.000 compañías más grandes del país, con cerca de $484 mil millones en ingresos operacionales en 2023. Con una flota de decenas de helicópteros y aviones, varios de estos de lujo, se ha ganado, en las últimas dos décadas, millonarios contratos con el Ejército, la Unidad de Gestión del Riesgo, la Agencia de Renovación del Territorio, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y, entre otros, Ecopetrol.

La firma acaba de quedarse, junto a Helicol, con el servicio de transporte en helicóptero para la petrolera estatal durante los próximos cinco años, luego de una ruidosa licitación de $580 mil millones. Los cuestionamientos a este proceso se dieron por cuenta de una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que habló de una presunta restricción a la competencia y de supuestos pliegos sastre para favorecer a Helistar, pues la firma se ha quedado, desde 2011, con todos los contratos de transporte aéreo de la petrolera, los cuales suman $417 mil millones.

Helistar le dijo a este diario que nunca ha ejercido ningún tipo de influencia en esos procesos y que se los ha ganado porque sus ofertas y flota son muy competitivas. Ecopetrol hizo énfasis en que la última licitación contó con el acompañamiento y vigilancia preventiva de la Procuraduría y de la propia SIC.

Durante este Gobierno, específicamente en 2023, Helistar también suscribió dos contratos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entonces en cabeza de Danilo Rueda, por un total de $8.800 millones. El objeto del proceso era garantizar los vuelos de apoyo para las actividades propias de la oficina, punta de lanza de la llamada política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro.

El nombre de Cabeza ya había aparecido en la historia política de Petro. Durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, en medio de la polémica por la importación de camiones recolectores de basura, se conoció que fue Helistar la firma que puso el dinero para garantizar la póliza del contrato. Además, la compra de los vehículos estuvo a cargo de Capital Técnico S.A., también relacionada con Orlando y su hermano, Milton Cabeza Peñaranda.

A esto se suma que otra de las empresas involucradas en la importación de los camiones fue Internacional de Tanques, gerenciada por Segundo Abril, suegro de Orlando Cabeza. Además, la compañía que firmó el contrato oficial con Aguas de Bogotá fue la Unión Temporal Aseo Districapital, en su momento representada por Diego Andrés Galvis, quien hoy, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), es el gerente de Star Aviation, una de las propietarias de Helistar.

En los últimos meses, los hermanos Cabeza se han visto envueltos en otras controversias. Orlando, según una investigación de Univisión y La Silla Vacía, apareció mencionado en un informe de 1996 de la inteligencia de la Policía que lo describe como un “piloto encargado de transportar estupefacientes hacia diferentes lugares del país y el exterior”, al parecer al servicio del narco Nelson Urrego Cárdenas. El empresario negó los señalamientos y aclaró que nunca ha sido investigado por ese delito.

En cuanto a su hermano, Milton, este diario contó en junio que, según un informe de la Aeronáutica Civil, era el piloto que manejaba la avioneta que en octubre de 2022 se salió de la pista del Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, dejando tres personas heridas y un niño de tres años muerto.

Por último, Helistar también apareció en los registros de 13 vuelos privados que entre enero y mayo de 2023 realizó de Barranquilla a Caracas Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela. Lo llamativo del caso es que un vuelo de ese tipo puede costar más de $100 millones y, según le dijo Benedetti al periodista Daniel Coronell, los viajes fueron subsidiados por “amigos en Barranquilla”. El ahora representante de Colombia ante la FAO, es precisamente, el puente para el tercer empresario de la red, Euclides Torres.

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Así son las movidas del clan Torres

El barranquillero Euclides Torres es, de acuerdo con quienes lo conocen en la región Caribe, la muestra perfecta de la mezcla entre negocios y política. Aunque lleva casi tres décadas construyendo su emporio empresarial, solo hasta hace dos años terminó bajo los reflectores de todo el país, pues según Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, sería una de las piezas claves de la presunta financiación irregular de la campaña del 2022.

Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque tuvo fichas fuertes en el Congreso, las cuales, de una u otra manera, velaron por sus intereses. Uno de estos eslabones era Armando Benedetti, a quien financió mientras éste hacía fórmula política con integrantes de su familia. Fue precisamente a través de él que Euclides Torres y su clan aterrizaron en el petrismo.

