Petrismo y oposición buscan que CIDH valide sus posturas en medio de dura puja política

El Pacto Histórico y el Centro Democrático están enfrascados en una dura disputa para quedarse con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales. Y en las últimas 72 horas, en suelo colombiano, se ha escrito otro capítulo de esa puja.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático están enfrascados en una dura disputa para quedarse con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales. Y en las últimas 72 horas, en suelo colombiano, se ha escrito otro capítulo de esa puja.

En efecto, aprovechando su visita in loco –en territorio– para evaluar la situación de violencia en el país, militantes de ambos partidos políticos acudieron al órgano adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) para exponer por segunda vez sus versiones sobre una supuesta “ruptura institucional”. Incluso, el presidente Gustavo Petro habló de varios escenarios el pasado lunes en la Casa de Nariño con Luis Almagro, secretario general del organismo multilateral, y este viernes recibió a sus delegados con el mismo propósito.

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Pero no fue lo único. Si bien el miércoles y jueves de esta semana, por aparte, los militantes del Pacto Histórico y del Centro Democrático dialogaron con los delegados de la CIDH, en febrero ya habían buscado en Washington a Almagro cuando estaba en ascuas la elección de la ahora fiscal general, Luz Adriana Camargo. Y fue el proceso que resultó en la llegada de Camargo lo que terminó por agravar estos roces en las ramas del poder, pues Petro recriminó a la Corte Suprema las demoras para elegir una nueva cabeza para el ente acusador y volvió a señalar la “ruptura institucional” que seguía después de una presunta persecución política del exfiscal Francisco Barbosa en su contra, lo cual rechazó la oposición y lo calificó de intervención indebida en las funciones de entes constitucionalmente independientes.

Es en ese marco que la visita de la CIDH concluye este viernes, luego de que en la última semana sus representantes tuvieran encuentros con el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, las altas cortes, el Consejo de Estado, mandatarios regionales, con la Comisión Segunda de la Cámara y con la mesa directiva del Congreso; es decir, con Iván Name (Alianza Verde) y María José Pizarro (Pacto Histórico), presidente y vicepresidenta del Senado; y con Andrés Calle (Partido Liberal) y Juan Espinal (Centro Democrático), presidente y vicepresidente de la Cámara.

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“La visita de la CIDH se enmarcó en el tema del cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016. Ese fue el tema central del diálogo”, manifestó Name sobre la reunión en el Congreso y añadió que el organismo solicitó apoyo del Senado para avanzar con su implementación.

Otro de los temas centrales que diversos sectores llevaron a la mesa fue la situación institucional en Colombia. Precisamente, según dijo el presidente del Senado, se comprometieron a “apoyar y respaldar desde la institución del Congreso en la búsqueda de la paz para Colombia”.

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Así, pues, aunque los encuentros programados por la CIDH fueron especialmente para abordar las distintas formas de violencia en el país, así como la situación de los derechos humanos con respecto al cumplimiento del acuerdo de paz con las extintas Farc, también hubo otros espacios con una alta connotación política.

Todo en medio de las tensiones entre el oficialismo y la oposición por la aprobación de las reformas. Esta última –respaldada por otros sectores partidistas y civiles– saldrá a marchar este domingo contra el Gobierno por una supuesta fractura democrática por cuenta de la propuesta del jefe de Estado sobre una posible constituyente y la forma en que promueve sus reformas caídas en el debate legislativo.

De hecho, este 18 de abril el Centro Democrático sostuvo una reunión muy rápida con la CIDH en la que informaron, de acuerdo con lo dicho por el representante Hernán Cadavid, sobre las supuestas “amenazas institucionales en Colombia”

“Nos corresponde a todos impedir la destrucción de las instituciones, la Constitución y la democracia”, dijo.

El encuentro inició a la siete de la mañana y terminó poco antes de las ocho y –de acuerdo con fuentes consultadas– aunque el partido fue insistente en su versión, “de parte de ellos no generaron opiniones, fueron simplemente receptores de información”.

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El encuentro con el partido uribista se realizó solo minutos después de que el expresidente y líder natural del partido, Álvaro Uribe, hablara con medios durante 32 minutos sobre sus conclusiones de otro encuentro que mantuvo con la CIDH. Dijo que en su cita expuso otra réplica por el llamado a juicio, criticado por algunos de sus seguidores, que identifican la llegada de Camargo a la Fiscalía como el hecho que desencadenó una supuesta persecución judicial a Uribe. En ese marco, el exmandatario denunció una posible ausencia de garantía para el proceso por presunta manipulación de testigos.

“El Centro Democrático es un gran partido y, por mi parte, yo tengo que hacer lo posible para que mi caso no contamine a nuestro partido”, dijo Uribe.

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Este movimiento del uribismo no fue aislado. Justo 24 horas antes de esta cita, el miércoles 17 de abril, nueve congresistas de la bancada del Pacto Histórico se reunieron con los delegados de la CIDH para tocar temas como la violación de derechos humanos en Colombia y lo que consideran una crisis en el sistema democrático.

Solicitada por el representante Alejandro Toro, en la cita también se les dio seguimiento a los temas expuestos hace aproximadamente dos meses en Washington en las instalaciones del organismo multilateral, cuando su colectividad oficialista hizo especial énfasis en lo que consideraron era una persecución tras varias decisiones disciplinarias de la Procuraduría.

Tras el encuentro –que duró un poco más de media hora–, el representante Toro aseguró: “Hemos denunciado la persecución de la Procuraduría y algunas cortes a personas que pueden ser candidatos a la presidencia”. El documento que recibió la CIDH por parte del petrismo se refirió específicamente a los casos de Daniel Quintero, Carlos Caicedo y Camilo Romero. “Se ha utilizado la Procuraduría con fines políticos”, concluyó el legislador.

Y, en otro escenario, se desarrolló una mesa de trabajo entre la CIDH y el equipo del gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, militante del partido Fuerza Ciudadana que, precisamente, hace poco perdió su personería jurídica por decisión del Consejo de Estado.

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Martínez, ante el comisionado Edgar Stuardo Ralón y su delegación, habló de los casos del exgobernador Carlos Caicedo –su jefe político y líder de Fuerza Ciudadana– y del excandidato Jorge Agudelo y la supuesta violación a sus derechos políticos.

Estas tres citas, desarrolladas a lo largo de la semana, evidencian cómo desde la oposición y el petrismo buscan potenciar su relato de presunta persecución política para lograr respaldo internacional en momentos en que ambos bandos anticiparon la campaña presidencial del 2026. Sobre la coyuntura sobrevuelan fantasmas de constituyentes, una posible desinstitucionalización y un inquilino en la Casa de Nariño con sus ojos puestos en buscar caminos para, como él mismo lo ha admitido, dejar un sucesor de su corriente en el poder.

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