Hoy tiene en el Senado, con el aval del Pacto Histórico, a Pedro Flórez, quien está casado con Karina Llanos, su sobrina, exdiputada por Atlántico y funcionaria de la gobernación de Eduardo Verano. En la Cámara, su ficha es su hermano, el representante del Partido Liberal Dolcey Torres. Incluso, en la Asamblea de su departamento está Camilo Torres Villalba, su sobrino, hijo de Camilo Torres y Martha Villalba, ambos exalcaldes de Puerto Colombia y ella –además– excongresista.

A pesar del escándalo de la campaña, el empresario ha intentado mantener el perfil bajo de sus negocios, al punto que es difícil encontrarlo oficialmente en la mayoría de compañías que hacen parte de su grupo. Sin embargo, al rastrear a sus familiares y personas cercanas es posible advertir una red de hasta 50 sociedades que han contratado miles de millones con el Estado en los últimos años y que no han parado de hacerlo en la administración del presidente Petro.

La mayoría de estas empresas coinciden en sus accionistas, gerentes o representantes legales. Una de las que más llama la atención, por la agitada actividad que ha tenido en los últimos dos años, es Gestión de Seguridad Electrónica (GSE), liderada por un yerno de Euclides Torres: el español Álvaro de Borja Carreras. Desde que Petro ganó en 2022, esta empresa ha firmado al menos 107 contratos con entidades de las tres ramas del poder público, por cerca de $2.614 millones. Eso sí, hay que destacar que la empresa tiene un largo historial de contratación en anteriores administraciones, ya que en los registros estatales aparece con cerca de 600 procesos desde 2017.

GSE le provee certificados de firma digital a docenas de entidades e incluso, según confirmó El Espectador, tiene el permiso de Migración para consultar la información de identificación de los extranjeros en Colombia disponible en las bases de datos de cédulas de extranjería y permisos de permanencia, esto con el fin de validar la información de quienes requieren sus servicios.

Pero el grueso de los negocios de Torres no está en GSE. Su fuerte son las millonarias concesiones de alumbrado público y el manejo de dos sistemas de vigilancia para trámites de tránsito, ambos negocios que se benefician directamente con los pagos de los ciudadanos. En el primer caso, sus empresas han ganado contratos para manejar el servicio hasta por 20 años en Atlántico, Santander y otros departamentos.

Por el otro lado, a través de la mencionada GSE, se encarga de manejar el Sicov-Ceas, un sistema autorizado por la Supertransporte para realizar control y vigilancia a los centros de enseñanza automovilística (CEAs) y a los Centros Integrales de Atención (CIAs). Así mismo, con otra de sus firmas, Digital Training –que también tiene un contrato por $7.300 millones con la Defensoría del Pueblo–, está en la operación del Sicov para los centros de reconocimiento de conductores, en sociedad con la multinacional española Indra.

Al manejar estos dos sistemas, las empresas mencionadas ganan cada vez que, por ejemplo, un colombiano se realiza un examen médico con el objetivo de obtener o renovar su licencia de conducción. Y la ganancia es por partida doble, pues Euclides Torres también tiene en su red varios centros de reconocimiento a nivel nacional, como Simetric. Esta empresa es la misma salpicada en uno de los expedientes contra Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga a él y a Efraín Torres Monsalvo, hijo de Euclides y exrepresentante a la Cámara, por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y enriquecimiento ilícito, porque supuestamente los entonces congresistas habrían hecho maniobras para beneficiar a Simetric en la obtención de un permiso de porte de armas. Ellos siempre se han declarado inocentes en todo momento y han defendido sus acciones públicas y privadas.

Esta maraña de empresas ya estuvo bajo la lupa de las autoridades. La SIC, en 2019, dijo que había mérito suficiente para investigar una posible cartelización en los trámites de tránsito que involucraría a unas 40 empresas relacionadas con Euclides Torres. Al final, la entidad cerró el proceso con el compromiso de los implicados de no mantener un “oligopolio” en dicho sector; sin embargo, las últimas jugadas del clan generan nuevas dudas.

El año pasado, con la presencia de sus fichas en el Congreso, el grupo estuvo a punto de aprobar un ‘mico’ en un proyecto de ley de seguridad vial que les habría significado una facturación extra a las empresas del Sicov. Tras varias alertas de medios de comunicación y veedurías, la iniciativa se hundió en la Cámara de Representantes.

El Espectador pudo constatar que Pedro Flórez y Dolcey Torres han presentado numerosos artículos y proposiciones en proyectos que tocan los negocios de Euclides Torres sin declarar impedimentos. Flórez, por ejemplo, propuso artículos extras para el Plan de Desarrollo de Petro relacionados con la viabilización de proyectos costa afuera de generación de energía o el funcionamiento del Programa de Normalización de Redes Eléctricas. Dolcey Torres hizo lo propio y en el mismo debate presentó propuestas que tocaban, entre otros temas, la reasignación de subsidios de energía eléctrica.

Precisamente, este diario encontró otra llamativa movida legislativa que se conecta con las empresas del barranquillero. También en medio de la discusión de la hoja de ruta del Gobierno, en octubre de 2022, el senador Flórez propuso aumentar la financiación del Fenoge, entidad adscrita al Ministerio de Minas, para “alcanzar la transición energética”. Efectivamente, Fenoge vio multiplicado su presupuesto en esta administración y, casi dos años después de la idea de Flórez, se conoció que empresas de Euclides Torres –de acuerdo con La Silla Vacía– se ganaron millonarios contratos en esa entidad.

Las sociedades en cuestión son ET Progresiva, que tuvo participación en un contrato de $69 mil millones firmado en febrero de 2023, e Iluminación Moderna de Colombia, que se quedó con una tajada de un convenio de $95 mil millones para instalar paneles solares en el Caribe.

El clan que lidera Euclides Torres tiene más lazos en el Gobierno, cercanos en La Previsora, en la Gobernación de Eduardo Verano y hasta una relación directa con quien fue nombrado por el Ejecutivo como gerente de los fallidos Juegos Panamericanos, Rodolfo Bossa, esposo de una de sus hermanas, Mimi Torres.

Antes de cerrar, hay que resaltar una decisión más del Ejecutivo que toca a las empresas de Torres. En enero de 2023, la Supertransporte autorizó la entrada de un nuevo socio a la operación de los Sicov CEA y CRC: Paynet S.A.S, una compañía también ligada al tinglado de los Torres. El tema no es menor, pues hay que recordar que, según el testimonio de Nicolás Petro ante la Fiscalía, la actual superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, sería otra de las cuotas de Euclides Torres en el Gobierno.

El empresario ha rechazado que su familia sea reconocida como un clan político, dijo que no aportó dinero a la campaña de Petro y que solo respaldó algunos asuntos logísticos antes de que éste entrara formalmente en campaña. “Las actividades empresariales que desarrollo son resultado de décadas de trabajo honesto, consagrado e ininterrumpido, por lo cual resulta calumnioso, por decir lo menos, señalar o insinuar que me he lucrado a través de contrataciones irregulares con el Estado”, agregó.

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La influencia catalana

Esta antología de negocios y política la cierran dos extranjeros muy sonados en los últimos meses. Xavier Vendrell Segura, empresario y político independentista catalán, quien llegó a Colombia a mediados de 2011 con intereses en el sector inmobiliario y hotelero. Ese mismo año, un amigo del cual nunca ha querido hablar, le presentó a Gustavo Petro, para entonces alcalde electo de Bogotá. La cita fue un café de poco más de 10 minutos y, según contó muchos años después Vendrell, ese día conectó ideológicamente con el líder de izquierda: “Me enamoré políticamente de Gustavo Petro”.

Trece años después, Vendrell es hoy uno de los hombres más cercanos a Petro; fue el artífice de la organización de los testigos electorales en la campaña del 2022, recibió la nacionalidad de manera exprés, firmó un contrato con una entidad del Ministerio de Trabajo, visita con frecuencia la Casa de Nariño y recorre el país como asesor presidencial y promotor de la reforma agraria de Petro, sin serlo oficialmente. A la par, está en la mira de los medios españoles y colombianos por su pasado político en Barcelona y por su huella en varios negocios con entidades públicas y privadas en Colombia.

En 2018, en una reunión privada que tuvo con Petro en Marsella (Francia), luego de la derrota ante Iván Duque, le dijo al hoy presidente que para ganar necesitaba una mejor organización y, cuatro años después, él mismo se puso al frente de la coordinación de 86.000 testigos electorales. Por esa gestión, el catalán cobró $100 millones; sin embargo, el pago no aparece en los registros de la campaña ante el CNE, según él porque lo hizo otra empresa que sí contrató directamente con la campaña, pero de la cual no ha dicho su nombre invocando un acuerdo de confidencialidad. Para los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) –quienes llevan el expediente administrativo–, esta es una de las irregularidades que amerita formular cargos contra Petro y su equipo del 2022.

Vendrell ha estado relacionado con una decena de empresas en Colombia. Una de estas es Barcelona Export Group, que en 2013, mientras Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, recibió un contrato de $940 millones y adiciones por $315 millones, por cuatro meses, con ETB, para elaborar diseños del cambio de fachada de una oficina de la empresa. Así mismo, la firma es la promotora del proyecto Torre Barcelona, un edificio en el centro de Bogotá que ofrece residencias estudiantiles operadas por otra compañía, Smart Rooms, en la que figura Manuel Grau Pujadas, el otro catalán protagonista de esta historia, amigo de Verónica Alcocer desde hace varios años y también cuestionado por algunos de sus negocios.

Grau, sin ser funcionario ni contratista del Gobierno, ha hecho parte de las comitivas de la primera dama en sus viajes a Italia, para una audiencia con el papa Francisco, y a Venezuela, para el encuentro con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además, es un invitado recurrente en las reuniones sociales de la primera dama; en varias fotografías y videos aparece junto a ella y otras personas cercanas como la mencionada Íngrid Carolina Plata o Adriana Mejía, hoy gerente de Artesanías de Colombia. De hecho, según fuentes del Ministerio de Cultura, tendría gran influencia en esa cartera, donde también está otro de los amigos de la familia Petro-Alcocer: el viceministro Jorge Zorro.

Volviendo a los intereses empresariales, Barcelona Export Group es el punto que conecta a los catalanes con otras firmas que se mueven en diferentes sectores. A través de representantes legales o accionistas, esta empresa está ligada a otras como Business Consulting y Networking Group, Arno Colombia, Ladfi Consulting Latam y Themac Colombia.

Esta última, por ejemplo, es la que estuvo detrás de un contrato en Medellín, durante la alcaldía de Daniel Quintero, para comprar compactadores de basura por casi $200 mil millones. El proceso al final fue reversado tras la llegada de Federico Gutiérrez a principios de este año, en parte porque no lo consideró un buen negocio para la ciudad, pero también por el ruido que generaron los nombres de los catalanes.

Vendrell aseguró que, si bien es cierto que fue uno de los socios fundadores de Themac, no tiene nada que ver con la empresa desde hace siete años. Grau, por su parte, al ser consultado por El Espectador, señaló que no respondería preguntas. “Estoy siendo muy mal tratado por los medios por chismes que nada tienen que ver conmigo”, dijo.

De acuerdo con el medio español ABC, un informe de la Guardia Civil de ese país encontró en un computador de Vendrell que éste tendría negocios públicos y privados por 516 millones de euros en Colombia y que estando cerca de Petro habría “amasado una fortuna”. Él aseguró que todo es falso, que las cuentas eran simples “planes de empresa”, pues los contratos no se llevaron a cabo. Además, aseguró que se trata de una persecución por su postura política y que “el franquismo sigue instalado” en el poder judicial de España.

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Lo cierto es que ambos catalanes mantienen su influencia en el Gobierno. En los últimos meses se la ha visto a Vendrell en la Casa de Nariño organizando reuniones y contactos con varias carteras. Según los registros oficiales, ha entrado a la entidad como “asesor personal” del mandatario en temas de comunicaciones. Aunque no tiene ningún vínculo oficial con el Ejecutivo, dice que trabaja por la reforma agraria y que recibe un sueldo de la Fundación Campo Digno. De acuerdo con él, su trabajo es conectar a empresas nacionales con socios en el extranjero para que logren exportar sus productos.

Si bien es cierto que estas redes de contratación no son irregulares, ya que las firmas han sabido demostrar los requisitos para cada proceso y todos los aquí mencionados han defendido siempre su idoneidad, sí se generan dudas sobre un posible “amiguismo” por la cercanía con el Ejecutivo, práctica que el mismo presidente cuestiona con dureza.

Estos vínculos empresariales y políticos, marcados por la polémica, contrastan con el choque que ha tenido el mandatario con otros actores empresariales, justo cuando intenta sumar fuerzas para un pacto de reactivación del que seguramente dependerán los dos años que le restan en el poder y su objetivo de dejar en la Casa de Nariño a alguien que mantenga su apuesta progresista.

Así se mueven las alianzas que detectó El Espectador:

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